Marina Albiol Guzmán, Carlos Sánchez Mato y Alberto Arregui Álava abren su magnífico artículo sobre el TTIP -«La mentira y la explotación vestidas de acuerdo» [1]- con una cita de Robespierre: «De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los […]
Marina Albiol Guzmán, Carlos Sánchez Mato y Alberto Arregui Álava abren su magnífico artículo sobre el TTIP -«La mentira y la explotación vestidas de acuerdo» [1]- con una cita de Robespierre: «De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás están subordinadas a esta». Tenía razón el revolucionario francés; la tienen ellos en su elección.
El abismo entre ricos y pobres, señalan, se ha ampliado de tal manera que los «85 capitalistas más ricos del mundo, acumulan tanta riqueza como los 3.570 millones de personas más pobres del planeta». España, como es sabido, ocupa un lugar destacado en este escenario de inmensa regresión social: es el segundo país más desigual del mundo entre los denominados países desarrollados, el país «desarrollado» en el que más ha subido la desigualdad entre 2006 y 2010: 1,27 [2]
La realidad de nuestras vidas, prosiguen los autores, ha dejado en evidencia algunas de las grandes mentiras en las que se fundamenta el sistema económico en el que vivimos: «ni todos somos iguales, ni la crisis nos afecta por igual, ni hacemos los mismos sacrificios». De toda evidencia. Con la claridad y distinción a la que aspiraba el autor del Discurso del método: «La crisis del sistema económico, entre todos sus horrores, ha tenido la virtud de poner al descubierto, por exacerbación, la injusticia estructural en que está fundamentado. La concentración de la riqueza en pocas manos (en un polo, mientras en el otro se acumulan millones de seres humanos viviendo en la miseria) no es una maldición de los dioses ni un terrible accidente natural. Es la evolución lógica, buscada y planeada del sistema económico que domina el planeta, el capitalismo».
Como si fuera poco con lo anterior, comentan, «una nueva amenaza se cierne sobre nosotros en forma del tratado, que la Unión Europea y EEUU están articulando para garantizar este proceso de enriquecimiento». Hablan del TTIP, por supuesto, de «la santa alianza de las multinacionales de ambos lados del Atlántico, se alza como un nuevo ariete contra la clase trabajadora y la naturaleza de ambos continentes y en nuestro país recibe el respaldo, como no podría ser otra forma, del gobierno del PP y también de los dirigentes del PSOE». E igualmente, con la ayuda sumada inestimable de UPD y CiU. Lo demostraron el pasado junio en el Congreso de Diputados votando contra una propuesta de participación democrática de Izquierda Plural: unidos contra el derecho ciudadano a decidir en este ámbito.
Las negociaciones, como sabemos, se han caracterizado por la opacidad más absoluta. «Las élites tienen muy claro que si los detalles salieran a la luz, se produciría una auténtica rebelión que impediría su formalización».
Algunas de sus principales críticas:
1. El objetivo declarado es «aumentar el comercio y la inversión entre la UE y EEUU haciendo realidad que exista un área única para las empresas a ambos lados del Atlántico». Los obstáculos para esta meta ya no son los aranceles. Para las grandes corporaciones, el enemigo a batir son determinadas regulaciones y normativas. «Hay que socavar las leyes que supongan un obstáculo al comercio y la inversión».
2. Lo que se busca es un «mercado regulado a favor de las grandes empresas». Para eso exigen la creación de Tribunales Arbitrales Internacionales (ISDS) que «apliquen las normas más ventajosas para las empresas, por encima de los derechos laborales o económicos que establezcan las leyes de los países donde operen estas empresas, en lugar de acudir a los tribunales de justicia». No hablan de política ficción: «este tipo de demandas ya se interponen por empresas de EEUU, Suiza, Francia… contra países donde se producen cambios en las políticas económicas que puedan suponer mermas de los beneficios de las empresas, como en Egipto, Honduras, Argentina…» No es el futuro, es ya el presente.
3. En el terreno del derecho existe una vieja doctrina, la de la aplicación de la norma más favorable. Este principio se aplica para favorecer al débil frente al fuerte. El TTIP es la aplicación al revés de esta idea: «se aplicará la norma más favorable a las multinacionales y si se produce un cambio legislativo que la empresa considere que daña a sus intereses (pensemos en una reducción de jornada, anticipación de la jubilación, aumento del salario mínimo…) esa normativa no será de aplicación para dichas empresas». Alicia en tierra de monstruos.
