A un año de la realización de la audiencia pública para impulsar la auditoría de la deuda externa en Argentina, el Movimiento «Proyecto Sur» organizó un nuevo evento junto con organismos sociales y culturales para revisar la deuda externa en ese país. La reunión se llevo a cabo en la Cámara de Diputados los días […]
A un año de la realización de la audiencia pública para impulsar la auditoría de la deuda externa en Argentina, el Movimiento «Proyecto Sur» organizó un nuevo evento junto con organismos sociales y culturales para revisar la deuda externa en ese país. La reunión se llevo a cabo en la Cámara de Diputados los días 14 y 15 de abril y contó con la participación del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el diputado nacional y pre-candidato presidencial, Fernando «Pino» Solanas y dirigentes partidos y organizaciones sociales de todo el mundo.
Durante el 2010, Fernando Solanas presentó un proyecto para constituir una comisión bicameral investigadora en el parlamento que investigue sobre los orígenes y la legitimidad de la deuda externa en Argentina, principalmente originada a partir del periodo encabezado por la dictadura militar entre 1976 y 1983. A pesar de contar con dictamen favorable en las comisiones, el proyecto fue paralizado por el oficialismo y espera ser tratado durante este año en el parlamento argentino. Adolfo Pérez Esquivel consideró que una de las principales consecuencias de la dictadura militar fue el endeudamiento externo argentino originado en forma ilegítima por el poder ejecutivo. Pérez Esquivel agregó que «La deuda externa es parte de toda la lucha contra la dictadura. Es una deuda manchada con la sangre del pueblo argentino». Para el premio Nobel de la Paz nuestra deuda es «una transferencia de capitales de una deuda inmoral e injusta que implica hambre y marginalidad para el pueblo argentino». La auditoría de la deuda permitiría diferenciar la deuda legítima de la ilegítima. «La deuda ilegítima sigue consumiendo recursos que deberían servir para cubrir las necesidades del pueblo argentino», agregó Pérez Esquivel.
Las Primeras Jornadas Interparlamentarias de DDHH y Economía organizadas por el bloque de Diputados de Proyecto Sur tuvieron como lema «Los Derechos Humanos en la Crisis Económica Global». La deuda ilegítima fue el eje central del debate.
El panel de apertura tuvo como principal expositor al presidente del Interbloque de Proyecto Sur, Fernando «Pino» Solanas y la intervención de la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, Victoria Donda Perez, quien sostuvo que «el pago de la deuda externa, sin ser sometido a una auditoría para determinar cuanto de ella es ilegal, afecta directamente a la capacidad de nuestros países de dar respuestas concretas a los problemas de nuestros pueblos». «América Latina demuestra que con voluntad política podemos dejar debe pagar una deuda ilegítima», aseguró Donda.
El evento contó con el apoyo de las redes Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo-Abya Yala Nuestra América, Jubileo Sur Américas y el Programa Sobre Deuda Ilegítima de la Federación Luterana Mundial, y la activa participación de representantes de Movimientos Sociales de la Región. Durante los dos días, en los que participaron parlamentarios y dirigentes de Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Chile, entre otros países, se debatió sobre las nuevas formas de endeudamiento en la crisis económica global, los procesos de auditorias de la deuda en Ecuador y Brasil y el marco político regional desde la llegada de los gobiernos progresistas a América Latina.
Eric Toussaint, presidente del Comité por la Anulación de la Deuda de los Países del Tercer Mundo CADTM (www.cadtm.org), sostuvo que «este encuentro marca el punto de partida de una serie de iniciativas regionales, en dirección a consolidar una agenda de trabajo parlamentaria, que avance sobre la auditoría de las deudas externas latinoamericanas y genere nuevas herramientas regionales como el Banco del Sur», solicitado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez en su última visita a Argentina.
El precandidato a presidente por el Movimiento Proyecto Sur, Fernando «Pino» Solanas tuvo a su cargo las palabras de introducción en las cuales remarcó que: «No hay en la historia nacional una sucesión de actos y estafas de la dimensión de la deuda externa argentina». «Frente a esta estafa el oficialismo impuso la idea de que hay que pagar la deuda. Néstor Kirchner nos mintió porque no escuchó el fallo del juez Jorge Balleteros. Esa sentencia dictada el 13 de julio de 2000 por el juez detectó no menos de 477 operaciones irregulares, afirmó Solanas. El diputado agregó que: «La sentencia firme del juez Ballesteros fue girada al Congreso para que se expidiera respecto de los numerosos delitos y fraudes cometidos en la formación de la enorme deuda externa que dejó la dictadura militar de 1976 1983. Las mayorías legislativas, obedientes al Poder Ejecutivo, durante una década ignoraron la sentencia y omitieron cumplir la obligación establecida en el Artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional. En ese lapso han habido reciclajes, megacanjes, reestructuraciones, y renovaciones de aquella deuda con frecuente capitalización de los intereses supuestamente adeudados, agrandando cada vez más el perjuicio al patrimonio nacional», afirmó Solanas.
