El jueves 13 de octubre, durante su comparecencia ante la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional, el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, Luis Román Lazo, afirmó que se renegociará el contrato con la empresa estadounidense Occidental (OXY). Con esa afirmación estaría descartada la posibilidad de que el gobierno declare la caducidad del convenio. […]
El jueves 13 de octubre, durante su comparecencia ante la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional, el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, Luis Román Lazo, afirmó que se renegociará el contrato con la empresa estadounidense Occidental (OXY). Con esa afirmación estaría descartada la posibilidad de que el gobierno declare la caducidad del convenio.
Román explicó que esta decisión se fundamenta en las recomendaciones de la Contraloría. La resolución, especificada en el oficio 039073 DA3, plantea que la Presidencia Ejecutiva de PETROECUADOR disponga la urgente elaboración de estudios de carácter técnico y económico para renegociar los contratos vigentes. El Directorio de la petrolera estatal, según resolución No. 016-DIR-2005-09-13, decidió escudarse en esa «recomendación», para iniciar un proceso de renegociación del contrato con la OXY.
Román, aseguró que no se tomó en cuenta el pronunciamiento del Procurador General del Estado (en el que señala que se debe declarar la caducidad del contrato con la OXY por violar la ley y perjudicar al país), porque ese dictamen no tiene carácter vinculante. Una trampa que no ha sido muy difundida.
Noche de brujas
Un día después de las afirmaciones de Román el Presidente de la República, Alfredo Palacio, anunciaba que propondría un plebiscito a la población para ver si aprueba la instalación de una Asamblea Constituyente, en lo que parecía una acción desesperada por ganar cierto apoyo de la ciudadanía ante el creciente desprestigio de su gobierno. Fuentes gubernamentales informaron a Tintají que al realizar la propuesta de consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se conocía de antemano que éste no le daría curso pero serviría para mejorar la popularidad de Palacio.
Ese mismo viernes 14, mientras los medios de comunicación seguían paso a paso el regreso de Lucio Gutiérrez, en el Ministerio de Defensa había un intenso movimiento y se desplegaba un resguardo inusual. Incluso llegaban militares vestidos de camuflaje, que habían sido llamados de urgencia, según pudo constatar Tintají. Pero en esa cartera de Estado no se desplegaba ninguna cámara de TV, demostrando el despiste de ciertos medios. Una fuente de las fuerzas armadas consultada por el Quincenario aseguró esa misma noche que existía preocupación en los mandos por la posible influencia que podrían tener todavía Gutiérrez y Fausto Cobo en algunos sectores de las fuerzas armadas. Esa versión filtrada como rumor a diferentes medios de comunicación fue desmentida días después por el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, pero ningún periodista lo interrogó sobre el despliegue militar inusual de la noche del 14 en su ministerio. Una noche de brujas diría la fuente militar mencionada, una noche entrampada.
Una ley neoliberal
El 17 de octubre el presidente emitió el Decreto 705, según el cual el TSE debía convocar a una Consulta Popular con la siguiente pregunta: ¿Autoriza usted que se convoque la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que transforme la nación, reestructure el Estado Ecuatoriano y expida la Constitución que anhela el pueblo del Ecuador, Asamblea que será elegida de conformidad con el siguiente Estatuto Electoral?
El Estatuto mencionado establecía que la Asamblea estaría integrada por cien miembros elegidos en votación universal. Cincuenta Asambleístas serían elegidos de los candidatos propuestos por los partidos y movimientos políticos. Los otros cincuenta serían elegidos de candidatos presentados por la sociedad civil que tuvieran un respaldo mínimo de firmas del dos por ciento del padrón electoral de la provincia en la que participaran. Como candidatos de la sociedad civil podrían ser considerados desde representantes de las cámaras empresariales a representantes de Organizaciones no Gubernamentales, pasando por integrantes de movimientos sociales, de gremios, organizaciones sociales, humanitarias, fundaciones, clubes barriales, etc.
Casualmente, el mismo 17 de octubre, el Congreso envió al Ejecutivo la Ley de Creación de Estímulos Tributarios aprobada para que éste la promulgue. La ley promovida por Jaime Nebot y Paco Moncayo, fue enviada al Parlamento por el propio Palacio, a pesar del informe contrario del Subsecretario de Finanzas, quien al discrepar con el presidente tuvo que renunciar.
La ley exonera de Impuesto a la Renta, aranceles para importación de insumos y tasas por constitución de compañías. La exoneración se aplicaría a nuevos proyectos de procesamiento de hidrocarburos sobre los 7 millones de dólares, generación eléctrica; procesos agroindustriales, agroalimentarios y de turismo; fabricación de maquinaria y equipos de uso agropecuario y fabricación de aparatos electrónicos. Además, no pagarían impuestos los operadores de aeropuertos (¡qué casualidad!, el operador del nuevo aeropuerto de Quito por ejemplo); ni de los puertos de aguas profundas y de transferencia internacional de carga y contenedores.
