Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti
Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, ha sido condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad. El Tribunal ha aceptado las acusaciones lanzadas por el Fiscal Jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, si bien ha rechazado la acusación de genocidio. Se trataba de una imputación que mucha gente consideraba sin fundamento, entre ellos un jurista respetado y muy informado sobre la situación sudanesa como Antonio Cassese.
No se trata de poner en tela de juicio las responsabilidades del presidente Al-Bashir, que son sin duda muy graves, y no sólo en lo referente a la tragedia de Darfur. Lo que más choca de este asunto judicial, lo que merece una rápida reflexión es la figura del Fiscal Jefe, y por ende, la función misma de la Corte. A Moreno Ocampo se le va viendo cada vez más como una copia mala de Carla del Ponte, la antigua Fiscal del Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia. Ambos parecen destinados a pasar a la historia de la justicia internacional como magistrados gravemente condicionados por la lógica del poder internacional: una lógica que, al menos en teoría, no debería tener nada que ver con la tutela de los derechos humanos, la promoción de la paz y la justicia internacional.
Conviene recalcar ante todo que hasta ahora la actividad judicial de la Corte Penal Internacional -cuya jurisdicción está en vigor desde 2003- ha sido renqueante, casi nula. Hasta la actualidad el Tribunal se había limitado a una serie de investigaciones poco incisivas y a ordenes de arresto en el norte de Uganda, en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana: todas ellas áreas lejanas del epicentro geopolítico de los conflictos globales en los que hoy están implicadas las potencias occidentales; en especial, la superpotencia estadounidense.
Además, el Fiscal Ocampo se ha distinguido hasta ahora por su respeto reverencial hacia los Estados Unidos e Inglaterra. No dudó en archivar nada menos que 240 denuncias formales presentadas ante el tribunal relativas a crímenes que cometieron en Iraq las tropas angloamericanas. Aun teniendo plena competencia sobre todo en relación con Gran Bretaña, Ocampo no emprendió la más mínima investigación, y tuvo que recurrir a un motivo irrisorio: la ausencia de intención dolosa de las milicias angloamericanas que atacaron y luego ocuparon Iraq provocando la masacre de miles y miles de inocentes.
Por otra parte, cabe señalar que la fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha acometido ninguna investigación acerca de los crímenes cometidos por el estado de Israel en la Franja de Gaza durante las tres semanas de la operación sanguinaria «Plomo fundido». Pese a que la Autoridad Nacional de Palestina suscribió el estatuto de Roma, Ocampo objeta con mucha prudencia que se necesitan estudios atentos de teoría del derecho internacional antes que la Autoridad palestina pueda ser reconocida como sujeto del ordenamiento internacional.
¿Cómo explicar entonces que, en el caso de Sudán, Moreno Ocampo haya dejado de lado toda esa aristocrática discreción y haya hablado con cajas destempladas, atreviéndose a incriminar a un jefe de Estado cuya arrogancia es más que conocida? La respuesta es fácil. Fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien atribuyó a la Corte de modo excepcional la competencia para intervenir en Sudán, y eso que Sudán no está sometido a la jurisdicción de la Corte al no haber suscrito su estatuto. Esta operación la promovió Estados Unidos, que, a cambio, quería que los militares y civiles estadounidenses presentes en Sudán quedaran fuera de la jurisdicción de la Corte.
Una vez más nos hallamos ante el doble rasero del derecho penal internacional: por un lado, una justicia a medida para las grandes potencias del planeta y sus líderes; y por otra, los pueblos débiles, derrotados y oprimidos. Una vez más, la «justicia de los vencedores».
Fuente: http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/in-edicola/numero/20090305/pagina/11/pezzo/243857/
Danilo Zolo (Rijeka, 1936) es Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Florencia, Italia. Entre sus obras traducidas al español se encuentran: La democracia difícil, Cosmópolis y La justicia de los vencedores.
Gorka Larrabeiti es miembro de Rebelión y Tlaxcala.