Cuando los talibanes tomaron el poder por primera vez en 1996, uno de sus primeros actos políticos fue ahorcar al derrocado presidente afgano Mohammed Najibullah en la plaza Ariana de Kabul.
El 15 de agosto de 2021, los talibanes, en su retorno al poder, derrocaron al gobierno de Ashraf Ghani, exfuncionario del Banco Mundial y doctor en antropología por una de las instituciones educativas del grupo de los ocho más prestigiosos de Estados Unidos: la Universidad de Columbia.
En una publicación en Facebook, Ghani dijo que huyó a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, en busca de refugio porque «iba a ser ahorcado» por los talibanes. De ser así, los talibanes se habrían ganado el dudoso honor de ser el único gobierno del mundo que ha ahorcado a dos presidentes.
Pero, afortunadamente, no fue así. Ghani, sin embargo, negó que hubiera huido del palacio presidencial cargando varias maletas con millones de dólares robados del tesoro del país.
El 12 de abril de 1980, Samuel Doe encabezó un golpe militar en Liberia y asesinó al presidente William Tolbert en la mansión ejecutiva. El país de África de la costa occidental fue fundado por antiguos esclavos afroamericanos emancipados y su capital lleva el nombre del quinto Presidente de Estados Unidos, James Monroe.
Todos los integrantes del gabinete de Tolbert desfilaron públicamente desnudos, se alinearon en una playa de la capital y fueron fusilados en el lugar. Según informaciones de la cadena británica BBC del 13 de abril, «los 13 altos cargos del gobierno derrocado de Liberia fueron ejecutados públicamente por orden del nuevo régimen militar».
Entre los ejecutados además de lo defenestrados ministros estaba el hermano mayor del presidente. Fueron atados a estacas en una playa próxima a los cuarteles del ejército en Monrovia y fusilados, dijo la BBC.
Periodistas que habían sido trasladados a los cuarteles para presenciar las ejecuciones dijeron que habían sido crueles y desordenadas.
Pero aún ahora algunos países aumentan los asesinatos patrocinados por el Estado.
En un nuevo estudio publicado el 16 de mayo, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) afirma que 2022 registró el mayor número de ejecuciones judiciales en todo el mundo, desde 2017.
La lista incluye 81 personas ejecutadas en un solo día en Arabia Saudí y otros 20 países de los que se sabe que han llevado a cabo ejecuciones.
AI acusó a Medio Oriente y el norte de África de llevar a cabo “asesinatos exprés”, mientras aplaudió que hubo seis países que abolieron total o parcialmente la pena de muerte
Se tuvo noticia de la ejecución documentada de 883 personas en 20 países, lo que supone un incremento de 53 % respecto a 2021.
Este repunte de las ejecuciones, que no incluye los miles que se cree que se llevaron a cabo en China el año pasado, estuvo encabezado por los países de Medio Oriente y el norte de África, donde las cifras registradas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022.
Otros países que aplican la pena capital son Irán, Myanmar, China, Corea del Norte, Vietnam, Estados Unidos y Singapur.
Simon Adams, presidente y director ejecutivo del Centro para las Víctimas de la Tortura, la mayor organización internacional que trata a los sobrevivientes de esa práctica y aboga porsu fin en todo el mundo, dijo a IPS: «Cuando se quita la pompa y la ceremonia judicial, la pena de muerte no es más que un asesinato frío, calculado y patrocinado por el Estado».
En su opinión, viola el derecho humano universal a la vida y constituye claramente un castigo cruel, degradante e inusual.
“Aunque un número sin precedentes de Estados de todo el mundo consideran que la pena capital es una práctica anticuada y regresiva, es cierto que las ejecuciones aumentan en algunos Estados represivos», analizó.
Adams puso como ejemplo la respuesta del régimen teocrático a las manifestaciones masivas realizadas en Irán bajo el lema de «mujeres, vida, libertad», a raíz de la muerte de una joven detenida por llevar mal puesto el velo. Han usado la horca como castigo y herramienta para imponer el control social, ejecutando así a manifestantes, disidentes políticos y minorías problemáticas.
También recordó la reimplantación de la horca en Myanmar, por parte de los generales que no han logrado eliminar la oposición generalizada al régimen militar impuesto tras el golpe de Estado de 2021.
“Pero si algo nos enseña la historia es que los Estados pueden ejecutar a los presos políticos, pero no pueden matar sus ideas», dijo Adams.
