La Campaña por la Abolición de la deuda externa «¿Quién debe a Quién?» denuncia que la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa que está pendiente de aprobación en el Parlamento español no recoge las demandas de la sociedad civil y puede suponer un paso atrás en la lucha contra la pobreza. El 23 […]
La Campaña por la Abolición de la deuda externa «¿Quién debe a Quién?» denuncia que la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa que está pendiente de aprobación en el Parlamento español no recoge las demandas de la sociedad civil y puede suponer un paso atrás en la lucha contra la pobreza.
El 23 de abril de 2004, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presentó en el Parlamento español una Propuesta de ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, que un año más tarde fue admitida a trámite en el parlamento por todos los partidos. Desde entonces, los diferentes partidos políticos han realizado 43 enmiendas a esta Propuesta inicial que, a pesar de que no cumplía todas las expectativas de la sociedad civil, sí recogía algunas propuestas interesantes [i] .
Sin embargo, es preocupante la dirección que está tomando dicha ley a raíz de las enmiendas presentadas, especialmente por el partido en el gobierno, el PSOE. La concepción excesivamente economicista de las enmiendas presentadas por el grupo socialista, que defienden entre otras cosas [ii] que tan sólo será necesario actuar en países sobre-endeudados que previamente hayan cumplido con determinadas políticas económicas de corte neoliberal (cómo las fijadas por el FMI), destruye el espíritu más social que se desprendía de la proposición de Ley inicial. En este sentido, la ley que pretende aprobar este gobierno demuestra que no hay voluntad política para acabar con la Deuda Externa, injusta e ilegítima, de los Pueblos del Sur.
Desde la campaña «¿Quién debe a Quién?», formada por cerca de 50 organizaciones y redes sociales del Estado español [iii] , hemos iniciado una serie de acciones informativas, de presión política y de denuncia, incluido un envío masivo de correos electrónicos de ciudadanos y ciudadanas a los miembros del Congreso de los Diputados, para evidenciar las carencias de la ley y para hacer llegar nuevamente nuestras demandas a los representantes políticos que tienen el poder de decidir sobre la misma.
Queremos dejar claro que la aprobación de la ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa en los términos que pretende el gobierno español, puede llegar a suponer un paso atrás en la búsqueda de soluciones para el problema del endeudamiento de los países del sur. Para que esto no sea así, la ley debería recoger las siguientes demandas:
1. Que dicha Ley promueva la total transparencia de información sobre el origen de la deuda, los beneficiarios de los créditos otorgados, los impactos que éstos conllevan para los pueblos del Sur y su entorno, así como los responsables directos de dichos impactos. En este sentido, es imprescindible que se lleven a cabo auditorías de deuda, participadas con la sociedad civil, para todos los países endeudados con la Administración española, a fin de conocer en qué grado la deuda con el Estado español es legítima. Este proceso requeriría una moratoria del cobro de la deuda, la cancelación inmediata de las deudas ilegítimas y el enjuiciamiento de sus responsables, tal y cómo dicta la Sentencia del Tribunal Internacional de Opinión sobre deuda externa, celebrado en Madrid el pasado 22 de octubre de 2005, y cómo reclama el documento adjunto de la campaña ¿Quién debe a quién?
2. Que dicha Ley prevea la eliminación, reformulación y/o revisión de los mecanismos generadores de deuda todavía vigentes. Así, es necesario reformular los créditos FAD (contemplando su no contabilización como AOD) y las coberturas realizadas por CESCE, por cuanto continúan creando deuda, sin estudios previos ni control de los impactos ambientales y sociales que conllevan. Una buena oportunidad para ello sería la aceptación a trámite de la Propuesta de Ley de Modificación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para su posterior debate parlamentario.
3. Que dicha Ley contemple la coherencia de políticas, con el objetivo que la gestión de la deuda dependa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
4. Que dicha Ley articule los mecanismos necesarios para asegurar la participación activa de la sociedad civil (tanto la del Estado español como la de los países endeudados) en la definición y seguimiento de la gestión de la deuda externa.
