La empresa de seguridad privada Business Track (BTR), formada por ex oficiales navales expertos en contrainteligencia, espiaba en Perú a ong’s, ecologistas, movimientos populares y de oposición. Su propietario, Manuel Ponce, declara haber espiado para varios ministros y para el mismo presidente Alan García, a quien trató de convencer de que había un plan para […]
La empresa de seguridad privada Business Track (BTR), formada por ex oficiales navales expertos en contrainteligencia, espiaba en Perú a ong’s, ecologistas, movimientos populares y de oposición. Su propietario, Manuel Ponce, declara haber espiado para varios ministros y para el mismo presidente Alan García, a quien trató de convencer de que había un plan para derribarlo, financiado por el presidente Chávez a través de las «Casas del ALBA».
Cuando en enero las autoridades detuvieron a directivos y empleados de BTR, acusados de dedicarse por encargo a escuchar conversaciones telefónicas, hallaron en poder de los implicados informes sobre políticos, organizaciones de izquierda y agrupaciones críticas del gobierno.
Los detenidos también guardaban archivos con grabaciones telefónicas, correos electrónicos interceptados y filmaciones de seguimientos, informaron las fuentes consultadas, que tienen acceso a la documentación incautada.
De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía y la policía, el propietario de BTR, Manuel Ponce, un capitán de navío retirado, entregaba la información obtenida por el personal de su empresa, agentes de inteligencia activos y retirados de la marina de guerra, a altos funcionarios del gobierno.
La actividad «fachada» de BTR eran los servicios de contraespionaje o de seguridad de la información, como limpieza de líneas telefónicas y sistemas informáticos, desmontaje de micrófonos inalámbricos y neutralización de intrusión de correos electrónicos.
En la página web de BTR –ahora fuera de servicio por la intervención de las autoridades–, figuraba una cartera de clientes conformada por empresas petroleras, mineras y gasíferas y firmas de seguridad privada, como Forza y Orus.
Estas dos empresas son contratistas de compañías mineras que han protagonizado conflictos con comunidades locales. Las dos dijeron desconocer las actividades ilícitas de BTR y haberle solicitado sólo servicios de «seguridad de la información».
Forza ha trabajado para la corporación Newmont, que explota el yacimiento aurífero de Yanacocha, en la región norteña de Cajamarca, epicentro de numerosos incidentes con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y movimientos populares.
La empresa minera Majaz, que fue propiedad de la británica Monterrico Metals y luego de la china Xiamen Zijin Tongguan Development Consortium, también recurrió a los servicios de Forza en los yacimientos de cobre y molibdeno de Río Blanco, en la provincia andina de Huancabamba, norte del país.
En enero, la Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) publicó fotografías entregadas por una fuente anónima que registran el tratamiento brutal de la policía y de personal de Forza a campesinos que protestaban pacíficamente contra la empresa en 2005.
En las imágenes se ve a los campesinos con los ojos vendados o las cabezas cubiertas con bolsas negras y las manos atadas a la espalda. En ese episodio hubo capturas y torturas cometidas por policías y agentes de Forza, según la denuncia de Fedepaz. La compañía no ha desmentido la acusación.
Legisladores opositores anunciaron que investigarán la participación de Forza en la represión a campesinos.
La firma Orus tiene entre sus clientes a las mineras y metalúrgicas Miski Mayo, Doe Run Perú, Oro Candente, Buenaventura y BHP Billiton Tintaya.
Poblaciones aledañas a los yacimientos que explotan estas compañías han protestado contra esas actividades por no haber sido consultadas previamente sobre ellas, como establecen las normas, o por daños ambientales causados por la extracción o exploración de minerales.
La documentación capturada en BTR fue entregada por el fiscal Walter Milla a la jueza Ana María Martínez, quien se encarga del caso.
Martínez debe determinar quiénes eran los clientes de Ponce que pagaban por información obtenida ilegalmente, dijeron a IPS fuentes del despacho de la magistrada.
El vicepresidente primero Luis Giampietri reconoció que BTR le había entregado datos por intermedio de una de sus funcionarias, actualmente en prisión.
«Recibí una información de inteligencia, a principios de mi función (en julio de 2006), en la cual se hablaba de las casas del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y de los grupos bolivarianos», dijo Giampietri al diario Expreso el 13 de enero.
La prensa reveló que entre julio de 2006 y julio de 2007, cuando se desempeñaba como presidenta del Congreso legislativo, la legisladora Mercedes Cabanillas, del gobernante Partido Aprista Peruano, contrató a BTR para una supuesta «limpieza electrónica» de su despacho.
Cabanillas admitió que conocía y era amiga de Ponce y que éste le «alcanzó y trató información conmigo respecto a las actividades de grupos antisistema».
Para la jerga del espionaje militar, los «grupos antisistema» son las organizaciones que fomentan protestas contra violaciones de derechos fundamentales o contra actividades extractivas que causan contaminación, dijeron fuentes policiales y militares consultadas por IPS.
El mismo material –filmaciones, datos sobre movimientos migratorios, correos electrónicos interceptados, y seguimientos a «grupos antisistema»–, llegó a manos de Giampietri, al comando de las Fuerzas Armadas y al ahora ministro de Defensa, ántero Flores Aráoz.
Con esos informes, Ponce intentó convencer a las autoridades de la existencia de un plan para crear el caos y derribarlas, con presunto financiamiento del gobierno del presidente Hugo Chávez, por intermedio de la Coordinadora Continental Bolivariana, una plataforma de agrupaciones de izquierda.
El supuesto plan incluía el renacer de la extinguida guerrilla Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). BTR había espiado a algunos de sus antiguos integrantes.
BTR filtró la información a los medios de comunicación, advirtiendo de presuntas acciones violentas para boicotear reuniones internacionales que se celebraron en Perú el año pasado, como la cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea y la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Ninguno de esos pronósticos se probó cierto.
«Soy amigo de Giampietri, como de todo el mundo, y también me refiero al presidente (Alan) García. Los he servido a todos con información que requerían. Si tenía algo que les interesaba, se los hacía llegar. Les informaba, y gratis. Todos me han consultado, hasta el presidente García», dijo Ponce en una entrevista que concedió en la cárcel al diario limeño La República, publicada el 8 de este mes.
Además de los cargos por estas actividades, Ponce estaba procesado por violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas cuando revistaba en la Dirección de Inteligencia Naval, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).