4. Según estudios independientes, el Tratado destruiría 600.000 puestos de trabajo y daría lugar a una pérdida de ingresos de hasta 5.000 euros por persona al año. Los ingresos tributarios y el PIB se reducirían considerablemente en todos los países, especialmente en los europeos. «No se trata solo de que el TTIP constituye un ataque a las normas sociales, derechos laborales, protección del medio ambiente, a la agricultura sostenible y la democracia, sino también al empleo y el crecimiento».
¿Exageran los autores de este documentado artículo? ¿Se pasan tres pueblos y dos comunidades?
Ignacio García-Bercero es el jefe negociador europeo del Tratado con Washington. Entrevistado recientemente por María Sosa Troya [3] ha afirmado que «No acordaremos nada que rebaje los estándares europeos» -¡qué podía decir si no!-y ha apuntado cosas del siguiente tenor. ¿Creíbles?
Sobre la actual situación de las negociaciones:
«Ya hemos concluido una primera fase, en la que ambas partes han expuesto sus objetivos. Se están discutiendo más de veinte asuntos. En todos hemos avanzado. Lo más difícil es lo que tenemos aún por delante: reconciliar posiciones y llegar a un acuerdo ambicioso y equilibrado».
Aún queda bastante por hacer, admite. «Se trata, por ejemplo, de revisar la duplicación innecesaria en temas reglamentarios. La octava ronda se celebrará en febrero en Bruselas, pero antes habrá una reunión para asegurar que el nivel político está implicado». Hay espacio para la intervención.
Sobre el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, punto esencial, asunto sobre el que se le señala que el presidente Juncker y la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, han manifestado algunas discrepancias:
«No, ambos han dicho que ningún tribunal de arbitraje puede interferir con los procesos de jurisdicción nacional. El mandato de negociación que los Estados miembros entregaron a la Comisión deja claro que la inclusión o no de este instrumento en el acuerdo solo puede decidirse en una fase más avanzada de la negociación».
Para más adelante pues.
EEUU, se le recuerda, no está dispuesto a prescindir de este mecanismo. La postura de la UE que el señor Ignacio García-Bercero representa:
«Que se incluya o no en el acuerdo depende de que se cumplan ciertas condiciones… Es esencial que los procedimientos en materia de arbitraje sean transparentes y en conformidad con los más altos estándares de los Estados miembros. Cuando se habla de que se pretende establecer jurisdicciones secretas, esto se debe desgraciadamente a algunos de los más de 1.000 acuerdos bilaterales de protección de la inversión en los Estados miembros, que incluyen mecanismos de arbitraje. Pero en todos los acuerdos que ha negociado hasta ahora la UE -con Canadá y Singapur- se prevé la transparencia de los procedimientos arbitrales. Y en el acuerdo con Canadá los estándares están definidos de forma muy precisa para evitar que medidas legislativas perfectamente legítimas sean cuestionadas».
De cualquier forma, añade, lo que la Comisión y la UE realmente propondrán sobre este instrumento es una cuestión que está aún abierta «porque lanzamos una consulta pública debido a lo sensible del tema». ¿Consulta pública» Es esto: «Antes de final de año haremos un informe que se discutirá con los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Después diremos cuáles son para nosotros las condiciones aplicables en esta materia».
Sobre la falta de transparencia (la comisaria Malmström ha anunciado que los 751 diputados podrán -¡no han podido hasta el momento!- acceder a todos los documentos de la negociación -¿en nombre de quien se hace?-, que se harán públicas las propuestas formales:
«Nos hemos esforzado por asegurar un máximo de transparencia. Ahora en todos los temas de la negociación la propuesta de la UE será pública».
¿Pública, ahora? «Por supuesto, ciertos asuntos tienen que continuar siendo confidenciales porque debe haber un espacio para que ambas partes vean cómo reconciliar sus posiciones»
También están discutiendo con la Eurocámara «cómo definir las modalidades para que los textos que tienen que seguir siendo confidenciales sean en cualquier caso accesibles para todos los eurodiputados». No lo han hecho, pues, hasta el momento
Sobre la rebaja de los estándares de protección:
«No habrá nada en esta negociación que implique una rebaja de los estándares de protección en Europa, ya sea en materia de calidad, de protección del consumidor, de protección del medio ambiente, de privacidad o cualquiera de los valores que se encuentran reflejados en la legislación europea. La garantía principal es que cualquier pacto negociado por la Comisión tendrá también que ser acordado por todos los Estados miembros y ser ratificado por el Parlamento Europeo. La Comisión no va a negociar nada que implique una reducción del nivel de protección. Si acaso incluyese algo, no sería jamás aceptable para la Eurocámara».
