La brutalidad de la policía en la represión de las protestas que sacuden a India desde diciembre, contra la ola de violaciones en el país, trajo como consecuencia la demanda de una reforma de una fuerza que mantiene características coloniales. La Corte Suprema de Justicia, enojada por los graves excesos contra mujeres manifestantes en Nueva […]
La brutalidad de la policía en la represión de las protestas que sacuden a India desde diciembre, contra la ola de violaciones en el país, trajo como consecuencia la demanda de una reforma de una fuerza que mantiene características coloniales.
La Corte Suprema de Justicia, enojada por los graves excesos contra mujeres manifestantes en Nueva Delhi y en otros estados del norte del país, reclamó en abril información sobre el grado de cumplimiento de las instrucciones que el máximo tribunal dio hace seis años sobre la reforma de la policía.
«Ni un animal haría lo que hacen los oficiales de policía todos los días en diferentes partes del país», señalaron los jueces del alto tribunal, refiriéndose, entre otros casos, a la golpiza sufrida por una mujer de 65 años, cuando participaba en una protesta en la ciudad de Aligarh, en el norteño estado de Uttar Pradesh.
«¿Cómo puede ser que un policía golpee a una señora desarmada?», plantearon los magistrados, al término de una de sus sesiones.
El juez que encabezó la reunión, G. S. Singhvi mencionó el caso de un policía que abofeteó a una joven que participaba en una manifestación el 19 de abril, a las afueras de un hospital de la capital, donde una niña de cinco años recibía atención médica tras ser víctima de una violación.
«La policía puede hacer poco para reducir delitos como la violación, pero se debe juzgar a los oficiales por cómo reaccionan frente a ellos», indicó Jyotiswaroop Pandey, quien dejo el año pasado el cargo de director general de la policía en el norteño estado de Uttarakhand.
Pandey, quien ahora integra la comisión de reforma policial, dijo a IPS que era «inaceptable» que la policía no reaccionara a las denuncias sobre el mal comportamiento de un conductor de autobús el 16 de diciembre de 2012.
Horas después, las fuerzas de seguridad detuvieron al conductor y otros hombres por maltratar y violar en grupo a una pasajera de 23 años.
Los agresores lanzaron del autobús a la víctima y a su compañero en una agitada calle de Nueva Delhi, desnudos y sangrando, donde permanecieron casi una hora sin que nadie se atreviera a intervenir por temor a verse envuelto en un engorroso caso policial.
En medio de las protestas públicas por el hecho, las autoridades trasladaron a la joven a un hospital de Singapur, donde falleció el 29 del mismo mes a causa de sus graves heridas.
En Nueva Delhi, la policía reprimió a los manifestantes que marchaban hacia el parlamento con vehículos lanza agua y golpes de garrote. También realizó detenciones masivas.
Pandey sostuvo que la policía «se olvidó de que su principal objetivo debió ser mantener la paz y el orden, sin recurrir a la fuerza o exacerbar la tensión con su comportamiento, en lugar de usar la empatía para calmar los ánimos».
Además de la brutal represión policial, a los defensores de derechos humanos les preocupa el trato que reciben las víctimas de violación en la comisaría, que comienza por la negativa a registrar la denuncia.
En diciembre, una mujer se suicidó con veneno, tras ser violada por tres hombres en la ciudad de Patiala, en el norteño estado de Punyab. En una nota acusó a la policía de no tomar medidas tras su denuncia y, por el contrario, de intimidarla.
Poco después de la agresión colectiva, la víctima apareció en los canales de televisión relatando su pesadilla, pero eso no conmovió a la policía. El suicidio tampoco bastó y se necesitó de la intervención de un alto tribunal estadual para que las autoridades tomaran medidas contra tres policías e iniciaran un proceso judicial en su contra.
La organización no gubernamental Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) emitió un comunicado el 23 de abril en el que reclamó una reforma de la fuerza policial. También expresó su «gran preocupación por la continua falta de respuesta a las víctimas de violación».
Ni siquiera la nueva legislación, que prevé dos años de cárcel para los funcionarios policiales que se nieguen a registrar una denuncia, parece haber modificado actitudes y comportamientos, según la directora de CHRI, Maja Daruwala.
Una nueva ley, redactada con base a amplias consultas con la sociedad civil, toma en cuenta perspectivas de género actualizadas y comportamientos patriarcales para modificar aspectos del Código Penal, que el régimen colonial introdujo en 1860.
Pero los últimos acontecimientos muestran que la ley, aprobada por el parlamento el 20 de marzo, todavía debe hacer efecto.
«Los cambios legales, impulsados por la violación del 16 de diciembre, no tienen mucho significado si la policía sigue negando la justicia con sus prácticas abusivas», remarcó Daruwala.
La reforma legal, que apunta a juicios más rápidos y castigos más duros contra los violadores, recibió críticas por obviar totalmente el asunto acuciante de modernizar la fuerza policial para orientarla al servicio a la ciudadanía y no a la represión, tal como plantea la Corte Suprema de Justicia.
«Si las directivas señaladas por la Corte Suprema en 2006 se hubieran adoptado e implementado, la fuerza policial habría dejado de ser una fuerza temida y poco fiable y se habría transformado en un servicio esencial para defender la ley», indicó Navaz Kotwal, coordinadora del programa de reforma policía de CHRI.
A raíz de denuncias sobre la gran prepotencia de los agentes en el manejo de las manifestaciones contra las violaciones, el alto tribunal pidió el 6 de marzo a las provincias informes sobre el avance de la reforma policial.
Pero algunas autoridades de la policía son escépticas, como el director general de la fuerza en el norteño estado de Haryana, Vikash Narain Rai.
Para cambiar a la policía se necesita una «reforma judicial, revisar los servicios correccionales y empoderar realmente a la sociedad», opinó.