Más de la mitad de la población mundial de 65 años o más, unos 300 millones de personas, están excluidas de los cuidados de larga duración (CLD), ha informado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe publicado este lunes. Esa exclusión se debe a la falta de cobertura social para financiar el cuidado […]
Más de la mitad de la población mundial de 65 años o más, unos 300 millones de personas, están excluidas de los cuidados de larga duración (CLD), ha informado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe publicado este lunes.
Esa exclusión se debe a la falta de cobertura social para financiar el cuidado de los ancianos y a la carencia de personal especializado, afirmó el informe.
El estudio ‘La protección de los CLD para las personas mayores: Un análisis de los déficit de cobertura en 46 países’, abarca el 80% de la población mundial de 65 o más años de edad. «Faltan 13,6 millones de profesionales en este sector a escala mundial», sostuvo el documento.
«La situación se ve agravada por una falta absoluta de cobertura de CLD en la mayoría de los sistemas de seguridad social», sostuvo XeniaScheil-Adlung, Coordinadora de Políticas de Salud de la OIT y autora del estudio.
«Sólo el 5,6% de la población mundial vive en países que ofrecen cobertura universal de los cuidados de larga duración», agregó la experta de la OIT. «Esta situación deplorable se refleja en el nivel muy bajo del gasto público en CLD que, en promedio, equivale menos de un 1 por ciento del PIB a escala mundial», explicó.
«El gasto público más bajo se registra en África, donde la mayoría de los países invierten un 0 por ciento del PIB en CLD», señaló Xenia Scheil-Adlung.
En América Latina, los países con mayor déficit en la cobertura de los cuidados de larga duración son Brasil, Argentina, Colombia y México.
El estudio afirma que «la falta de atención hacia las necesidades de CDL pone de manifiesto la discriminación por razones de género y edad».
El informe menciona «un miedo irracional expresado por la opinión pública dominante, según la cual los CDL no pueden ser financiados públicamente, y no toma en cuenta las ventajas de invertir en los CDL en términos de creación de empleo y de bienestar de la población».
El estudio propone tres medidas principales para cambiar la situación. Se trata de «garantizar la protección universal de los CLD», «financiar a través de los regímenes nacionales de seguridad social o de los impuestos» e incrementar «la fuerza laboral del los CLD», creando así «un gran número de empleos» que se necesita urgentemente.