Las familias explican que esconden a sus hijos para evitar que se conviertan en carne de cañón.
Farhad, refugiado rohingya que fue secuestrado en el campamento de personas refugiadas de Balukhali, Bangladesh. Fotografía del 2021 extraída del teléfono de su hermano Mohammad. RFA ha difuminado el rostro de Farhad para proteger su seguridad. (Suza Uddin/RFA)
El niño de la foto parece serio, amable y, sobre todo, muy joven.
Muhammad mira a menudo esta instantánea de su hermano pequeño, Farhad. Es una de las pocas fotos que tiene del chico de 13 años, desaparecido desde hace meses.
En mayo, Farhad fue secuestrado cuando volvía a casa de la escuela, situada dentro del extenso campamento de personas refugiadas de Balukhali, en Bangladesh (los nombres de ambos hermanos, junto con los de otras personas residentes en el campamento, se han cambiado para proteger su seguridad). Farhad y sus cuatro hermanos habían estado viviendo en Balukhali desde agosto de 2017, tras huir de la sangrienta represión militar en el país vecino, Myanmar.
“No soy solo su hermano”, declaró Muhammad, de 26 años, a Radio Free Asia en junio. “Soy como su padre; él es como mi hijo”.
En las semanas posteriores a la desaparición de Farhad, un desesperado Muhammad reconstruyó algunos de los movimientos de su hermano a través de un puñado de llamadas telefónicas con él. Pero ha habido muchas más preguntas que respuestas.
Aunque Muhammad no sabía quién exactamente había secuestrado a Farhad, el campamento de Cox’s Bazar está invadido por pandillas. Varias de ellas han estado secuestrando a refugiados rohingya y llevándolos de vuelta, a través de la frontera, para luchar en la guerra que asola Myanmar.
Junto con otras formas de violencia, los secuestros llevan mucho tiempo ocurriendo en los campamentos. Hombres y mujeres son víctimas de la trata con fines laborales o sexuales, los liderazgos son secuestrados como castigo por su labor de incidencia y, a veces, las personas refugiadas son secuestradas simplemente para extorsionar a sus familias.
A partir de principios de este año, sin embargo, apareció una forma distinta de secuestro. Ante las crecientes pérdidas en el campo de batalla, la junta militar de Myanmar anunció en febrero que empezaría a aplicar una ley de reclutamiento que llevaba mucho tiempo inactiva. En el estado Rakhine, donde la junta está luchando contra varios grupos de la resistencia, sus esfuerzos por añadir soldados no se han detenido en la frontera. Justo al norte, los campamentos de Cox’s Bazar, con su población de personas refugiadas, numerosa y atrapada, y sus arraigadas empresas criminales, parecen haberse convertido, tanto para los militares como para sus fuerzas opositoras, en unidades de reclutamiento forzado.
En sus llamadas telefónicas, Farhad contó a Muhammad que había sido introducido ilegalmente en el estado Rakhine y llevado al sur, a Buthidaung. Después lo entregaron al ejército de Myanmar, que lo internó en un campo de entrenamiento con otros 40 hombres y niños rohingya. Durante las dos primeras semanas, Farhad recibió adiestramiento en el manejo de armas, pero finalmente lo sacaron del entrenamiento formal y le ordenaron que ayudara a cocinar y a hacer recados para los soldados, según contó a su hermano por teléfono.
“El secuestro y el reclutamiento forzoso en Myanmar y en los campamentos es una de esas cosas tan horribles que, aunque todo es ya tan terrible aquí… las cosas están empeorando de nuevo”, afirmó Jessica Olney, analista independiente que lleva años cubriendo la crisis de personas refugiadas rohingya y que en mayo publicó un documento sobre las condiciones dentro del campamento para el Instituto de la Paz de los Estados Unidos.
Secuestros como el de Farhad han cambiado la vida de las personas refugiadas en los campamentos, infundiendo una nueva forma de terror entre una población profundamente traumatizada. Las tiendas permanecen cerradas, al igual que las puertas. Las calles, antes abarrotadas de niños jugando y hombres jóvenes deambulando, han quedado en silencio. La aparición de un forastero solo suscita miradas de desconfianza. Muchas familias han empezado a esconder a hijos, hermanos y sobrinos.
