Rubina Bibi, de 17 años, fue confinada en un establo a causa de un delito que no cometió, en la noroccidental aldea pakistaní de Kas Koroona. Murió en 2005, en circunstancias misteriosas. Vivía con la familia de su esposo. Cerca de allí, en la aldea de Gumbat Banda, también en la Provincia de la Frontera […]
Rubina Bibi, de 17 años, fue confinada en un establo a causa de un delito que no cometió, en la noroccidental aldea pakistaní de Kas Koroona. Murió en 2005, en circunstancias misteriosas. Vivía con la familia de su esposo.
Cerca de allí, en la aldea de Gumbat Banda, también en la Provincia de la Frontera Nororiental de Pakistán, murió en junio Tayyaba Begum, de 20 años. Su familia política la sometió a torturas, según la antropóloga Samar Minallah.
Pobladores de la aldea «me dijeron en secreto que Tayyaba murió un mes y medio después de casarse», dijo a IPS Minallah, directora de la organización de derechos humanos EtnoMedios y Desarrollo.
Zarmina Bibi, de 19 años, contrajo matrimonio en febrero de 2006 y, al parecer, fue asesinada por su cuñado dos meses después. Su suegra asegura que el rifle que estaba limpiando la muchacha se disparó por accidente.
Pero la madre de Zarmina cree que la mataron miembros de su familia política, dijo a IPS la activista Rafaqat Bibi, de Mardan, no emparentada con Zarmina ni con Rubina.
Las tres jóvenes habían sido entregadas por la fuerza a las familias con las que vivían cuando encontraron la muerte, en compensación por un delito cometido por las suyas.
Se trata de una tradición llamada «swara», en pashtún, en algunos lugares de Afganistán y la Provincia de la Frontera Noroccidental, y «vanni» en la oriental provincia pakistaní de Punjab.
Esa práctica se mantiene en Pakistán, a pesar de que la ley la prohíbe.
La entrega forzada de las jóvenes ocurre «desde que tengo memoria, pero el asesinato de estas pobres mujeres es un fenómeno prácticamente reciente», señaló Rafaqat Bibi. La tendencia se remonta a 1998, estimó.
«La swara implica una virtual pena de muerte para estas jóvenes, víctimas de la tradición», dijo a IPS la directora de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Kamila Hayat, desde LaHore.
«Aun en los casos en que no terminan asesinadas, la humillación y el sufrimiento que padecen, a veces de por vida, es terrible. Y estas mujeres no son responsables de ningún delito», añadió.
El profesor de psicología clínica Fouzia Naeem, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Karachi, procede de una aldea de la Provincia de la Frontera Noroccidental donde se instauró la swara para frenar enemistades sangrientas entre clanes con décadas de antigüedad.
El verdadero motivo de la mayoría de los conflictos sangrientos es la disputa por la posesión de la tierra, explicó Khan.
Para resolver un enfrentamiento, la jirga (asamblea de ancianos de la aldea) resuelve que una joven de la familia del atacante se case con un miembro de la familia agredida, con el fin de evitar futuros asesinatos.
Algunas veces, incluso, se entregan niñas de pocos meses como «dinero sangriento», que se casan cuando crecen. Si no hay mujeres en la familia, se compran niñas a otra.
«Es como una condena a muerte», dijo Khan a IPS.
«Una mujer sometida a swara puede estar viva, pero su espíritu está muerto. Ella sirve como permanente recordatorio de la muerte de un ser querido para la familia con la que vive. Es posible que no siempre haya abuso físico, pero sí una cicatriz psicológica con la que tiene que vivir y que nunca sana.»
Minallah estudia esta costumbre desde 2002. Al año siguiente realizó un documental al respecto, titulado «Swara: A Bridge Over Troubled Waters» («Swara: Un puente sobre aguas turbulentas»).
En un nuevo proyecto de investigación, «Swara: el escudo humano», la antropóloga escribió: «El odio hacia ellas nunca termina. A veces hasta sus hijos sufren burlas y agresiones verbales.»
«Se cree que el casamiento por swara sirve para establecer una paz duradera al unir a dos familias mediante el matrimonio. Pero eso rara vez sucede», indica.
Minallah, al igual que Bibi, considera que la cantidad de mujeres muertas en condiciones extrañas en los últimos años ha ido en aumento.
No hay estadísticas que den cuenta de la cantidad de niñas entregadas por esa tradición, pero Minallah cree que es significativa. Durante su investigación conoció a 60 mujeres desposadas según la tradición swara, únicamente en los distritos de Mardan y Swabi.
Entre ellas, 20 estaban casadas desde hacía mucho tiempo, pero el resto habían sido entregadas el mismo año en que la activista supo de esos casos.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán registró 1.242 crímenes violentos contra mujeres en los ocho primeros meses de 2005.
Por su parte, la organización Abogados por los Derechos Humanos y Asistencia Legal, con sede en Karachi, contabilizó 31.000 denuncias en los últimos cinco años en todo el país. Esa estadística no discrimina los delitos «swara» de los otros.
Varias organizaciones de la sociedad civil realizan talleres y reuniones informales para generar conciencia respecto de esa brutal costumbre, tan difícil de eliminar como los asesinatos por honor. Además, ofrecen asistencia legal gratuita a las víctimas.
Una mujer sometida a swara debe guardar silencio, porque si revela su condición su padre puede ser tomado prisionero.
Para terminar con esa tradición, el país debe primero eliminar el dominio de las jirgas.
El poder que detentan estos órganos deja en evidencia el fracaso del endeble sistema judicial de Pakistán, cuyos magistrados suelen demostrar gran falta de sensibilidad y que depende de una policía incapaz de realizar investigaciones apropiadas.
«El gobierno debe asegurarse de suprimir las panchayats (concejos locales), las jirgas tribales y otros órganos tradicionales. Las autoridades locales deben actuar de acuerdo con la ley y dejar de adjudicarse potestades de tribunal», dijo Ali Dayan Hasan, investigador de Asia septentrional de la organización Human Rights Watch.
Pero «estos foros de justicia informal sólo pueden eliminarse realmente si el sistema judicial es efectivo en serio», añadió Hasan.
Lo que, por ahora, no es el caso de Pakistán.