Para finalizar el líder de Proyecto Sur se preguntó: ¿Por qué cayó tanto el nivel de vida de los argentinos en estos años? ¿Por qué cayó la calidad de la educación, de la salud, del sistema social, del transporte y de los servicios públicos? Porque la mayor parte de lo que acumuló la Argentina se destinó para pagar deuda. En estos años, hemos pagado cerca de 150 mil millones de dólares, a pesar de la mentira de Néstor Kirchner, que le hizo creer al pueblo argentino que pagándole al FMI 10.500 millones de dólares en 2005 y habiendo renegociado el quite de deuda, la deuda prácticamente se había acabado. Hoy, la Argentina debe más de 258 mil millones de dólares».
De la primer jornada participaron Fernando Pino Solanas; Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), las diputadas Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Victoria Donda (Libres del Sur), Graciela Iturraspe (SI), Mario Mazzitelli (Partido Socialista), Eric Toussaint (CADTM); Beverly Keen (Jubileo Sur), Claudio Lara (Sepla-Chile), Verónica Benas (SI), Ivan Valente (Diputado Nacional PSOL-Brasil); María Lucía Fatorelli (ACD-Brasil); Eduardo Macaluse (SI); Angel Furlan (Federación Luterana); Gioconda Saltos (Diputada Nacional Independiente-Ecuador); Wilson Arias (Parlamentario PDA Colombia); Humberto Tumini (Libres del Sur); J.Ignacio Acuña (CATDM Venezuela).
Beverly Keene, coordinadora del Secretariado internacional de Jubileo Sur, ha comentado al Observatorio SELVAS que «los parlamentos de nuestra América han optado mayormente por no meterse en profundidad en los problemas de endeudamiento y la relación de subordinación asumido por los gobiernos frente al poder concentrado del gran capital. Menos aún han asumido su rol de contralor desde una perspectiva de cumplimiento con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo el derecho a una vida digna, en un ambiente sano y libre de violencia. Pero es necesario destacar que la realidad de deuda en la región, si bien ha sufrido importantes cambios, sigue pesando fuertemente sobre el presente y futuro y con la crisis actual, y el nuevo empuje hacia el «capitalismo verde», lo que se vislumbra para los próximos años son procesos de endeudamiento y cesión de territorios y recursos aún más severos que en los años recientes del auge neoliberal. De ahí la importancia de estas Jornadas, donde hubo amplio debate y acuerdo entre las y los parlamentarios presentes, junto con las diversas redes y organizaciones sociales y políticas, de seguir trabajando en estrategias conjuntas a fin de profundizar la aplicación de estrategias desde los derechos humanos, a la resolución de problemas como la deuda y las consecuencias de las crisis económica, energética, alimentaria y climática, de difundir y multiplicar las experiencias de Auditoria integral de las deudas, y de movilizar a favor de la concreción de alternativas ya planteadas en la región, frente al poder de las finanzas y las instituciones financieras internacionales, como podrían ser el Banco del Sur, la desvinculación del dólar en el comercio intra-regional, la denuncia de los tratados bilaterales de promoción de las inversiones y de la jurisdicción de organismos virtuales como el CIADI.»
Angel Furlan – Federación Luterana Mundial, ha subrayado al Observatorio SELVAS que «desde mi punto de vista fue un buen encuentro. No hubo un número muy grande de parlamentarios de América Latina, entre uno y tres por país representado, pero tampoco era lo que se esperaba. Lo importante es que quedó clara la necesidad de un mayor contacto entre parlamentarios y también la de una mayor articulación entre los parlamentos y las redes y movimientos sociales. Si seguimos impulsando las cosas en esta línea creo que hay buenas perspectivas para el futuro (ver audio seminario: http://www.aldorso.com.ar/16-ABR-11_Notaalpie.htm).