Desde el secuestro de Farhad, sus compañeros viven con el temor de convertirse en la próxima víctima, según Muhammad. “La mayoría de los estudiantes tienen miedo”, dijo. “Pero ahora es una especie de nueva normalidad”.
‘Ahora nos tortura nuestra propia gente’
El pueblo Rohingya, minoría étnica musulmana, llevan mucho tiempo sufriendo violencia y persecución en su Myanmar natal, donde no se les reconoce legalmente como parte de la ciudadanía. Durante décadas, muchas de las personas que huyeron de esta situación acabaron en las docenas de campamentos de Cox’s Bazar, ciudad costera de Bangladesh que lleva el nombre de un colono británico del siglo XVIII que gestionó el reasentamiento de personas refugiadas.
El derramamiento de sangre en Myanmar alcanzó su punto álgido en agosto de 2017, cuando una campaña militar de violaciones, incendios provocados y asesinatos hizo huir a más de 740.000 personas rohingya hacia Bangladesh. Los Estados Unidos, la ONU y otros organismos han calificado esos ataques de genocidio.
En la actualidad, más de un millón de personas rohingya viven hacinadas en campamentos de lonas y bambú, donde Muhammad y su familia intentan, a pesar de las dificultades, ganarse la vida.
El gobierno de Bangladesh, sin embargo, sigue considerando a las personas refugiadas rohingya como residentes temporales y las condiciones dentro de los campamentos son desoladoras.
Los corrimientos de tierras y los incendios provocan muertes con regularidad, mientras que la falta de saneamiento y agua potable hace que la sarna, el cólera y otras enfermedades sean alarmantemente comunes. La escolarización y la atención sanitaria son difíciles de conseguir, no hay alimentos suficientes y casi nadie está legalmente autorizado a tener un empleo.
A estos retos se suma el empeoramiento de la situación de seguridad, que hace que cada vez más personas huyan de los campamentos. Los secuestros y los incendios provocados se han convertido en moneda corriente, al igual que las drogas, el tráfico de personas y la extorsión. El año pasado, al menos 90 personas murieron en los campamentos de Cox’s Bazar, atrapados en medio de las luchas de delincuentes por el territorio.
Aun así, un flujo constante de personas rohingya no tiene otro lugar a donde ir que Cox’s Bazar. De vuelta en Myanmar y según observadores, la guerra en el estado Rakhine puede estar acercándose a otro genocidio. Amnistía Internacional advirtió este mes de que los últimos ataques, en los que se bombardeó a civiles que huían, “guardan un parecido terrorífico con las atrocidades de agosto de 2017”.
La situación ha hecho que las personas rohingya sean doblemente vulnerables para los delincuentes: las personas que huyen de Myanmar deben pagar a contrabandistas para que los lleven a Cox’s Bazar. Al mismo tiempo, aquellas personas que intentan abandonar los campamentos, a través de un arriesgado viaje por mar hacia Malasia o Indonesia, también deben pagar cientos, o incluso miles de dólares, a traficantes.
A menudo, los traficantes están vinculados a pandillas que controlan los campamentos. Los grupos más numerosos se originaron dentro de Myanmar como movimientos militantes rohingya, pero han ampliado sus operaciones a delitos fuera de las fronteras del país.
El secuestro de hombres e incluso niños para que sirvan como combatientes, ayudantes y carne de cañón, tanto para la junta como para las fuerzas opositoras, o bien para venderlos de vuelta a sus desesperadas familias, parece haberse convertido en otra fuente de ingresos, declararon personas refugiadas rohingya a RFA.
Moustafa, otro refugiado que vive en los campamentos, solía visitar a menudo la tienda de té de un pariente. Los cotilleos que él y sus amigos compartían allí representaban una rara muestra de normalidad para aquellos cuyas vidas habían sido trastocadas repetidamente.
Ahora, esos momentos son imposibles, declaró a RFA en junio. Una semana antes, Moustafa estaba sentado en su butaca habitual, cuando un grupo de hombres armados secuestró a dos jóvenes a las puertas de la tienda. Moustafa pensó que los secuestradores trabajaban para el Ejército Arakan (AA, por sus siglas en inglés), el brazo armado del movimiento de autodeterminación predominantemente budista Rakhine o Arakanese (el AA ha negado el reclutamiento forzoso, calificando tales afirmaciones de “infundadas” en una entrevista publicada en The New Humanitarian).
