Paraguay tiene la mejor oportunidad, tras seis décadas de dictadura del Partido Colorado, de librarse de éste último y poner en práctica las reformas que el país necesita, democratizándolo en términos políticos y sociales, para superar sus graves problemas económicos y sociales. El liderazgo de un gran combatiente de la oposición -el obispo de la […]
Paraguay tiene la mejor oportunidad, tras seis décadas de dictadura del Partido Colorado, de librarse de éste último y poner en práctica las reformas que el país necesita, democratizándolo en términos políticos y sociales, para superar sus graves problemas económicos y sociales. El liderazgo de un gran combatiente de la oposición -el obispo de la teología de la liberación, Fernando Lugo- permite al pueblo paraguayo disponer de una real alternativa frente a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, y a un ex dirigente de ese partido, Lino Oviedo, involucrado por la justicia en graves acusaciones como la participación en el asesinato de un ex vicepresidente, entre otras.
La elección se realizará el 20 de abril, en un solo turno. Lugo encabeza todas las encuestas con márgenes de ventaja que van del 5 al 10%. Por la tradición de fraudes cometidos por el Partido Colorado, se teme que pueda intentar repetir estos mecanismos e impedir una victoria que, sin fraude, parece inevitable, terminando así con la perpetuación de los colorados en el poder. Esta es una primera dificultad, que se trata de superar mediante la vigilancia de los movimientos que apoyan a Lugo y con la presencia de una gran Comisión de Control, que vigile la transparencia de la disputa, en especial en el campo, donde puede ser más fácil cometer fraudes.
El programa de la Alianza Patriótica para el Cambio, que reúne a 9 partidos políticos – entre ellos un tradicional, el Partido Liberal, y un nuevo, el Tekojoja -y a más de 20 movimientos sociales, propone una reforma agraria integral, que no signifique sólo una distribución de tierras, sino transformar a los campesinos y los indígenas, que son realmente los que trabajan la tierra, en sujetos de un nuevo modo de producción agrícola. Propone también un programa de reactivación económica estrechamente asociada a la equidad social, para que Paraguay deje de ser uno de los países más pobres y de mayor concentración de riqueza del continente, democratizando la reactivación económica. A la vez, propone la recuperación de la institucionalidad de la República y la independencia del poder judicial, despartidarizándolo, ambos elementos de la democracia política que permitan terminar con la apropiación del Estado por el Partido Colorado. Además, propone la conquista de la soberanía nacional, incluyendo la soberanía energética, para que Paraguay deje de ser sólo un país agrícola, ganadero y exportador de materias primas.
La renegociación de los contratos de Itaipú y de Yaciretá -firmados por la dictadura de Stroessner y por las dictaduras militares de los dos países vecinos – con los gobiernos argentino y brasileño forma parte de la plataforma de la candidatura de Lugo, así como de todos los candidatos, reflejando una especie de unanimidad nacional en Paraguay. Con los mayores recursos que pretende obtener, Fernando Lugo se compromete con un amplio programa social, que incluye:
– creación de empleos para 100 mil familias desocupadas, en trabajos comunitarios y en obras públicas, que costarán 300 millones de dólares por año;
– pensiones para 200 mil personas de la tercera edad, con un gasto total de 150 de millones de dólares anuales;
– créditos subsidiados para la producción por un monto de 150 millones, que generarán 18 mil nuevos puestos de trabajo por año;
– construcción de 40 mil casas por año, a un costo de 200 millones de dólares y creación de 50 mil nuevos puestos de trabajo al año;
– construcción de carreteras, obras sanitarias e infraestructura por 200 millones de dólares al año, creación de 50 mil puestos de trabajo anuales;
– contratación de 30 mil profesores para mejorar la educación, a un costo de 60 millones de dólares por año;
– construcción de 20 mil nuevas aulas por año, a un costo de 60 millones de dólares por año, creando 15 mil puestos de trabajo anuales;
– mejora de la educación primaria, media y técnica, con una inversión de 40 millones de dólares al año e incremento salarial para 10 mil profesores;
– apoyo a la investigación y a la cultura, utilizado 40 millones de dólares por año y generando 2 mil puestos de trabajo anuales;
– contratación de 10 mil enfermeros para atención primaria de la salud, con un gasto de 40 millones de dólares al año;
– compra de medicamentos por 50 millones de dólares al año para atención gratuita de salud;
– inversión en centros de salud por 40 millones de dólares anuales, creación de 10 mil nuevos puestos de trabajo al año;
– distribución de 30 mil lotes de tierra para campesinos e indígenas por año, con un costo de 90 millones de dólares anuales;
– asistencia técnica y crediticia a 300 mil familias campesinas indígenas, inversión de 90 millones de dólares anuales;
– tarifa del agua social para 800 mil familias, costo de 40 millones de dólares por año;
– tarifa eléctrica gratuita para 400 mil familias y tarifa social para otras 400 mil familias, costo: 40 millones de dólares por año;
– tarifa eléctrica productiva reducida para 50 mil pequeños productores, costo: 30 millones de dólares anuales;
– mejoramiento de redes eléctricas para 800 mil usuarios rurales y suburbanos, costo: 80 millones de dólares por año.
Lugo pretende elevar la recaudación del gobierno, con la renegociación de los contratos de Itaipú y Yaciretá, en 1800 millones de dólares, para poner en práctica ese programa de rescate social de Paraguay. Se crearán 315 mil empleos, se aumentará la renta de 310 mil trabajadores, entre tantos otros beneficios, que permitirán a Paraguay construir un país nuevo para su pueblo. Para eso tiene que contar con la solidaridad y el apoyo político y económico de todos los gobiernos, partidos y fuerzas sociales y culturales comprometidos con la democracia, la justicia social y la soberanía nacional. (Traducción ALAI)
– Emir Sader es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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