El Tribunal Supremo de India ha ordenado al Gobierno que en un plazo máximo de dos meses indemnice con 15.000 millones de rupias (alrededor de 330 millones de dólares) a las 500.000 víctimas del escape de gas registrado en 1984 en la empresa estadounidense de productos químicos Union Carbide. Las consecuencias de la letal fuga, […]
El Tribunal Supremo de India ha ordenado al Gobierno que en un plazo máximo de dos meses indemnice con 15.000 millones de rupias (alrededor de 330 millones de dólares) a las 500.000 víctimas del escape de gas registrado en 1984 en la empresa estadounidense de productos químicos Union Carbide. Las consecuencias de la letal fuga, además de los miles de muertos que causó, se siguen pagando hoy.
El Tribunal Supremo expresó el pasado lunes su preocupación por el hecho de que, 20 años después de la tragedia, las víctimas aún no hayan recibido una compensación adecuada. Por ello, ordenó a la Comisión de Salud de Bhopal que en un plazo de dos meses distribuya el dinero que falta por pagar y presente un informe.
Según los afectados, aunque ya se ha pagado una parte de los 470 millones de dólares (378 millones de euros) acordados en un principio entre el Estado y la empresa Union Carbide (dueña de la fábrica) como indemnización para las víctimas, los retrasos legales han impedido la distribución del resto del dinero, que espera desde hace años en una cuenta del Banco Central.
Uno de los abogados de las víctimas, S Muralidhar, ha acogido satisfactoriamente la orden, pero ha advertido, en declaraciones a la BBC, de que «siempre hay un desfase entre las órdenes de los tribunales y la forma en que éstas se implementan, por lo que aún deberemos esperar con los brazos cruzados».
El de Bhopal, capital del Estado indio de Madhya Pradesh (norte), está considerado como el peor escape químico de la historia. En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, 40 toneladas de gases letales de la fábrica de pesticidas de Union Carbide se escaparon de uno de los tanques durante las operaciones rutinarias de mantenimiento. Entre otras sustancias tóxicas, el escape incluía isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno.
Según los datos recopilados por Greenpeace, tres días después del escape habían perecido 8.000 personas, 20.000 hasta ahora. Los supervivientes sufren afecciones como fibrosis pulmonar, falta de visión, asma, tuberculosis, pérdida de apetito, ciclos menstruales irregulares, fiebre recurrente, desórdenes neurológicos, debilidad y depresión.
Decenas de miles de niños nacidos después de la crisis sufren problemas de crecimiento y desarrollo. De hecho, la cifra de niños nacidos muertos se triplicó y las muertes durante el parto se duplicaron.
La vulnerabilidad de las víctimas se deriva parcialmente de las primeras horas que siguieron al escape: Union Carbide se negó a proporcionar la composición concreta del vertido en un principio afirmó que se trataba de un potente gas lacrimógeno, lo que llegó a numerosos diagnósticos y tratamientos erróneos. Las indemnizaciones tardías también impidieron que los afectados tuvieran acceso a una atención médica adecuada a la gravedad de sus casos.
Casi veinte años después de la crisis se han conseguido aclarar parte de los interrogantes, a pesar de los esfuerzos de la compañía por silenciar al máximo lo ocurrido. Ahora se sabe que la noche de la catástrofe, seis de las medidas de seguridad de prevención de escapes de gas no funcionaron correctamente, fueron desconectadas o resultaron inadecuadas. Además, la sirena de alarma estaba desconectada.
Union Carbide fue sometida a innumerables denuncias ante los tribunales, en especial por los afectados que perdieron su capacidad para trabajar.
En 1989, el Gobierno indio, sin la autorización de los afectados, aceptó un acuerdo extrajudicial por 470 millones de dólares, con la que se liquidó oficialmente la responsabilidad civil de la compañía.
Así, la indemnización media por daños personales fue de entre 370 y 533 dólares por persona (298 y 429 euros), apenas suficiente para cubrir los gastos médicos de cinco años, cuando muchos de los afectados y sus hijos y nietos (actualmente está
naciendo la tercera generación) estarán enfermos de por vida.
Más tarde, ante la presión popular, el Tribunal Supremo autorizó la reapertura del expediente, y ordenó al Ejecutivo que negociara un seguro médico para los 100.000 individuos que, aunque no enfermos, podrían presentar síntomas con el paso de los años. Según Greenpeace, «muy poco se ha hecho en realidad» a fecha de hoy.
Pasados los años, parte de los 470 millones de dólares han sido distribuidos caso por caso, pero el resto se ha ido retrasando a causa de complicaciones legales, entre ellas la verificación de la identidad de los demandantes.
Por ello, el Tribunal Supremo ordenó el lunes que se desembolsen todas las cantidades debidas entre todos los demandantes. El dinero se encuentra depositado en una cuenta del Banco Central de India, y desde entonces, debido a los intereses, se ha incrementado el valor inicial.
Aparte, en Estados Unidos se han presentado más de 140 causas civiles en los tribunales federales. Todas ellas siguen pendientes, y es difícil que vayan a conducir a resultados concretos dado que en 1999 Union Carbide fue comprada por la multinacional Dow Chemical. Dow, que se convirtió en la primera química del mundo, se ha negado desde entonces a asumir cualquier responsabilidad por la catástrofe de Bhopal.