Este tipo de exoneraciones someten al país a una inversión extranjera de empresas sin responsabilidad con la soberanía y la legislación nacional, que sólo sacan sus ganancias del país y ni siquiera pagan impuestos por su actividad, incluso pueden traer insumos de afuera sin aranceles. Si bien el Diputado Carlos González se había mostrado contrario a la ley, finalmente la Izquierda Democrática votó junto al Partido Social Cristiano por su aprobación.
Esta ley prevalecerá sobre cualquier otra norma, y el Servicio de Rentas Internas no podrá intervenir porque cualquier resolución que la contradiga carecerá de valor jurídico. Si Palacio no la veta totalmente, estaría demostrando que la Constituyente es una trampa para ganar apoyo popular mientras profundiza el proyecto neoliberal y sienta las bases legales previas a la firma del TLC.
El trampazo
Como se esperaba, el jueves 20 el TSE rechazó la propuesta de Consulta enviada por el Ejecutivo, provocando la risa a nivel internacional y el rechazo de diversos sectores de la población. Diversos juristas señalaron que el Tribunal no tiene porque ser juez, si no solamente dar curso al pedido del Poder Ejecutivo. La resolución del TSE ponía en evidencia que en un país entrampado, sin institucionalidad creíble, cualquier instancia se cree con la potestad de hacer lo que quiera aunque sea inconstitucional.
Aunque Galo Chiriboga, Ministro de Gobierno Encargado, se quejó de la injerencia política en el Tribunal, al plantear una reconsideración de la resolución, el gobierno estaría aceptando que el organismo electoral sería juez de última instancia.
Como Palacio, los partidos políticos que hacen mayoría en el Congreso y en el TSE intentan sobrevivir de trampa en trampa. Ante el anuncio de una posible Constituyente reaccionaron oponiéndose frontalmente en un principio para presionar al Ejecutivo y darle a entender que quienes mandan son ellos. Ahora vendrán las negociaciones para que todos queden contentos.
A pesar de los intereses que se mueven detrás de una posible Constituyente, por parte del gobierno y los partidos que monopolizan el Congreso, similares a los que se mueven tras la caída de cualquier presidente, una Asamblea con plenos poderes, aunque dependa de la correlación de fuerzas, podría abrir la posibilidad de iniciar un proceso de cambio institucional e incluso generar un estado de movilización social. Pero concentrase solamente en la movilización por la Constituyente y descuidar los temas fundamentales que golpean al país ahora, como la firma del TLC, el contrato con la OXY y la instalación de la Base de Manta (Ver Editorial), que provoca efectos negativos de largo alcance, sería un riesgo demasiado grande. Así parecen vislumbrarlo diversos movimientos sociales que reivindican la Constituyente pero reclaman antes un acto de sinceramiento del gobierno con la caducidad del contrato con la OXY y la suspensión de las negociaciones del TLC. En esa línea están la CONAIE, algunas asambleas de Quito como la de la Floresta, y otros movimientos urbanos quiteños que se han manifestado contra la decisión del TSE.
El viernes 21, acogiendo la propuesta de varios oyentes de Radio La Luna, en la capital se movilizaron diversos sectores sociales en lo que se denominó El trampazo, que consistía en llevar trampas para ratas, como son calificados los diputados y los integrantes del Tribunal que votaron contra la Consulta. La movilización tuvo un eco importante en la ciudadanía que mostró su indignación y mostró la creatividad de los quiteños al protestar.
En cambio la participación del Presidente ese mismo día en una manifestación pro Constituyente frente a la gobernación del Guayas, indicaba el intento de lograr un baño de popularidad. Tal vez prefirió no hacerlo en Quito, donde la mayoría de los sectores que apoyan la Constituyente, se pronuncian en contra del gobierno. El domingo 23, Palacio se reunió con el presidente colombiano Alvaro Uribe para tratar sobre el TLC, cuya firma cada vez está más cerca y los manifestantes que mostraron su rechazo a esa presencia en el país fueron reprimidos Al cierre de este número de Tintají (lunes 24 al medio día), las negociaciones previas a la posible Asamblea Constituyente o Constitucional están en marcha. ¿Dónde estará la trampa?
En todo caso, la trampa para ratas que mostraron los manifestantes, tal vez sea la mejor metáfora del momento que vive el país, entrampado entre una institucionalidad corroída y otra que despunta sin cambiar nada ni dejar de lado los vicios del pasado.