Las nuevas tecnologías posibilitan la creación de institutos como revocatoria de mandatos y asambleas populares. Recomponer la relación entre sociedad y política. La mirada de Roberto Follari, destacado académico argentino.
Una reforma política profunda debería contemplar el establecimiento de mecanismos de cierta democracia directa, como los son la revocatoria de mandatos y ciertas formas de asambleas populares. Instituciones de semejante naturaleza permitirían que la ciudadanía pudiese actuar en forma eficaz en torno a los grandes temas que hacen a su existencia como tal y al funcionamiento del Estado. Esas y otras consideraciones fueron abordadas, en entrevista con APM, por Roberto Follari, director de Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y docente de grado y postgrado en varios centros de estudios de este país.
– Para entrar en tema, ¿cómo podría explicarse la cuestión de fondo, que es la representatividad política?
En términos teóricos debemos partir de los que en Grecia se pensaba como democracia directa, que no puede practicarse como tal en una sociedad compleja como la nuestra. La representación, de algún modo, es necesaria. Pero si no se establecen mecanismos muy precisos se da la condición actual de la política argentina, que se vuelto un cambalache. Hay dirigentes que se van de un lado para el otro, recordemos que hasta se dio vuelta el propio vicepresidente, Julio Cobos. Si se respondiera estrictamente al mandato popular, al partido por el que se resultó electo, y no a una decisión personal, habría una mejor relación entre el mandato dado originalmente y lo que se hace. Eso hoy no está garantizado y cada uno va actuando según conveniencias o decisiones, que pueden ser legítimas, pero que no siempre son afines a la condición por la cual se ha llegado al cargo. La representación siempre es problemática, no hay manera de que otro me represente tal cual yo mismo, ese otro tiene un margen de exterioridad en relación a aquel que está siendo representado. Por otro lado no puede haber 40 millones de argentinos, o 200 millones de brasileros gobernando de manera directa el país. Pero la representación, para poder ser medianamente efectiva, debe estar obligada a márgenes de consulta y control. Ello no está fijado hoy en las formas habituales de manejo del sistema político, y esto es así en la mayoría de las llamadas «democracias occidentales».
– ¿El gran tema sería, entonces, el control sobre este contrato entre representado y representante?
La representación debiera estar sometida a modos bastante más precisos de exigencia. Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes es casi una expropiación, donde los representantes pasan a ser los dueños de decidir lo que les viene en gana, y ni siquiera se sabe bien quiénes son a la hora de votarlos. Pongo como ejemplo el caso de un legislador de Mendoza, que es a las claras un agente del multimedios más grande de la provincia, pero que era uno más en el montón dentro de una lista de candidatos. Más allá de por qué lo votaron termina siendo el representante de un conglomerado económico. Estas cosas no se pueden controlar si no hay exigencias más precisas sobre qué significa representar. Debieran contemplarse mecanismos como la revocatoria de mandato o asambleas populares, mediante los que se pueda ejercer opinión y tomar partido sobre los grandes temas, con un valor vinculante. Algo de esto se vivió en la discusión acerca de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (recientemente promulgad), oportunidad en la que se percibió una mayoría de la población a favor de la medida pero aún así legisladores que fueron electos por esos sectores finalmente se opusieron. En ese caso no representaron los intereses por los cuales fueron elegidos y no existe ningún medio por el cual se les pueda exigir otro comportamiento. Se pueden pensar métodos de consulta que resulten rápidos y no muy complicados, electrónicos u otros, que corrijan esos perjuicios que sufren los actualmente los representados.
– ¿Cómo se enmarca esa discusión en el escenario de crisis de representación actual?
La crisis de representación, tal cual se expresó el estallido de diciembre de 2001, de algún modo fue superada desde el gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo de éste, de Cristina Fernández de Kirchner. Después, sobre todo la acción mediática y los propios errores del gobierno durante el conflicto con las patronales agrarias lesionaron la representatividad gubernamental, la que, sin embargo, sigue siendo importante. De manera que se ha producido una erosión de la representatividad gubernativa, y a la vez no hay ninguna representatividad en la oposición. Los medios han logrado imponer una especie de antikirchnerismo furioso en un sector amplio de la población argentina, pero sin que crear una alternativa. La oposición no tiene otro proyecto que no sea volver a los ajustes, y tampoco tienen alguna personalidad que parezca medianamente atractiva como líder. Entonces, es verdad que hay cierta crisis de representación, pero no es la del 2001, es bastante menor. Los sectores populares, en buena medida, tienen una relación no de plena representación pero sí de cierto margen de aceptabilidad respecto del gobierno nacional. Los sectores medios y altos han quedado a la deriva, y en términos generales no se sienten representados.
– La reforma política, en los términos en los que se expresa por estos días ¿es un debate instalado en la sociedad? ¿Es necesaria?
