En una decisión que sorprendió por su escasa publicidad, Paraguay otorgó inmunidad total a las tropas de EE.UU. Lo hizo a través de una ley aprobada por el Senado el 26 de mayo último, que sólo en las últimas horas alcanzó una más amplia difusión. La decisión paraguaya concede a la Casa Blanca un permiso […]
En una decisión que sorprendió por su escasa publicidad, Paraguay otorgó inmunidad total a las tropas de EE.UU. Lo hizo a través de una ley aprobada por el Senado el 26 de mayo último, que sólo en las últimas horas alcanzó una más amplia difusión. La decisión paraguaya concede a la Casa Blanca un permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados por el que tanto había presionado sin éxito a los gobiernos de Argentina y Brasil.
La ley -cuya vigencia vence en diciembre de 2006 pero es prorrogable- otorga inmunidad a técnicos y tropas norteamericanas para entrar y salir de Paraguay, transportar armamentos y medicamentos y operar en cualquier punto del territorio. Paraguay renuncia a su poder jurisdiccional para investigar delitos que pudieran cometer los soldados extranjeros y también a demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional, a la cual sin embargo adhiere.
A cambio de la ley, el gobierno de Asunción obtiene un compromiso del FBI de colaborar en la investigación de varios secuestros extorsivos que han puesto en jaque a las autoridades en los últimos meses. También se iniciarán programas de asistencia en el combate al delito. Uno de los secuestros más explosivos es el de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cuyo cadáver apareció el 16 de febrero último. La joven estuvo desaparecida 148 días.
El gobierno culpa de ese hecho a un grupo político izquierdista encabezado por Osmar Martínez, actualmente detenido, al que le atribuye supuestos contactos por correo electrónico con el «ex canciller» de las FARC, Rodrigo Granda Escobar, arrestado en Caracas en julio, dos meses antes del secuestro de la joven Cubas. Sin embargo, hay indicios que ligan con el hecho a mafias policiales. Asunción siempre encontró apoyo de la Casa Blanca en su tesis sobre la responsabilidad de la guerrilla colombiana, una línea de investigación que hasta el momento no ha mostrado muchas evidencias sólidas.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Velázquez, restó importancia a las señales de alarma emitidas por grupos políticos y de derechos humanos locales tras la difusión de la ley, entre ellos, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), liderado por el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. «Son ejercicios normales», afirmó ante una consulta de Clarín. «Estaban programado desde el año pasado».
Preguntado sobre si era factible que la ley abra la puerta a la instalación de una base de EE.UU. en la región, como ocurre en Manta (Ecuador), en Panamá y en Guantánamo (Cuba), Velázquez respondió que «la gente fantasea mucho» y recordó que Estados Unidos es un aliado del Paraguay. «Entre aliados tenemos que defendernos», concluyó.
Al contrario, el dirigente Orlando Castillo, del grupo humanitario Serpaj, consideró que «la ley aprobada les ofrece (a las tropas estadounidenses) todo el territorio nacional a su merced».
«EE.UU. tiene fuertes aspiraciones de convertir a Paraguay en una segunda Panamá para sus tropas y no está muy lejos de alcanzar su objetivo destinado a controlar el Cono Sur y extender la guerra de Colombia«, dijo Castillo en declaraciones a Clarín.
Los detractores de la ley temen que Washington pueda establecer sus tropas en varios puntos del territorio guaraní. En especial, apuntan a Concepción, a unos 400 kilómetros al norte de la capital del país, y a Mariscal Estigarribia, a unos 250 kilómetros de la frontera con Bolivia, un punto clave para la Casa Blanca luego de que masivas protestas sociales forzaran la renuncia de dos presidentes en 20 meses.
«En Concepción, unos 200 soldados ya hicieron una pasantía de cinco meses en 2004, algunos de los cuales se casaron con paraguayas», comentó Castillo. Estigarribia, en cambio, es una pequeña población militarizada que posee un gran aeropuerto construído por EE.UU. con una pista de 3.800 metros de largo «capaz de recibir aviones B-52 y hasta un transbordador», comentó.
La firma de la ley se difunde luego de que, el último viernes, el vicepresidente paraguayo Luis Castiglioni finalizara una visita oficial a Washington en la que se entrevistó con su colega estadounidense, Dick Cheney; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el jefe de la diplomacia para Latinoamérica, Roger Noriega, entre otros funcionarios.
Durante su visita «se abordaron temas relacionados a la defensa y seguridad hemisférica, así como la lucha contra el delito transnacional y el terrorismo», dijo Asunción.
Como acción inmediata, el secretario de Defensa comprometió el envío a Paraguay de expertos del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, una institución dependiente del Pentágono, a fin de desarrollar un «Seminario de Planificación del Sistema de Seguridad Integral Nacional», programado para setiembre venidero.
Rumsfeld prometió visitar Paraguay próximamente y expresó «su pleno apoyo a los próximos ejercicios conjuntos que realizarán las fuerzas armadas paraguayas y norteamericanas».