El punto: «acordado por todos los Estados miembros y ser ratificado por el Parlamento Europeo.» ¡Un ámbito claro para intervenir presionando a nuestros gobiernos para que no firmen un acuerdo de estas características!
Sobre los transgénicos:
«No vamos a negociar ningún cambio en la legislación europea sobre transgénicos. EE UU tampoco nos lo está pidiendo. Donde han mostrado preocupación es en los casos en los que nuestra legislación no está siendo aplicada de forma eficaz por los retrasos en los procedimientos de aprobación.»
¡Vaya con los retrasos! ¿Se lo creen, se creen la perspectiva?
Sobre la privatización de los servicios públicos:
«La posición de la UE es clarísima: no negociamos al respecto».
Ibidem. ¿Se lo creen con la que ya está cayendo? ¿Alguien piensa que van a transigir con conquistas sociales de esta importancia?
En torno a los contratos públicos empresariales:
«Uno de los objetivos de la UE es que las empresas europeas sean tratadas en EE UU de la misma manera en que las empresas americanas son tratadas en Europa. Aquí los procesos de licitación se hacen sobre una base transparente y no se discrimina a las empresas americanas. En EE UU existe una legislación -Buy American Act- que establece que una empresa debe estar establecida en EE UU y asegurar que un cierto porcentaje del valor del contrato, en algunos casos hasta el 100%, es americano para poder participar en un procedimiento de licitación. Esta legislación discriminatoria es uno de los problemas importantes de la negociación.
Sobre los servicios financieros, uno de los puntos complicados:
«Para la UE sería paradójico que un sector en el cual la cooperación es tan importante se excluyera del TTIP. No se trata de cambiar los niveles de protección, sino de asegurarse de que los reguladores de ambas partes cooperen de buena fe y que examinen la posibilidad de establecer reconocimientos mutuos de equivalencias en el sector financiero, dejando muy claro que al final depende de la decisión de cada regulador».
Este es el objetivo europeo, «pero de momento la posición americana continúa siendo bastante reticente»
Sobre los estudios económicos que apuntan que las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea tras la firma del acuerdo -119.000 millones de euros en beneficios y 400.000 puestos de trabajo- son demasiado optimistas:
«Hay muchísimos estudios económicos. Y no todos arrojan la misma cifra. El que presentó la Comisión antes del lanzamiento de la negociación hablaba de que este pacto supondría un aumento anual en el PIB de la UE de en torno al 0,5% a partir de los diez años de su aplicación. Parece una cifra realista. Eso no quiere decir que no vaya a tener efectos inmediatos; por ejemplo, si conseguimos que los aranceles americanos, en su gran mayoría, se eliminen desde el primer día. Y lo mismo ocurre con el tema reglamentario».
Ninguna referencia a los estudios críticos que apuntan hacia escenarios muy distintos. Esta, por ejemplo, es una de las investigaciones a tener en cuenta: Jeronim Capaldo. Impacto del TTIP elaborado por Universidad de Massachusetts, Estados Unidos.
En fin, una de las reflexiones más significativas: se conseguirá reducir la oposición de ciertos sectores sociales al acuerdo se le pregunta al responsable de la UE en las negociaciones. Su respuesta:
«El hecho de que haya un gran debate sobre política europea es una señal de que existe una democracia activa. No solo la Comisión, sino también los Estados miembros tienen que estar implicados en un debate público para dejar claro qué estamos negociando y qué no. El texto del acuerdo será público mucho antes de que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tengan que pronunciarse sobre él. Es cierto que los acuerdos comerciales son muy técnicos y reconozco que hay que hacer un esfuerzo continuo de pedagogía».
¿Notan la presencia de la ciudadanía en algún nudo de esta compleja figura? ¿Se habla de consultarla, de que pueda manifestar su opinión sobre un asunto tan importante? Estados, Parlamento europeo,.. ¿no es esta es la máxima «democracia activa» a la que se hace referencia?
En síntesis: es más necesario que nunca estar informados, organizados y movilizados. Nos va nuestro futuro, y no es ninguna exageración, en ello, en el TTIP, una las aristas más crueles, antiobreras y anticiudadanas de la contrarrevolución empresarial a la que se nos quiere someter… y derrotar. ¡En pie de resistencia, de pedagogía crítica, de denuncia constante, de lucha democrática!
Notas:
[1] http://blogs.publico.es/dominiopublico/11927/ttip-la-mentira-y-la-explotacion-vestidas-de-acuerdo/
[2] Thomas Gualtieri, El País, 6 de diciembre de 2014, p. 30.
[3] El País, 4 de diciembre de 2014, p. 4
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