A su juicio, “es moralmente reprobable” que dos Estados que forman parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China y Estados Unidos, “estén entre los verdugos más prolíficos del mundo de su propio pueblo”.
“Es hora de que Estados Unidos y China se unan a los 125 Estados miembros de la ONU que han pedido públicamente una moratoria de la pena de muerte», declaró Adams.
En algunos países, la forma brutal en que se impone la pena de muerte no solo puede constituir un castigo cruel, degradante e inusual, sino también tortura.
“El hecho de que la horca pública, la decapitación, la electrocución, la lapidación y otras prácticas bárbaras sigan existiendo en el siglo XXI debería avergonzar a toda la humanidad”, señaló.
Sobre el papel de la Organización de las Naciones Unidas, Adams consideró que “la ONU debería sin duda desempeñar un papel más activo en la promoción de la abolición mundial de la pena capital».
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado que los países de la región de Medio Oriente y el Norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando “un cruel desprecio por la vida humana”.
“El número de personas privadas de la vida aumentó drásticamente en toda la región; Arabia Saudí ejecutó a la asombrosa cifra de 81 personas en un solo día. Más recientemente, en un intento desesperado por acabar con la revuelta popular, Irán ejecutó a personas simplemente por ejercer su derecho a protestar”, detalló.
Resulta especialmente inquietante que solo tres países de la región hayan llevado a cabo 90 % de las ejecuciones conocidas fuera de China.
Las ejecuciones registradas en Irán se dispararon de 314 en 2021 a 576 en 2022. En Arabia Saudí las cifras se triplicaron, al para de 65 en 2021 a 196 en 2022, la cifra más alta registrada por Amnistía en 30 años. Mientras, en Egipto se ejecutó a 24 personas.
Según AI, el uso de la pena de muerte permaneció rodeado de secretismo en varios países, entre ellos China, Corea del Norte y Vietnam, de los que se sabe que utilizan ampliamente la pena de muerte.
Por ello la cifra real de ejecuciones de la pena de muerte en el mundo es significativamente superior a la documentada.
Pese a desconocerse el número en China, por ejemplo, está claro que este país sigue siendo el verdugo más prolífico del mundo, por delante de Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, crítico con la pena capital, condenó «enérgicamente» las ejecuciones llevadas a cabo el pasado mes de julio por el ejército de Myanmar contra cuatro activistas políticos de ese país: Phyo Zeya Thaw, Kyaw Min Yu (Ko Jimmy), Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, y dio el pésame directamente a sus familias.
Guterres “se opone a la imposición de la pena de muerte en cualquier circunstancia”, declaró su portavoz entonces. “Estas ejecuciones, las primeras que se llevan a cabo en Myanmar desde 1988, suponen un nuevo deterioro de la ya de por sí grave situación de los derechos humanos en Myanmar”, añadió.
En sus informes, el secretario general confirma la tendencia hacia la abolición universal de la pena de muerte y destaca las iniciativas que limitan su uso y aplican las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a muerte.
Mientras tanto, AI afirmó que había un rayo de esperanza, ya que seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente el año pasado.
Kazajstán, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana y Sierra Leona abolieron la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia lo hicieron solo para los delitos comunes.
En diciembre de 2022, 112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y nueve solo para los delitos comunes.
El impulso positivo continuó cuando Liberia y Ghana adoptaron medidas legislativas para abolir la pena de muerte, mientras que las autoridades de Sri Lanka y Maldivas se comprometieron a no recurrir a la aplicación de condenas a muerte. En el parlamento de Malasia también se presentaron proyectos de ley para abolir la pena de muerte obligatoria.
“Mientras muchos países siguen relegando la pena de muerte al basurero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo. Las brutales acciones de países como Irán y Arabia Saudí, así como China, Corea del Norte y Vietnam, son ahora minoritarias. Estos países deben ponerse al día urgentemente, proteger los derechos humanos y aplicar la justicia en lugar de las personas», afirmó Callamard.
La máxima responsable de AI insistió en que “con 125 Estados miembros de la ONU -más que nunca antes- pidiendo una moratoria de las ejecuciones, AI afirma que nunca se ha sentido más esperanzada de que este abominable castigo pueda y vaya a quedar relegado a los anales de la historia”.
“Pero las trágicas cifras de 2022 nos recuerdan que no podemos dormirnos en los laureles. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte sea abolida en todo el mundo”, concluyó.