El flamante presidente de Ecuador, Rafael Correa, sufre frecuentes críticas por la supuesta falta de correspondencia entre sus políticas y su discurso, tanto en materia de relaciones exteriores como de alianzas internas. Algunas de las contradicciones que se le achacan se refieren al vínculo con la vecina Colombia y a los acuerdos políticos que su […]
El flamante presidente de Ecuador, Rafael Correa, sufre frecuentes críticas por la supuesta falta de correspondencia entre sus políticas y su discurso, tanto en materia de relaciones exteriores como de alianzas internas.
Algunas de las contradicciones que se le achacan se refieren al vínculo con la vecina Colombia y a los acuerdos políticos que su gobierno selló con los cuestionados ex presidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, ambos destituidos por el Congreso legislativo en medio de intensas protestas populares.
El 16 de diciembre, el gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio llamó en consulta a su embajador en Colombia y anunció que el diplomático no regresaría a su misión hasta que el gobierno de Álvaro Uribe suspendiera la fumigación con glifosato sobre cultivos de coca en la frontera con Ecuador.
En esa coyuntura, a pesar de la tensión y el firme rechazo expresado por el entonces canciller ecuatoriano Francisco Carrión, Correa aceptó una invitación de Uribe para reunirse con él en Bogotá, finalmente no concretada.
Ante una situación delicada, «lo último que se debe hacer es cortar la comunicación», se justificó entonces Correa.
La motivación de la cita habría sido «detener las fumigaciones», consideradas «un acto hostil de Colombia a Ecuador», dijo Correa, confiado en que podría mantener una conversación «franca» en la que Bogotá entendiera el «descontento del pueblo ecuatoriano».
Eso provocó malestar en esferas diplomáticas y militares de Quito, que calificaron la aceptación de la cita un grave error del futuro gobernante.
Una fuente del ejército ecuatoriano aseguró en la oportunidad a IPS que una visita de Correa a Uribe habría mostrado desconocimiento de las normas de la política internacional, pues ignoraba la postura del Estado ante un asunto «tan delicado como las fumigaciones en la frontera».
«El presidente electo y la nueva canciller (María Fernanda Espinosa) tienen que informarse para asumir una política de Estado, y no basarse en impulsos personales que pueden restar seriedad a su gobierno», afirmó el informante.
«Hay una estrategia en marcha, en la que no puede interferir el mandatario electo, ni creer que la solución a este tipo de problemas se puede encontrar con actitudes espontáneas», argumentó.
Finalmente, luego de visitar Venezuela y tras algunas idas y vueltas, Correa decidió no continuar su viaje rumbo a Colombia.
Pero el mayor error, según diversas organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, fue el acuerdo verbal alcanzado por Correa y Uribe en Managua, durante la visita de ambos en ocasión de la investidura del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Ecuador y Colombia coincidieron en crear una comisión tripartita a cargo de verificar las fumigaciones de glifosato en la frontera. El gobierno de Uribe también se comprometió a avisar sus futuras fumigaciones.
«Cada vez que vayan a fumigar cerca de la frontera nos avisarán el lugar para enviar inspectores y verificar que no esté pasando glifosato al lado ecuatoriano», afirmó Correa, quien consideró el acuerdo un inmenso paso adelante.
El nuevo presidente ecuatoriano agregó que la misión estudiará «si el glifosato afecta o no a la salud» –«nosotros creemos que afecta», acotó– y «recogerá testimonios del lado colombiano y del lado ecuatoriano».
La hoy canciller Espinosa declaró que se trataba de que «un gran logro diplomático» y argumentó que Ecuador no puede prohibir a Colombia que fumigue en su territorio, pero sí exigir salvaguardias para el territorio ecuatoriano.
Tal vez por desconocimiento, ni Correa ni Espinosa se percataron de que el acuerdo es casi idéntico a otro pactado en septiembre del 2003 entre el propio Uribe y Lucio Gutiérrez, el mandatario ecuatoriano.
El ex canciller Francisco Carrión, quien lideró la protesta de Ecuador por la reanudación de las fumigaciones colombianas en la frontera, señaló que el pacto era un retroceso porque desconocía otro anterior, firmado el 7 de diciembre de 2005 entre él y su par colombiana de entonces, Carolina Barco.
En ese acuerdo, Bogotá se comprometió a suspender las fumigaciones en una franja de 10 kilómetros desde la línea de frontera.
Para el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones, que reúne diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, el acuerdo implica renunciar a la garantía de la franja de exclusión.
