La última decisión de Australia de trasladar a solicitantes de asilo a centros de detención ubicados en islas del océano Pacífico causó alarma en organizaciones de derechos humanos. La reapertura de esos centros de detención «podría derivar en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo una detención potencialmente infinita», alertó Pia Oberoi, consejera de la […]
La última decisión de Australia de trasladar a solicitantes de asilo a centros de detención ubicados en islas del océano Pacífico causó alarma en organizaciones de derechos humanos.
La reapertura de esos centros de detención «podría derivar en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo una detención potencialmente infinita», alertó Pia Oberoi, consejera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conversación con IPS.
El derecho humanitario internacional establece límites al periodo de detención de inmigrantes, además de que cada caso debe decidirse particularmente.
Pero Australia ha sido clara en que «los solicitantes de asilo transferidos a (centros en) las islas Nauru y Manus serán procesados de acuerdo con las obligaciones internacionales», dijo a IPS un portavoz del gobierno.
Aunque algunos de los inmigrantes que llegan a Australia en bote no están en condiciones legales de hacer reclamos válidos bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, muchos están protegidos por el derecho internacional humanitario, pues son víctimas del tráfico de personas.
El derecho internacional además los protege de ser devueltos a países donde sus vidas o su libertad podrían estar en peligro.
«El principio de no devolución tiene un alcance extraterritorial, lo cual significa que Australia tiene obligaciones cuando solicitantes de asilo e inmigrantes llegan a su jurisdicción o entran en su control efectivo, aun si son interceptados en alta mar», dijo Oberoi.
La decisión del gobierno australiano de reabrir esos centros de detención tiene el objetivo de disuadir la llegada por mar de solicitantes de asilo de diversos lugares del océano Pacífico, una peligrosa travesía que realizan en barcos pequeños y sobrecargados.
Más de 100 solicitantes de asilo han muerto ahogados intentando llegar a Australia en lo que va de este año.
«A través de un proceso regional y con el incremento de la recepción humanitaria, Australia busca poner fin a las trágicas consecuencias de los peligrosos viajes en bote por parte de solicitantes de asilo», dijo la fuente de gobierno.
Pero Oberoi discrepó con este enfoque, y señaló que «no hay evidencia empírica de que la detención disuada la inmigración irregular o de que desaliente a la gente de buscar asilo».
En el marco de un esfuerzo por lograr que los inmigrantes entren al país a través de los canales regulares, el gobierno australiano incrementó la cuota de ingreso de estos de 13.750 a 20.000 este año, y se comprometió a elevarla a 27.000 en 2017.
Sin embargo, Ben Farrell, representante en Canberra de la Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dijo a IPS que esa agencia prefería «un arreglo por el cual se permitiera a los solicitantes de asilo que llegan en bote ser procesados en el territorio de Australia», y no ser derivados a las islas.
Farell dijo que Acnur creía en la eficacia de los enfoques cooperativos en la región, y señaló que esas estrategias tenían el potencial de garantizarles protección a los solicitantes de asilo sin que corrieran riesgos en el océano.
La política de los centros de detención fuera del territorio australiano había sido abandonada en 2007 frente a quejas de que los refugiados pasaban meses recluidos antes de que se decidiera su destino.
En 2011, Australia negoció un polémico acuerdo con Malasia por el cual el primer país enviaría al segundo 800 solicitantes de asilo a cambio de recibir a 4.000 refugiados registrados.
Sin embargo, el acuerdo fue rechazado por la Suprema Corte australiana porque Malasia no es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.
«Para que un sistema como el propuesto con Malasia sea legal, no debe haber riesgos de que Australia eluda sus obligaciones internacionales de derechos humanos y ante la Convención en el trato a los solicitantes de asilo e inmigrantes», dijo Oberoi.
Este mes fueron interceptados 650 solicitantes de asilo que intentaban llegar a Australia en barco. El número anual de llegadas por esa vía representa dos por ciento de la inmigración total a este país.
Hasta marzo de 2011, el tiempo promedio que pasaban los detenidos en centros para solicitantes de asilo en Australia era de 213 días.