Días después de presenciar el secuestro, Moustafa seguía conmocionado.
“A veces la administración del campamento envía a la policía, pero la mayoría de las veces no lo hace”, explicó. “Vivir en el campamento es ahora muy duro. Fuimos torturados y desplazados por diferentes grupos [en Myanmar], y ahora nuestra propia gente nos tortura”.
Numerosos grupos armados operan en los campamentos. Entre ellos, destacan el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés) y la Organización de Solidaridad Rohingya o RSO. Analistas y personas refugiadas afirman que estas milicias, junto con el menos conocido Ejército Arakan Rohingya, son los principales responsables de los secuestros.
El ARSA saltó a la fama en agosto de 2017, cuando atacó 30 puestos policiales y bases militares en el estado Rakhine, matando al menos a 12 agentes y desencadenando la brutal represión militar que ocurrió después. El grupo ganó notoriedad en los meses y años siguientes, entre otras cosas por un ataque especialmente violento contra una aldea hindú y en el que murieron decenas, si no cientos, de personas.
En 2019, el grupo militante había dirigido su atención a la actividad criminal dentro de los campamentos, con un informe del grupo de derechos Fortify Rights señalando que ARSA había comenzado a secuestrar, detener y torturar a sus críticos.
La RSO, que existe desde hace cuatro décadas, ha llevado a cabo una campaña similar dentro de Cox’s Bazar.
En el caso de los secuestros para el reclutamiento, el grupo parece haber ido a por menores. “Nos dimos cuenta de que la RSO estaba utilizando coacción y aplicando tácticas de presión a sectores muy distintos de la población”, explicó John Quinley III, director de Fortify Rights. “Hubo algunos casos de reclutamiento forzoso de niños”.
Según el derecho internacional, es ilegal reclutar o enviar a combatir a menores de 15 años, aunque un protocolo facultativo sobre los derechos de la infancia, ratificado por la mayoría de los países, incluyendo Myanmar, eleva la edad a 18 años. El reclutamiento de civiles de cualquier edad, por parte de actores no estatales como ARSA y RSO, también es ilegal.
En julio, Fortify Rights publicó una investigación en la que se detallaba cómo grupos armados rohingya secuestraban a refugiados de los campamentos para entregarlos a la junta militar de Myanmar. Refugiados que habían sido secuestrados y que escaparon más tarde relataron a Fortify Rights que los habían atrapado en un mercado o en una cafetería, los habían llevado al otro lado de la frontera y los habían entregado a los soldados. Uno de ellos dijo que solo lo habían liberado cuando su familia entregó 850 dólares.
‘No hay lugar seguro para nosotros’
La amenaza de secuestro ha llevado a familias desesperadas a intentar poner a salvo a sus hijos. Dada la situación de inseguridad en todo Cox’s Bazar, eso es casi imposible.
A mediados de mayo, Damira envió a su hijo de 22 años a vivir con unos parientes en un campamento vecino de personas refugiadas. La familia acababa de llegar de Myanmar, huyendo de la violencia en Maungdaw, donde quemaron su casa y mataron a sus parientes. Pero su nuevo hogar en Cox’s Bazar les ha ofrecido poca sensación de seguridad.
“Comparado con Bangladesh, el miedo dentro de Myanmar era menor”, declaró Damira a RFA en junio. “Nunca imaginamos que tendríamos que esconder a nuestro hijo aquí”.
Casi no hay espacios protegidos dentro de los enormes campamentos poco vigilados. Los estrictos controles de Bangladesh sobre la libertad de movimiento de las personas refugiadas hacen que sea casi imposible salir, declaró Quinley. Y mientras que la agencia de la ONU para las personas refugiadas puede trasladar de un campamento a otro a cualquier persona que enfrente amenazas, “la RSO tiene una enorme presencia alrededor de todos los campamentos”, afirmó.
Es imposible saber cuántos niños, o adultos, han sido secuestrados en los campamentos para combatir dentro de Myanmar. Citando un informe confidencial de la ONU, AFP informó de que, hasta el mes de mayo, unos 1.500 rohingya habían sido reclutados a la fuerza en los campamentos. Un trabajador humanitario local dijo a RFA que creía que 3.000 habían sido secuestrados, pero varios analistas y trabajadores humanitarios reconocieron que no había forma de saber con seguridad cuántos refugiados habían sido enviados a luchar.