Creo que una reforma es necesaria, aunque el tema no aparece visible para la población. Quizás si hoy se hace una consulta respecto de qué tema resulta más importante para la sociedad, seguramente cuestiones como el de la seguridad tendrían más relevancia. Sin embargo, reitero que se trata de un punto definitivamente necesario, puesto que desde una mirada integral de lo político resulta claro el distanciamiento existente entre la población y «la política». En este sentido una reforma colaboraría para modificar esa realidad.
– ¿Cuáles son los límites de una reforma política como la que parece ser impulsada por el gobierno?
Hay que ver cuál es la propuesta y habría que intentar que no se quede empantanada como un instrumento solamente útil de cara a las próximas elecciones, tanto por parte del gobierno como de la oposición. Es importante que los distintos actores políticos estén a la altura de discutir algo que se ubique más allá de lo inmediato. Sin ser ingenuos, en política no se puede no pensar en lo inmediato, pero si la reforma política termina siendo solo una cuestión de ventajas y desventajas para la próxima elección, estaríamos frente a una dirigencia política que está por debajo de lo que acá se requiere; hay que pensarla en un sentido estratégico.
– Se cuestiona el hecho de que no se discutirían el voto electrónico o las listas sábana…
Creo que la discusión respecto del voto electrónico o de las listas sábana no modificaría en mucho el problema de representación. El grado de satisfacción de la población con el sistema político no cambiaría sustancialmente. No estaría mal pretender modificarlo, pero está lejos de ser una gran solución.
– ¿Qué otros puntos deberían ser contemplados en un proyecto de reforma política?
La cantidad de partidos políticos que compiten en cada elección parece poco sensata. Qué peso puede tener, por ejemplo para una minoría, lograr un legislador entre veintiocho bancas; seguramente terminará «vendiendo» su voto a cambio de alguna prebenda. Y si no lo hace es una especie de Robinson Crusoe de la política, sin ninguna capacidad decisoria. Deberíamos poder pensar en la existencia de siete u ocho partidos, no caer en el bipartidismo como el caso chileno, en el cual la izquierda tiene un buen porcentaje de votos pero no accede a la representación parlamentaria. Creo que un partido con un cinco o seis por ciento de electores a favor debe tener representación institucional; ello evitaría la atomización caótica que, en algunos casos, termina siendo hasta grotesco. Para eso se requiere, por ejemplo, ajustar razonablemente las exigencias para conformar partidos nacionales o provinciales. Se evitaría la creación de partidos que son sólo sellos, o que se prestan a negociar una personería para las elecciones, u otros casos en lo que existen partidos solamente en un municipio.
– ¿Podríamos pensarse, al menos en esta etapa, que los partidos tengan una mayor igualdad de oportunidades durante las campañas electorales?
El dinero siempre termina siendo una cuestión de hecho, está bien que desde el Derecho se establezcan límites. Vimos como el empresario Francisco De Narváez hizo campaña de manera ilegal, fuera del tiempo que correspondía, entre otros lugares, en las canchas de fútbol. Si alguien le oponía alguna queja, argumentaba que no era campaña sino propaganda. Siempre, de un modo u otro, se pueden burlar las leyes y pueden aparecer recursos para hacer las cosas por debajo. Esto no es sólo un tema de legalidad sino también de cultura política. Pero está muy bien que se establezcan reglamentos para que el acceso a los recursos por parte de los partidos tienda a ser lo más igualitario y transparente, pero no hay que ser ilusos y creer que con hacer leyes vamos a resolver cuestiones de poder. Los actores sociales que responden a los intereses de la economía concentrada intentarán siempre favorecer a sus expresiones políticas.
– ¿Cómo impactaría la promoción de una mayor participación electoral en el proceso de selección de candidatos?
La idea de hacer un sistema electoral similar a las primarias en Estados Unidos es bastante novedosa para la Argentina. Seguramente puede ser sentida, en parte, como la pérdida de la acción más directa por parte del ciudadano en la elección. Pero tiene una ventaja importante y es que, en una época de alejamiento de la población respecto de lo político, el proceso electivo se hace más rico, más reñido y por lo tanto no resoluble en un solo y simple acto comicial cada un par años; implicaría mucho mayor protagonismo de la ciudadanía.
– ¿En una reforma más profunda, qué medidas ayudarían a resolver el divorcio entre sociedad y política?
Hay ciertos aspectos de reforma política que vale la pena trabajar, como la revocatoria de mandatos -instaurada en Venezuela y utilizada en contra del gobierno que la había impuesto-, el referéndum, la constitución de asambleas populares; todas instituciones que tienden a una mayor participación popular. Implicarían reformas más de fondo, distintas a la simple reforma política superestructural. Aquí, en cambio, lo que se pone en juego es la forma de representación por vía de partidos, la elección de candidatos, el manejo económico de las estructuras partidarias. De cualquier modo eso es importante, aunque no suele ser percibido desde la población como algo muy determinante, hasta tanto, en todo caso, funcione de manera positiva.
Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4499