Estos activistas lamentan que Correa no haya nombrado a Carrión como canciller y que ratificara a una de las ministras más cuestionadas del gobierno anterior, la de Ambiente, Ana Albán, a la que consideran privatizadora en materia de biodiversidad.
Dos días antes de dejar el gobierno, el ex presidente, Alfredo Palacio, con la anuencia de Albán, consagró su último decreto a establecer como política pública una Estrategia Nacional de Biodiversidad que, según los ambientalistas, considera la biodiversidad como mercancía.
Para la organización ambientalista Acción Ecológica, «el paradigma que rige esa estrategia es convertir a la naturaleza en una mercancía, para luego ser privatizada y vendida».
«Es bajo ese mismo paradigma que se elabora la propuesta de Ley de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, que a pedido de los movimientos indígena y campesino no fue tramitada en el Congreso» unicameral legislativo, aseguró la organización.
«Hacemos un llamado al nuevo presidente Rafael Correa que derogue ese decreto, pues como lo expresó en su discurso de posesión el Ecuador ya no está en venta», agregó.
Pero la eventual derogación del decreto supondría desconocer la autoridad de su propia ministra de Ambiente, lo cual la obligaría a renunciar.
Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil advierten que la designación de funcionarios como el nuevo presidente de la petrolera estatal Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzelli, contradice el combate anunciado por Correa contra la corrupción.
Algunos sectores también cuestionan el acuerdo al que llegó el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, con los ex presidentes Gutiérrez (2002-2005), cuyo partido cuenta con 24 legisladores, y Bucaram (1996-1997), que lidera a seis.
El pacto tiene el objetivo de alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, una de las propuestas de campaña de Correa. El Congreso podrá ahora autorizar una consulta ciudadana en torno de la convocatoria a elecciones para la Asamblea.
El acuerdo incluyó el nombramiento como máxima autoridad del organismo de fiscalización electoral de un dirigente del partido de Gutiérrez, quien así lograría el levantamiento de la sanción que le impide participar en actividades políticas, informaron medios de prensa.
Según esas versiones, también sería afín a Gutiérrez el próximo Contralor General de la Nación.
La mayoría parlamentaria dispuesta a reformar la Constitución está integrada además por los 11 diputados de los partidos socialdemócratas Izquierda Democrática y Red Etica, seis del indigenista Movimiento Pachakutik, tres del marxista Movimiento Popular Democrático, uno del Partido Socialista y otro del Movimiento Nuevo País.
El acuerdo alcanzado por el ministro Larrea no impidió a Correa afirmar dos días después que no confiaba en «un tipo como Lucio Gutiérrez», a quien acusó de traidor.
La adhesión del partido de Gutiérrez a la reforma evitó un choque de poderes al inicio del nuevo gobierno, destacó Larrea. «Ellos han decidido apoyar la Constituyente a cambio de absolutamente nada que no sea impulsar las transformaciones que el país requiere», aseguró el funcionario.
El acuerdo colocó a Gutiérrez ya su partido como actores fundamentales en las decisiones políticas del país.
Para el analista Alexei Páez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, «fue una jugada magistral, pero tiene un costo político», al romperse la imagen de que Correa no iba a pactar jamás con partidos cuestionados por la forma en que ejercieron el poder en el pasado.
Bucaram fue cesado de su cargo en 1997 por «incapacidad mental». Gutiérrez también fue destituido por el Congreso. En los dos casos hubo intensas movilizaciones populares opositoras.
Para el analista político Paco Velasco, director de Radio La Luna de Quito, el pacto con Alvaro Uribe, y el acuerdo con los partidos de Gutiérrez y Bucaram son dos resbalones del nuevo gobierno.
«Un resbalón no es caída, pero de resbalón y resbalón se puede concretar una caída seria», afirmó Velasco a IPS.
Las discrepancias de algunos sectores con la ratificación de la ministra del Ambiente y el nombramiento de otros funcionarios quedó en evidencia en el acto público en el que Correa designó el lunes a su gabinete.
Varios de esos funcionarios fueron reprobados mediante gritos contrarios de los presentes.
Eso provocó una reacción contraria del nuevo mandatario, que acusó a quienes protestaban de infiltrados y de faltar el respeto al país, aunque horas más tarde se disculpó alegando que había vivido un día tenso y aceptó que tenían derecho a criticar.
Por ahora, las esperanzas de cambio de la mayoría de los ecuatorianos están cifradas en este economista de 43 años, que cuenta con un respaldo de más de 70 por ciento de los ciudadanos entrevistados por firmas encuestadoras.
Sin embargo, su reacción negativa a las críticas puede transformarse en un bumerang e ir contra su popularidad.