Edgar Terán Terán, uno de los más conspicuos y agresivos militantes de la derecha ecuatoriana, en una breve entrevista publicada en los diarios del país, descubre el objetivo central de la derecha ecuatoriana: la defensa de la «economía social de mercado». Modelo que, según sus propias palabras, «consta en la actual Constitución de la Republica […]
Edgar Terán Terán, uno de los más conspicuos y agresivos militantes de la derecha ecuatoriana, en una breve entrevista publicada en los diarios del país, descubre el objetivo central de la derecha ecuatoriana: la defensa de la «economía social de mercado». Modelo que, según sus propias palabras, «consta en la actual Constitución de la Republica del Ecuador». A la vez que descubre el elemento crucial a ser enfrentado por la Asamblea Constituyente propuesta por el Presidente Electo Rafael Correa, el cambio del modelo de desarrollo.
Desde la perspectiva histórica, la afirmación de Terán nos retrotrae a reconocer que las 19 constituciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: un primero en el que se incluyen aquellas que modificaron sustantivamente el modelo de desarrollo contenido en las constituciones que se reformaban, de aquellas que introdujeron reformas políticas secundarias, fundamentalmente a la estructura política del Estado.
En el caso de las constituciones que modificaban el modelo de desarrollo, como no podía ser de otra manera, reflejaban la ideología política hegemónica al interior de cada una de las Asambleas que las aprobaban.
Entre las primeras, se ubican la constitución fundacional de 1930, las de 1897y 1904, y, la de 1998, a la que hace referencia Terán. Efectivamente, en tanto el texto constitucional aprobado el 23 de septiembre de 1830 consagraba la dominación feudal y clerical, las de 1897 y 1904 modificaban el modelo anterior al imponer el ideario liberal y el desarrollo del capitalismo, y, la de 1998 imponía el modelo de economía social de mercado, propio del ideario social cristiano y demócrata cristiano actual, lo que, por otra parte, explica la confluencia de estas dos fuerzas políticas en feroz defensa de esa Constitución y del Congreso.
Las restantes, como quedó dicho se atenían a reformas políticas secundarias, las que, por sus propias limitaciones, condujeron a sucesivas Asambleas Constituyentes o Convenciones Nacionales, las que, como lo afirma el demócrata cristiano Wladimir Alvarez: «sembraron la ilusión de que con la reforma a la estructura política del Estado se lograría el paraíso. Pero luego surgían descontentos por la ineficiencia de las instituciones del Estado que incitaban a volver a cambiar la estructura del Estado y refundar el país». Aseveración que, por su generalización y la militancia del ponente, no constituye una crítica a las enmiendas políticas secundarias aprobadas por este tipo de constituciones, sino a la realización de la Asamblea Constituyente planteada por el Presidente Electo Rafael Correa, seguramente conciente de que el objetivo planteado por el Presidente Electo es el «redactar una nueva Constitución Política del Estado y no meras reformas constitucionales».
Así planteado el problema cabe preguntarse ¿Cuáles son los principios de la economía social de mercado? Los postulados básicos pueden reducirse a los siguientes:
– El modelo de la economía social de mercado sostiene que el mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de producción (es decir, el rasgo esencial del capitalismo) constituye tanto la modalidad más eficiente de coordinación económica, como también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política;
– La tarea del Estado es velar por el buen funcionamiento del mercado, a través de conferirle un margen de acción suficiente y no interferir en el ‘juego’ de la oferta y de la demanda.
– El papel del Estado antes mencionado, limita su acción, principalmente en el ámbito productivo. Por lo que induce a la privatización de las empresas públicas y la desarticulación de la denominada «economía mixta»;
– La participación del Estado en el mercado debe ser activa contra la formas monopólicas que afecten a la competencia, puesto que asumen que de ésta depende la eficiencia del mercado para generar bienestar social;
– La economía social de mercado reconoce que ni siquiera un mercado altamente eficiente satisface una adecuada distribución del bienestar social, por lo que agrega el concepto «justicia social», considerado como un elemento independiente del mercado. Por ello asume que el mercado es eficiente para la asignación de recursos, mas no para la distribución de los derechos de consumo.
Postulados que conforman la base teórica de lo que hoy se conoce como neoliberalismo, modelo respecto al cual el Presidente Electo Rafael Correa, durante toda la campaña electoral, en forma enfática y reiterada, afirmó que es menester desmontarlo. En consecuencia, el objetivo de la Asamblea Constituyente por la cual se pronunció la mayoría de ecuatorianos, es el modificar el modelo de desarrollo contenido en la Constitución de 1998, y, no circunscribirse a reformas políticas secundarias, como lo pretende la derecha ecuatoriana.
En ese objetivo, es igualmente inaceptable el argumento de Terán cuando expresa que: «La instalación de una Asamblea Constituyente significa una dictadura, ya que las reformas constitucionales tienen que ser tramitadas por el Congreso Nacional», puesto que ese el precisamente el camino para que no se produzca una profunda reforma, como lo comentamos en nota anterior, cuando afirmamos que: «Cuando las reformas o enmiendas a una Constitución existente, no tienen un carácter transformador, el poder para realizarlas se define como poder constituyente derivado». Poder que, en el caso del Ecuador, se derivó al Congreso Nacional, con todas las limitaciones establecidas en los Artículos 104, 130 y 203. Limitaciones que impiden, en la práctica, como ya se ha demostrado, la introducción de cualquier reforma constitucional.
En conclusión, como lo advierte Terán, las reformas pasan, ineludiblemente, por el desmantelamiento del modelo de economía social de mercado inscrito en la Constitución de 1998 vigente, por el reemplazo de éste modelo por otro más avanzado. Proceso que, para que llegue a feliz término, exige una Asamblea Constituyente de plenos poderes, lo que, a su vez, determinará la eliminación del Congreso Nacional, instancia que, tan pronto se instale la Asamblea Constituyente, carecerá de funciones significativas que ameriten su permanencia.