En caso que la Ley de Regulación de Deuda finalmente aprobada no recoja estas reivindicaciones habremos perdido una oportunidad de oro para obtener una solución efectiva al endeudamiento ilegítimo que sufren muchos países del mundo, hipotecando con ello la estabilidad, el desarrollo social, político y económico de sus ciudadanos y ciudadanas.
Para más información, adjuntamos el documento de demandas de la Campaña «¿Quién debe a Quién?» y la Sentencia del Tribunal Internacional de Opinión sobre la Deuda Externa (http://www.quiendebeaquien.org/spip/article.php3?id_article=12&cal_date= )
[i] La propuesta de Ley inicial hacía una crítica a las políticas que hasta ahora se han llevado a cabo en la gestión de la deuda, en cuanto que han hecho inviable en muchos países, especialmente aquellos más empobrecidos, cualquier estrategia de desarrollo. En este sentido, es necesario denunciar que hasta la fecha las cancelaciones de deuda se han condicionado al cumplimiento de determinadas políticas económicas, como son la privatización de determinados servicios públicos y/o a la apertura de sus mercados a la inversión extranjera. Estas políticas han beneficiado mucho más a las inversiones españolas en el extranjero que no a los pueblos más empobrecidos del Sur. Por esto, a la propuesta de Ley se defiende que el Estado español lleve a cabo una política de gestión de la deuda externa que se encuentre plenamente integrada dentro la política d’Ayuda Oficial al Desarrollo, y no dependa de los criterios de los Ministerios de Economía o Comercio.
[ii] El PSOE propone a través de sus enmiendas, entre otras cuestiones:
§ Seguir impulsando conversiones de deuda por inversiones privadas, que no son más que una vía de internacionalizar las empresas españolas, sin importar los impactos ambientales y sociales que ello puede suponer;
§ Negar la corresponsabilidad de los acreedores en el proceso de endeudamiento, al no aceptar la realización de auditorías sobre la deuda;
§ Negar el acceso a toda la información y la participación de la sociedad civil;
§ Seguir con la gestión de la deuda bajo los dictámenes e intereses de los ministerios de Economía y Hacienda y Comercio y Turismo, negando la necesidad de una mayor coordinación y coherencia con los principios de la Ayuda Oficial al Desarrollo;
[iii] La Campaña «¿Quién debe a Quién?» la conforman los siguientes colectivos: Agermanament sense fronteres, ACSUR-Las Segovias, Àgora Nord – Sud, Amigos de la Tierra España, ARA – l’Assemblea Revolucionària d’Artés, Associació de Cooperació per la Pau, Associació Castellví Solidari, Associació per el Desenvolupapment i la Integració Beni Snasen de Catalunya -ADIB-, Attac-Catalunya, Attac-Madrid, Comitè de Suport al MST de Barcelona (Comité de Apoyo al Movimiento Sin Tierra (Brasil) de Barcelona), Consell de la Joventut de Barcelona, Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, Coordinadora d’ONGs de Tarragona, Cristianos de Base de Madrid, Derechos para Tod@s, Dones x Dones, Ecologistas en Acción, Educació Sense Fronteres, Enginyeria sense Fronteres, Entrepobles / Entrepueblos / Entrepobos, Espacio Alternativo, Espacio Horizontal contra la Guerra, Federación Asturiana de ONGs para el Desarrollo, Federació Catalana d’ONGs pel Desenvolupament, IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Intersindical Alternatica de Catalaunya (IAC), IU, Justicia i Paz, Mans Unides (Barcelona), Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, Mon3, Observatori del Deute en la Globalització, Observatori DESC, OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional), ONU Veto NO, Paz con Dignidad, Partit Humanista, Proyecto Cultura y Solidaridad, Red África Europa, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE Madrid, XCADE Barcelona, RCADE Ciudad Real, RCADE Córdoba, RCADE Badajoz, RCADE Vigo, RCADE Cartagena, RCADE Palencia), Rubi Solidari, Servei Civil Internacional- Catalunya, SETEM-Catalunya, Sitges Solidari, Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED), Veterinarios sin Fronteras.