Según los principios rectores de las Naciones Unidas para las empresas, deberán respetar los derechos humanos y ambientales en el exterior según los parámetros helvéticos
Una amplia coalición de 64 organizaciones suizas lanzó este martes 21 de abril la Iniciativa Popular a favor de Multinacionales Responsables. Se propone recolectar en 18 meses las 100 mil firmas necesarias para imponer un artículo constitucional que exija a las multinacionales helvéticas el respeto de los derechos humanos y normas ambientales en el conjunto de sus actividades, inclusive en el extranjero.
La trascendencia económico-financiera internacional de Suiza es una realidad estadística y de hechos. Es la vigésima potencia económica internacional. Record de concentración de multinacionales -en proporción a su población. La segunda nación en cuanto a inversiones directas en el exterior.
Complementariamente, un reciente estudio de la Universidad de Maastricht, Holanda, que analizó 1800 casos concretos, concluyó que Suiza ocupa el noveno puesto entre los países más corrientemente involucrados en la violación de derechos humanos de las empresas.
A pesar que muchas de esas violaciones, desde años, ocupan los principales titulares en los medios de información nacionales, el Gobierno y el parlamento, ambos mayoritariamente de derecha, rechazan tomar medidas concretas. Y continúan aceptando las iniciativas voluntarias de las multinacionales helvéticas, entre las que se cuentan Nestlé, Roche, Novartis, Syngenta, Holcin, Glencore, Triunph, entre las más conocidas.
El 14 de marzo pasado, en su primera sesión del 2015, el parlamento rechazó por escasa diferencia de votos una moción que intentaba acentuar la responsabilidad de las empresas de cara a sus actividades en el extranjero.
Movilización ciudadana
«Solo una fuerte presión de parte de la sociedad civil podrá imponer reglas obligatorias», subrayan los promotores de la Iniciativa que se inspira en los Principios Directores de las Naciones Unidas relativos a las empresas y a los derechos humanos, adoptados en el 2011.
La Iniciativa promovida por las principales organizaciones suizas de derechos humanos, cooperación, sindicatos, iglesias, protección del medio ambiente, feministas, inversionistas responsables etc. busca someter a las empresas domiciliadas en Suiza al deber de «diligencia debida» en materia de derechos humanos y normas ambientales. Es decir, obligarlas a evaluar los riesgos potenciales del conjunto de sus relaciones y negocios para identificar los problemas potenciales y tomar, así, las medidas necesarias para remediarlos. Dichas empresas deberán hacer público esos análisis y sus actos. «La iniciativa tendrá por consecuencia un fuerte efecto preventivo», enfatizan los promotores.
Esta Iniciativa da continuidad a la Petición Popular «Derechos sin Fronteras» lanzada por los mismos actores la que en 2012, como resultado de una amplia movilización ciudadana durante varios meses, reunió 135 mil firmas exigiendo que las multinacionales suizas respeten en el extranjero el mismo marco jurídico que se les impone en Suiza.
En el Comité de la Iniciativa a favor de Multinacionales Responsables se encuentran una veintena de personalidades sociales, económicas y políticas. Entre ellas Peter Niggli y Marc Herkenrath responsables de Alianza Sur (la plataforma de las seis principales ONG de cooperación); Manon Schick, directora de Amnistía Internacional Suiza; Andreas Rieger, del sindicato UNIA, el más fuerte del país; Cécile Bühlmann, directora de Greenpeace, Suiza. Así como personajes helvéticos de renombre internacional como Cornelio Sommaruga, presidente honorario de la Cruz Roja Internacional; Micheline Calmy-Rey, ex presidenta de la Confederación y el ex-senador Dick Marty, de destacada participación en el Consejo de Europa.
«Reglas obligatorias para las multinacionales»
Los argumentos esgrimidos por numerosas organizaciones suizas nacen de los principios mismos adoptados en 2011 por las Naciones Unidas. Entrevista con Rahel Ruch, militante social y coordinadora de la campaña que promueve la Iniciativa Popular a favor de las Multinacionales Responsables.
P: ¿Cuál es la relación entre esta Iniciativa Popular y otras propuestas previas de la sociedad civil suiza para limitar el poder de las transnacionales helvéticas?
Rahel Ruch: La campaña Derechos sin Fronteras fue lanzada en el 2011 bajo la forma de una petición que exigía a las empresas suizas respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente, también en sus actividades en el extranjero. Resultó muy exitosa: 135 mil personas la firmaron. La misma demandaba al Consejo Federal (ejecutivo colegiado) y al parlamento, establecer reglas obligatorias para las multinacionales. Desde entonces, han existido numerosas intervenciones en el parlamento que llevaron a examinar nuestra Petición. Eso permitió que el tema mantenga su actualidad. El poder ejecutivo reconoce la existencia de un problema y así lo ha expresado en su informe sobre el deber de diligencia debida para las empresas. Pero no avanza. Continúa a apostar únicamente a medidas voluntarias, dejando a la buena voluntad de los jefes de las empresas el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero. En el Parlamento, lo mismo. No se define una obligación. Esta es la razón por la cual más de 60 organizaciones acabamos de lanzar la Iniciativa Popular a favor de Multinacionales Responsables «Protejamos los derechos humanos y el medio ambiente».
P: ¿Cuál es la clave de esta propuesta ciudadana?
R: El deber de diligencia debida constituye el corazón de la misma. Se alimenta en los Principios directores para las empresas en cuanto a los derechos humanos, que fueron adoptados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por unanimidad en el 2011. Se trata de un instrumento de prevención: las empresas deben examinar el impacto de sus actividades y en caso de violaciones probables o efectivas de los derechos humanos o ambientales, deben tomar medidas adecuadas. Además deben informar de manera transparente sobre los derechos que han sido violados y las medidas adoptadas. Nuestra Iniciativa tiene por objetivo de traspasar la norma de derecho internacional, de forma obligatoria, a la legislación suiza.
¿Puede darnos un ejemplo concreto para ilustrar el sentido de esta Iniciativa que intentan llevar a votación popular?
R: En Zambia, la multinacional Glencore retomó en el 2000 la mina de cobre de Mopani, antes de aumentar fuertemente su explotación. Desde entonces, la explotación implica la emisión de grandes cantidades de dióxido de azufre, una sustancia tóxica para los seres humanos y el medio ambiente. Según el prestigioso programa Rundschau de la televisión suiza alemana, la media diaria más alta de emisión que pudo ser cuantificada fue 282 veces superior al límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si se aceptara el contenido de nuestra Iniciativa y se incorporara en la legislación suiza, la Glencore hubiera tenido que realizar un análisis de riesgo cuando compró dicha mina y aplicar las técnicas disponibles de depuración de las emisiones de gas antes de aumentar su producción.
Sergio Ferrari, colaboración de prensa E-CHANGER/COMUNDO
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