Desde que en los años 70 se asentó definitivamente el proyecto de estado contrainsurgente, con éxito dispar, en los diferentes países de Centroamérica, fueron las comunidades rurales las que pasaron a sufrir una buena parte de la represión institucionalizada y materializada en desalojos, masacres y campañas de tierra arrasada en Guatemala, El Salvador y, en […]
Desde que en los años 70 se asentó definitivamente el proyecto de estado contrainsurgente, con éxito dispar, en los diferentes países de Centroamérica, fueron las comunidades rurales las que pasaron a sufrir una buena parte de la represión institucionalizada y materializada en desalojos, masacres y campañas de tierra arrasada en Guatemala, El Salvador y, en menor medida, Honduras; y en el ataque sistemático por parte de columnas paramilitares (con apoyo norteamericano) contra las poblaciones campesinas comprometidas con la revolución sandinista en Nicaragua.
A estas campañas militares explícitas se le unió otra táctica – más oscura, menos visible, igual de destructiva -, cuyo fin primordial consistía en mantener, instaurar o ampliar el control social sobre estos sectores rurales los cuales, de una u otra manera, habían conseguido quedar al margen de las cadenas de dominación oligárquica y su sistema económico, basado en la agroexportación. Nos encontrábamos entonces ante la revitalización del viejo proyecto colonial de reasentamiento forzoso de la población y reestructuración de sus formas de vida tradicionales, en beneficio de las minorías propietarias de los medios de producción en general y de la tierra en particular.
El proyecto neoliberal, iniciado a finales de los 80 una vez instaurada la paz de los cementerios (es decir, el genocidio en Guatemala, el triunfo militar y paramilitar en El Salvador, la victoria bélico-electoral contra la revolución sandinista y el blindaje de las clases dominantes en Honduras), no sólo promovía el establecimiento de la democracia formal como sistema político del Estado, sino también y primordialmente, la incorporación de los estados centroamericanos al sistema global de intercambio comercial.
A pesar de ello y más allá de maquillajes pseudodemocráticos, el proyecto esencial de dominación sobre las comunidades campesinas de la región se mantuvo, promoviendo ahora la conversión de lo que quedaba de estas estructuras autónomas de producción, comercialización, ocupación de la tierra y manejo de los recursos naturales, en sistemas «económicamente rentables y eficientes».
En las regiones rurales de Centroamérica, estas experiencias (que sobreviven precariamente), están representadas por estructuras integrales y alternativas de vida, cuyas formas de organización política, económica y social y cuyo modelo de producción difieren y en ocasiones imposibilitan, – es decir, resisten – el ejercicio de las prácticas comerciales propuestas por el neoliberalismo. Las comunidades campesinas de la región se encuentran así en un proceso propio y alternativo de desarrollo que además, en determinadas regiones, se ve fundamentado en el ejercicio de una identidad propia y diferenciada de la dominante: la identidad indígena.
En todo este proceso, la institución estatal y sus respectivos aparatos represivos e ideológicos, lejos de adoptar una actitud pasiva, se han convertido en los principales promotores de la expansión intensiva del capitalismo en el istmo: el libre comercio precisa de la actuación pública para remover estos obstáculos, aún presentes en los distintos espacios de la realidad centroamericana.
De este modo, el Estado centroamericano es hoy, una vez más, un instrumento al servicio de los grupos dominantes, antes oligárquicos y ahora transnacionalizados, que hace valer el apoyo norteamericano a la causa y que está en todo momento flanqueado por la sombra del ejército (dejando aparte el caso nicaragüense), como una permanente espada de Damocles que enfrenta y disuelve cualquier amenaza de ruptura (popular o electoral).
En este escenario, se puede considerar la reciente firma del TLC entre Centroamérica y EEUU y la ejecución de los megaproyectos (hidroeléctricas, autopistas, aeropuertos, zonas francas, …) vinculados al Plan Puebla Panamá (PPP), como los pilares fundamentales y básicos en el proceso de expansión intensiva del capitalismo en la región. De este modo, mientras que el TLC modifica las legislaciones nacionales, elevando a rango de Tratado Internacional las leyes de liberalización económica y comercial que permiten la mercantilización de todos los espacios de la vida diaria de los distintos pueblos y sociedades centroamericanas, el PPP prevé la construcción de las infraestructuras necesarias para que la explotación de los recursos humanos y naturales sea rentable económicamente.
Son las dos caras de una misma moneda… Y en ambas, la actuación del Estado se torna esencial, no sólo dirigiendo las negociaciones sobre libre comercio y modificando las normas nacionales para hacerlo posible, sino también apoyando y facilitando la puesta en marcha de los planes de infraestructuras y manteniendo el control social para salvaguardar la seguridad del proceso.
Hoy, las comunidades rurales e indígenas de Centroamérica siguen enfrentando, con su ejemplo y con su supervivencia, a la opresión.
Una opresión mantenida por la oligarquía y las élites transnacionalizadas.
Una opresión ejecutada por un aparato estatal aún contrainsurgente apoyado en ejércitos represivos.
Una opresión basada en un modelo de desarrollo global que no admite alternativas… pero que encuentra resistencias a cada paso.