LA DEUDA DE LA DICTADURA
Bajo la última dictadura la deuda externa argentina creció en forma desorbitarte, pasando de los 7.800 millones de dólares en 1975, a los 45.000 millones de dólares en 1983, utilizándose alrededor de 10.000 millones para la compra de material bélico y con la complicidad de los organismos internacionales, que sabiendo que se daba dinero para realizar estas compras, hicieron la vista gorda y miraron para otro lado. Es así, que en 2000, el Juzgado Nº 2 a cargo del juez Jorge Ballesteros, falló a favor de la denuncia presentada por Alejandro Olmos en 1982, declarando la Deuda Externa argentina como «ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta», un hecho histórico en el mundo. Respecto a este tema, Mario Cafiero afirma que «durante la última dictadura se contrajeron más de 30.000 millones de dólares de deuda, y los organismos que le prestaban a la Argentina sabían de las atrocidades que se cometían, por lo tanto instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), prestaron dinero a gobiernos dictatoriales, por lo que a esos préstamos se los puede considerar ilegítimos, y por lo tanto son delitos que no prescriben», señaló. Para el líder opositor y ex candidato presidencial de Proyecto Sur, Fernando «Pino» Solanas, «el fallo del juez Ballesteros pone de relieve el carácter ilegal e inmoral de la deuda externa contraída en la última dictadura. La Argentina no ha cumplido con la jurisprudencia nacional y tampoco con la internacional, cuando Bush a través de la justicia norteamericana, declaró que la deuda asumida por Hussein en Irak, al haber sido hechas por una dictadura, no se debían pagar. La deuda contraída por los militares en la Argentina es una estafa gigantesca, y por lo tanto no debe ser pagada», subrayó. Rapoport aseguró que «es difícil que se pueda establecer la discusión de la ilegalidad de la deuda, que está presente en la sentencia del Dr. Ballesteros, y que habla de la deuda contraída en la época de la dictadura. Lo que ocurre es que en la Argentina se licuó la deuda a los bancos, y se la trasladó a los bonistas. Por eso no se sabe con exactitud cuál es la deuda legítima y cuál la ilegítima», indicó. Este fallo de Ballesteros, en base a la denuncia de Olmos, permitió abrir las puertas a que se revea todo lo actuado durante años en materia de pagos de intereses de deuda externa, sobre todo durante la última dictadura, donde se vio incrementada en beneficio de empresas y sectores de la economía, y para ampliar negocios privados de varios de los miembros de la dictadura más feroz que vivió nuestro país. La deuda externa ha sido durante años un discurso que tenía como principal motor a los espacios progresistas de la Argentina, pero que una vez que han llegado al poder han cambiado radicalmente su forma de pensar, y terminan subordinados a los intereses de las grandes empresas y organismos internacionales de crédito.
ANTECEDENTES: EL CASO DE ECUADOR Y SU NO PAGO
Después de más de un año y medio de trabajo, una comisión formada a pedido del presidente Rafael Correa determinó que el 36% de la deuda externa de Ecuador es «ilegítima, corrupta e ilegal». En lo que significa el primer país del mundo que hace una auditoría completa de su deuda, el ejemplo de Ecuador remarca lo que sucede en la mayor parte de Latinoamérica, con deudas que fueron asumidas por feroces dictaduras y que en su mayoría tienen un origen profundamente ilegal. El informe final de esta comisión internacional de economistas y abogados, que incluyó al argentino Alejandro Olmos Gaona, reflejó con claridad las operaciones ilegales que concretaron los acreedores con aquellos que ocuparon el poder durante los últimos 32 años, con especial énfasis en la contraída durante la dictadura establecida entre 1976 y 1980 (ver: http://www.forumdesalternatives.org/ES/print.php?type=A&item_id=23825).
Para «Pino» Solanas, la decisión que tomó Ecuador «fue impecable, ya que el presidente Rafael Correa, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, nombró a un grupo importante de constitucionalistas y economistas para que auditaran completamente la deuda externa. Este grupo detectó que el 36% de la deuda ecuatoriana era falsa y una estafa para los intereses de los ecuatorianos, un ejemplo que nuestro país debería seguir», remarcó. «Asumo la responsabilidad de no seguir pagando la deuda y si tenemos que enfrentar juicios internacionales, los enfrentaremos. No puedo permitir que se siga pagando una deuda que a todas luces es inmoral e ilegítima», afirmó Correa al momento de anunciar la decisión gubernamental. Un ejemplo más en el que pueden basarse las autoridades nacionales si es que deciden ir a fondo con el tema de deuda externa y efectuar una auditoría sobre la misma, que pueda detectar la deuda que es legal de la ilegal, para de esa manera enderezar una situación que viene siendo muy endeble para los intereses del país (http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-10238-titulo-El_insoportable_pesar_de_la_deuda_externa).
