El dinero saqueado en el desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) guatemalteco recorrió largas rutas. Fue de un lado a otro para tratar de perder su rastro, pero al final, la mayoría de fondos llegó a cuatro cuentas bancarias a nombre de personal del EMP, incluyendo al coronel Raúl Castillo, ex jefe de esa institución. De […]
El dinero saqueado en el desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) guatemalteco recorrió largas rutas. Fue de un lado a otro para tratar de perder su rastro, pero al final, la mayoría de fondos llegó a cuatro cuentas bancarias a nombre de personal del EMP, incluyendo al coronel Raúl Castillo, ex jefe de esa institución.
De acuerdo con el expediente que maneja el Ministerio Público (MP), los involucrados son los oficiales Carlos Fuentes Toledo, Edwin Alfonso Ordóñez, Élder Arnoldo Ovalle Vargas (no se pudo establecer su grado) y el coronel Castillo. Este último, según la información en poder de la Fiscalía, tenía uno de los montos más significativos.
Saqueo en seis meses
En las cuentas de los militares señalados, las autoridades bancarias localizaron Q54 millones (alrededor de 7 millones de dólares) extraídos de las finanzas del EMP mediante manejos dudosos, tan sólo en seis meses.
La Superintendencia de Bancos (SB) presentó una denuncia en la Fiscalía contra Lavado de Activos, en junio pasado.
Los fiscales del MP consideran que el monto es mayor, debido a que en cuatro años esa institución manejó alrededor de Q500 millones (U$S 63 millones), sin que la Contraloría General de Cuentas tenga informes del destino que se dio a los fondos.
En el caso, también se involucra al coronel José Raúl Cerna, encargado de las finanzas del EMP, a quien no se le ha localizado cuenta bancaria, pero sí empresas mediante las cuales se extrajeron varios millones de quetzales.
La operación
Las pesquisas hechas hasta ahora revelan que los cuatro militares, apoyados por Cerna, promovieron la inscripción de empresas fachada en el Registro Mercantil, en fechas cercanas y direcciones idénticas.
En los seis meses investigados hasta ahora, se estableció que las empresas simularon proveer bienes y servicios al EMP y cobraron por ello.
Por ejemplo, Alimentos y Abarrotes Fátima cobró, en seis meses, siete cheques por Q1.15 millones (U$S 145000); Depósito Charly recibió 22 cheques, por un total de Q4.59 millones (U$S 582.000), y Multiservicios El Éxito, ocho cheques por Q2.36 millones (U$S 299.000).
Para justificar los movimientos, utilizaron a empleados de rango menor, quienes avalaron compras y servicios que nunca llegaron a la institución.
Cuentas de militares
Algunos de ellos cobraron cheques que luego fueron depositados en las cuentas de los militares, tal y como sucedía con el dinero pagado a las empresas fachada.
El EMP pagaba los supuestos servicios o bienes, pero el dinero recorría varias cuentas bancarias hasta llegar a los depósitos de los cuatro militares señalados.
Los fiscales indicaron que uno de los mayores problemas, por ahora, es localizar a los involucrados, porque la mayoría no aparece por ninguna parte.
Total secretividad
Otro problema a enfrentar, según los investigadores del MP, es la falta de documentación, debido a que el EMP manejaba sus finanzas en total secretividad.
El MP ha recibido varias ampliaciones a la denuncia de la SB, y las investigaciones continúan.
El EMP era la institución encargada de proporcionar seguridad al presidente, vicepresidente y sus familias. Fue disuelto en diciembre de 2003, para dar cumplimiento a los acuerdos de paz.
La disolución les costó a los guatemaltecos casi Q70 millones (U$S 8.900.000) por el pago de indemnizaciones.
Ningún grupo pro derechos humanos logró establecer con certeza la cantidad exacta de efectivos desmovilizados.
Defensa manejó Q5.545,24 millones (U$S 703 millones) en cuatro años
No fueron Q900 millones los que se erogaron de forma dudosa en el Ministerio de la Defensa durante los últimos cuatro años.
El Ejército tuvo a su disposición Q5.545,24 millones (U$S 703 millones), que se gastaron completos, sin ninguna fiscalización.
Nineth Montenegro, diputada de la Alianza Nueva Nación (ANN), señaló que pedirá al Ministerio Público que amplíe su investigación, para cubrir el monto total de lo ejecutado por Defensa.
‘No fueron sólo Q900 millones los que se utilizaron de forma anómala. El monto es mucho más, y eso hay que investigarlo’, agregó.
Según un informe elaborado por el equipo asesor de la congresista, el presupuesto aprobado por el Congreso para los castrenses entre 2000 y 2003 sumaba poco más de Q3 mil millones (U$S 380 millones). Sin embargo, casi se duplicó mediante traslados autorizados por el Ministerio de Finanzas.
El informe señala que en 2001 fue cuando más transferencias hubo al presupuesto castrense, 22 en total. El gasto aprobado por el Congreso para ese período fue de Q836.99 millones (U$S 106 millones) , pero se le trasladaron Q709.58 millones (U$S 90 millones) adicionales. Durante ese año, el Ejército se encargó de la distribución de los fertilizantes y el programa de la galleta escolar.
En 2002, se descubrieron gastos excesivos en compras dudosas. Por ejemplo, se invirtieron Q8.1 millones (poco más de U$S 1 millón) en todo el período para alimentar a 20 personas, lo que significaba que cada uno consumió Q37 mil (U$S 4.689) mensuales en comida. También se justificaron gastos elevados en compra de papel, materiales y suministros.