Ali, que cruzó a Bangladesh desde Myanmar hace siete años, dijo a RFA que la normalidad que tanto él como su familia habían logrado forjarse en los años transcurridos desde entonces, desapareció en el momento en que comenzó el reclutamiento forzoso.
“En los últimos meses hemos vivido con mucho miedo”, afirmó. En mayo, envió a su hijo de 16 años a vivir con unos parientes en otro lugar de los campamentos. Desde entonces, casi todos los días ha oído hablar del secuestro de un muchacho para su presunto reclutamiento forzoso. Le angustia la idea de no poder proteger a su hijo.
“Anteayer, mi hijo me dijo que la zona tampoco es segura. Todas las noches hay un grupo de personas patrullando. Cada vez que veían a un joven, lo apuntaban para arrastrarlo a Myanmar”, dijo.
“Hasta que muramos, no hay lugar seguro para nosotros”.
A día de hoy, las autoridades bangladesíes parecen incapaces o no están dispuestas a abordar la situación de inseguridad. Tanto Fortify Rights como Human Rights Watch publicaron informes el año pasado revelando corrupción generalizada, abusos y extorsión por parte del Batallón de Policía Armada o ABPn, que desde 2020 ha sido responsable de la seguridad de los campamentos. Varios altos funcionarios del ABPn declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados por RFA, aunque anteriormente el ABPn defendió su historial, afirmando el año pasado a BenarNews, que había hecho mucho para proteger a las personas que viven dentro de los campamentos.
Una trampa sin fin
Quinley, de Fortify Rights, afirmó que la RSO pareció cambiar de táctica en mayo, tras las protestas de las mujeres del campamento y la fuerte reacción de la comunidad en general. La RSO ha negado tanto el uso de niños como el cambio de táctica hacia la persecución de profesores y líderes, insistiendo en que no ha llevado a cabo ningún reclutamiento forzoso. En mensajes de audio publicados por Shafiur Rahman, periodista que dirige Rohingya Refugee News, el líder de la RSO, Ko Ko Linn, se refirió a estos informes como propaganda y se jactó de tener miles de voluntarios formados.
“No hay necesidad de que el público en general tenga miedo o abandone los campamentos”, dijo, según una traducción de Rahman.
Pero estas afirmaciones no ayudan a calmar los nervios de las personas residentes.
Meses después del secuestro de su hermano, Muhammad no está cerca de saber si fue la RSO, el ARSA u otro grupo el que se llevó a Farhad. Lo único que sabe es que su hermano fue a la escuela, intentó volver a casa y desapareció.
«No sé si está vivo o muerto, porque la última vez que pude hablar con él, mi hermano me dijo que se habían quedado sin comida», declaró Muhammad a RFA en junio. Mientras hablaba, la lluvia golpeaba las paredes delgadas de su humilde hogar y se filtraba por uno de los bordes del tejado. Su hijo de 4 años dormía en un rincón.
Según Muhammad, unas seis semanas después de ser obligado a cruzar la frontera, Farhad consiguió escapar con otros tres chicos. Llamó a su hermano desde la selva, diciéndole que habían encontrado a un traficante que podía introducirlo de nuevo en Bangladesh si le pagaban suficiente dinero. Muhammad pensó que la voz del chico sonaba débil y Farhad admitió que estaba enfermo. Mientras Muhammad pensaba cómo reunir los fondos para pagar la liberación de Farhad, su hermano se volvió ilocalizable: ya no podía hablar con él por teléfono.
De vez en cuando, cuando se siente asustado, estresado o enfadado, Muhammad marca un número, ahora inútil. Al otro lado, un mensaje pregrabado le dice que el teléfono está apagado. Pero es el último número en el que tuvo noticias de Farhad, así que, ¿qué más puede hacer? Intentarlo una, y otra, y otra vez.
Editado por Boer Deng y Jim Snyder.
Actualizado para señalar que el AA ha negado el reclutamiento forzoso.
Fuente original en inglés: Terror in Rohingya refugee camp as boys kidnapped to fight in Myanmar — Radio Free Asia (rfa.org)
Traducción al español: Cristina Alonso