LA DEUDA COMO DELITO
Alejandro Olmos Gaona, enfatiza que «los distintos ilícitos económicos cometidos durante la dictadura se continuaron en el tiempo mediante las sucesivas renegociaciones de la deuda que se hicieron con posterioridad a 1983, y a través de otros mecanismos empleados que se pusieron en funcionamiento para llegar a la suma que hoy resulta exigible por parte de los acreedores, a pesar de haberse pagado cifras que exceden a la que hoy actualmente se reclama al país. Es necesario enfatizar que la renegociación permanente de un hecho probadamente delictuoso, no hace desaparecer en ningún caso el vicio de origen o la ilicitud del acto, sino que por el contrario lo continúa, ya que la operatoria desarrollada con posterioridad a la dictadura por las autoridades económicas desde 1983 hasta la fecha -salvo algunos cambios circunstanciales- conservó la misma metodología. Los actos delictivos que configuraron la mayor parte de la deuda, ya que se encuentra probado que no se trató de operaciones de crédito convencionales, que aún hoy siguen condicionando estructuralmente el desarrollo de la economía argentina, no se terminaron en 1983, con la llegada de la democracia, sino que siguieron configurándose al refinanciar la deuda en forma permanente, determinando así consecuencias muchos más graves, que cuando se consumaron en su origen. El más claro ejemplo de ello fue el endeudamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a través de más de cuatrocientos préstamos ilegales que llevaron su pasivo de 363 millones de dólares en el año 1976, a 6.100 millones de dólares a diciembre de 1983. Existe continuidad del delito porque la deuda ilícita siguió incrementándose a través de los mismos mecanismos operativos -canjes, refinanciaciones, reestructuraciones-, por lo cual no resulta difícil su tipificación penal, al poder considerarse que en ningún momento hubo un cambio de modalidad, sino que ese ilícito originario -no obstante haberse consumado- siguió en lo que podría definirse como un estado de consumación continuada. Por otra parte, la deuda de la dictadura al no reconocer causa lícita no puede generar derecho alguno, ni tampoco ser objeto de novaciones a través de distintas renegociaciones, ya que nadie puede trasmitir un derecho mejor y más extenso del que poseía. El desconocimiento de principios fundamentales del derecho y el quebrantamiento del orden jurídico por partes de los gobiernos que sucedieron a la dictadura, hicieron posible la continua renegociación de actos ilícitos, y en consecuencia nulos de nulidad absoluta, substrayendo una descomunal masa de recursos vitales para nuestro pueblo, para seguir tributando a los acreedores extranjeros».
DEUDA Y DERECHOS HUMANOS
La legisladora Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina explicó en marzo 2010 que Libres del Sur ha propuesto «la creación de una comisión bicameral para auditar la deuda externa». «Hemos presentado una propuesta de ley de hacer una bicameral para controlar la deuda. Lo que se aplicaría es lo mismo que se hizo en Ecuador. Necesitamos seis meses para revisar al deuda», explicó.
Los diputados Fernando Fernando «Pino» Solanas, Claudio Lozano y Victoria Donda plantearon que el canje de deuda pública que organiza el ministro Amado Boudou para solucionar el tema de los holdouts es inconstitucional y solicitarán un recurso de amparo para suspenderlo y que se investigue la legalidad de la deuda . «Reafirmamos nuestra posición de ir a sesiones del Congreso con el compromiso de incluir la investigación de la deuda ilegítima y también la condición de crear un Fondo Nacional de Desarrollo para poner en funcionamiento la producción y obras del país», indicaron los legisladores en un comunicado del día 21 de enero de 2010.
En una decisión sin precedentes, la Cámara de Diputados argentina ha incorporado el día 15 de abril de 2011 al Código Penal el delito de la desaparición forzada de personas en un momento en el que son política de Estado los juicios por delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura (1976-1983). A partir de ahora, será un crimen la desaparición de una persona en la que «participen las Fuerzas de Seguridad y con el apoyo o la aquiescencia del Estado». Este delito, además, no prescribirá «hasta que se halle a la persona desaparecida o se restituya su identidad», recoge el documento. La iniciativa, que el Senado avaló el año pasado, no llegó a generar ningún debate de fondo en la Cámara de Diputados, y fue aprobada el miércoles con 157 votos a favor y sólo una abstención. «Este Congreso viene a saldar una deuda en ese sentido para cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos», expresó la diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos. «El pueblo argentino conoce sobradamente este tema», añadió la legisladora. «Sabemos lo que es no encontrar a un ser querido, lo que es no encontrar respuestas del Estado y lo que es el padecimiento de los familiares y allegados de las personas que no encuentran. Es un tema que no ha perdido actualidad», añadió Donda. La Convención contra las Desapariciones Forzadas, que impulsaron Francia y Argentina en 2007 y que entró en vigor en diciembre del año pasado, fue el primer paso que se dio ante la ONU para reconocer la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad
La presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda, dejó sus reflexiones luego de la muerte del represor el día 11 de noviembre de 2011: «El ex dictador Emilio Eduardo Massera muere impune, lo cual representa un profundo agravio a la democracia, a sus instituciones, a todas las personas que pensamos que el único lugar posible para un genocida es la cárcel. En fin, un agravio a toda la humanidad. Para la memoria de este pueblo Massera aparecerá siempre como un ser nefasto, alguien a quien la historia terminará condenando al sitio mas oscuro.»
Por otro parte, Donda explicó que «debemos reflexionar profundamente sobre cómo un personaje semejante puede vivir más de 30 años en total impunidad. Su muerte permite ver claramente que es mucho lo que falta por conquistar. Se ha avanzado a grandes pasos en los últimos años en cuanto a la condena de los crímenes del terrorismo de estado, mes a mes se van acumulando penas. Pero el caso de Massera no puede menos que dejarnos un sabor agridulce. Pero el pueblo argentino lo ha condenado. Estaba siendo juzgado en Italia por el asesinato de tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la dictadura, en ausencia, pero proceso al fin. En nuestro país había sido declarado insano para afrontar un juicio, y nunca fue extraditado.» Finalmente, para la legisladora de Proyecto Sur, «no hay que olvidar que Massera fue el gran maestro en la ESMA, por lo tanto fue el máximo responsable de la maternidad clandestina que funcionó dentro del centro de tortura. Hay ciento de familias buscando todos los días a los jóvenes que fuimos robados allí. Es necesario el máximo esfuerzo del poder judicial para que la causa ESMA avance al mayor ritmo posible. No puede morirse otro genocida impune.»
Hay que recordar que parecen no terminar las declaraciones racistas, insultantes del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, aunque para él sean siempre solo algunos «chistes». En este caso Berlusconi, en el medio de un acto político de Cerdeña, habló en febrero de 2009 de los miles de desaparecidos durante la dictadura militar argentina, muchos de los cuales fueron arrojados de aviones al Río de la Plata. Días que según Berlusconi: «Eran bellas jornadas, los hacían descender de los aéreos». Para la diputada Victoria Donda las declaraciones del primer ministro italiano «solo confirman los que todos ya sabemos de él. Un embanderado de las peores ideas que llevaron a Italia a ser aliado del nazismo en la segunda guerra mundial. Y que continúa con sus políticas racistas frente a la inmigración, como la de poner al ejército en el medio de la calle como si aquellos seres humanos que van a buscar trabajo y una vida mejor fronteras afuera de sus países fueran los culpables de las crisis económicas que generan los poderosos del mundo. El gobierno argentino debería pedir explicaciones oficialmente y hacer una denuncia ante los organismos de DDHH pertinentes por apología del delito frente a la irresponsable y irrespetuosa declaración de Berlusconi frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura de nuestro país». Para la legisladora estas declaraciones de Berlusconi «no me parecen una casualidad cuando por estos momentos la justicia italiana está estudiando la extradición del almirante Emilio Massera, represor que dirigía al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Por otro lado, Berlusconi, reconoció haber adherido a la logia masónica Propaganda Dos, P2, dirigida por Licio Gelli, y de la que también fuera parte el mismo Massera».
La legisladora Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina, nació en el campo de concentración ESMA y fue apropiada por un miembro del grupo de tareas de ese centro clandestino. Recuperó su identidad en 2004 y tres años después fue elegida diputada. Su libro «Mi nombre es Victoria «habla de la militancia, del camino recorrido antes y después del análisis de ADN, de su relación con quienes la criaron y con su familia biológica, en la que también hay un represor.
El Observatorio SELVAS ha acompañado directamente el ultimo proceso a los desaparecidos de origen italiana en Roma (http://www.mclink.it/com/inform/art/07n05239.htm) y ha escrito con el especialista Luigi Cancrini el articulo «Desaparecidos, quien no quiere la verdad» en el importante diario italiano UNITA’ del lunes 20 de febrero del 2006 (http://alainet.org/active/10575〈=es); participa en el debate sobre el Plan Cóndor en el Foro Social Mundial (http://www.deigualaigual.net/es/actualidad/global/3252-foro-social-mundial-y-plan-condor) y visibiliza la lucha de los movimientos sociales en la lucha en contra de la deuda externa (http://www.cadtm.org/spip.php?page=recherche〈=es&recherche=morsolin).
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. Colabora con Jubileo Sur, Latindadd, Cadtm. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.