Cinco años después del regreso de los talibanes al poder el 15 de agosto de 2021, Afganistán ha pasado de ser un caótico campo de batalla a convertirse en un Estado funcional, aunque profundamente autoritario.
Las tropas extranjeras se han marchado y los opositores, fragmentados, no han logrado plantear un desafío significativo al control centralizado de Kabul. El movimiento ha establecido un grado de seguridad interna inimaginable bajo el anterior Gobierno.
Sin embargo, esta estabilidad se sustenta en la exclusión sistemática, sobre todo de las mujeres, lo que deja al país en una situación de fragilidad económica y aislamiento político. Aunque los talibanes han demostrado que pueden gobernar sin el apoyo occidental, siguen siendo un paria internacional que gestiona una crisis humanitaria histórica.
El Afganistán actual es más tranquilo que antes de 2021, pero también es más pobre, está más aislado y es severamente represivo con la mitad de su población.
El principal logro del régimen en sus primeros cinco años fue la consolidación territorial. Los próximos cinco pondrán a prueba su capacidad para sobrevivir a las crecientes presiones internas y externas.
En el interior de la administración talibán
La historia central de los últimos cinco años es la acumulación paciente y silenciosa de poder por parte del receloso líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, que opera desde Kandahar. Desde su nombramiento en 2016, Akhundzada ha transformado el movimiento, pasando de ser una insurgencia a una rígida autoridad gobernante.
Akhundzada ha construido una poderosa red, asegurándose de que los puestos clave del Estado —entre ellos la presidencia del Gobierno, el banco central y la presidencia del Tribunal Supremo— estén en manos de personas de Kandahar. Esto se ve reforzado por un enorme sistema clientelar de aproximadamente 15.000 madrasas registradas, en las que los estudiantes reciben becas y los profesores, salarios según categorías. Esta red garantiza la lealtad del clero provincial —la base principal del movimiento— al otorgarles tanto prestigio como recursos sostenibles.
En Kabul figuras de alto perfil como el mulá Abdul Ghani Baradar, Sirajuddin Haqqani, Maulvi Yaqoob y Amir Khan Muttaqi gestionan la administración diaria, la política económica y la diplomacia exterior.
Sin embargo, el poder real reside en Kandahar, donde a principios de 2026 se aprobó discretamente un código de procedimiento penal de 119 artículos para consolidar la obediencia absoluta y tipificar como delito la crítica pública.
«La influencia de Hibatullah va mucho más allá de los asuntos religiosos: las principales decisiones políticas, judiciales y administrativas reflejan cada vez más las preferencias de los dirigentes de Kandahar», declaró a MEE Muhammad Israr Madani, analista afincado en Islamabad y coautor de un libro sobre la construcción del Estado en el Afganistán gobernado por los talibanes.
Esta centralización del poder en Kandahar ha «reforzado la capacidad de los talibanes para evitar la fragmentación interna», al tiempo que ha generado «resentimiento entre los comandantes que consideran que el poder se está concentrando en exceso en una sola facción», según declaró a MEE a principios de 2024 un líder talibán de rango medio que supervisaba Khost.
Sin embargo, hizo hincapié en que el desacuerdo interno no debe confundirse con un colapso inminente; los máximos dirigentes reconocen que un conflicto sin control podría provocar el derrumbe del régimen.
En última instancia, los talibanes han aprendido una lección crucial sobre la construcción del Estado: un control duradero requiere algo más que fuerza militar; depende del clientelismo, la influencia financiera, la alineación ideológica y la capacidad institucional para recompensar sistemáticamente la lealtad.
Vacío económico
Afganistán se enfrenta a una crisis económica multifacética caracterizada por la dependencia estructural y el aislamiento extremo.
Tras la toma del poder en 2021 Afganistán perdió las subvenciones internacionales que anteriormente cubrían el 75% del gasto público. El vacío financiero se vio agravado por la congelación de 7.000 millones de dólares en activos del banco central y la suspensión de la financiación humanitaria estadounidense a principios de 2025, que anteriormente representaba alrededor del 45% de la ayuda vital para el país.
Aunque los talibanes han gestionado la economía mejor de lo que muchos observadores esperaban, ampliando la recaudación de ingresos mediante aranceles aduaneros y regalías mineras más eficaces, esto no se ha traducido en una recuperación para los afganos de a pie.
Hoy en día alrededor del 75% de los afganos no puede satisfacer sus necesidades básicas.
Según un informe de mayo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el crecimiento económico se ralentizó del 2,3% en el ejercicio fiscal 2023/2024 al 1,9% en 2024/2025.
El rápido crecimiento demográfico, impulsado por la expulsión de más de cinco millones de afganos de Irán y Pakistán desde 2023, ha superado estos avances mínimos. En consecuencia, el PIB real per cápita se redujo aproximadamente un 2,1% en 2025/2026, lo que ha supuesto una carga para las comunidades, que se enfrentan a la escasez de empleo y a unas infraestructuras sobrecargadas, añadía el PNUD.
A esto se suman los desastres naturales, en particular los terremotos, el aislamiento diplomático y las severas restricciones bancarias internacionales, por lo que Kabul sigue sin poder acceder al apoyo del Banco Mundial y del FMI, lo que encierra al país en un ciclo insostenible de autosuficiencia forzada.
Incluso el logro más alabado por el régimen, la prohibición del opio que redujo el cultivo de adormidera en un 95%, ha supuesto una autodestrucción económica para los pobres.
Mientras que los agricultores propietarios de tierras obtuvieron ganancias de capital gracias al aumento vertiginoso de los precios de las existencias acumuladas, la prohibición diezmó los medios de subsistencia de los hogares rurales sin tierras que dependían del opio para obtener ingresos.
Las mujeres: el coste definitorio del régimen talibán
La opresión de las mujeres y las niñas sigue siendo el aspecto más condenado a nivel mundial del régimen talibán, y organizaciones internacionales como Human Rights Watch califican el sistema de «apartheid de género».
Una sucesión implacable de decretos del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha privado a las mujeres de libertades fundamentales, como las restricciones a la libertad de movimiento, al empleo y a la vida pública.
Las niñas siguen sin poder acceder a la educación secundaria, y a las mujeres se les prohíbe asistir a la universidad o impartir clases en ella. La aplicación de estas medidas se ha intensificado considerablemente, y las autoridades detienen a mujeres por llevar un «hiyab inadecuado» o por viajar sin un tutor masculino.
Como reflejo de esta crisis, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención secretas contra el líder supremo Akhundzada y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, alegando que la persecución por motivos de género constituye un crimen contra la humanidad.
Más allá de su coste humano, esta política supone un grave autosabotaje económico. Excluir a las mujeres del mercado laboral priva al país de un capital humano vital, al tiempo que acelera la fuga de cerebros.
Las Naciones Unidas estiman que restringir la participación femenina en el mercado laboral le cuesta a Afganistán hasta 1.000 millones de dólares al año, lo que supone casi el 6% de su PIB.
Las consecuencias estructurales, en particular la grave escasez de personal sanitario femenino, profesoras y funcionarias, han estado «paralizando la prestación de servicios básicos de salud y educación durante toda una generación», afirmó un experto humanitario con sede en Kabul que trabaja para un organismo de la ONU.
Al sacrificar a la mitad de su población para imponer la pureza ideológica, el régimen está «desmantelando las perspectivas del país de una recuperación económica sostenible y un desarrollo a largo plazo», declaró a MEE.
El amargo divorcio con Pakistán
La relación entre los talibanes y su patrocinador histórico, Pakistán, ha sufrido un colapso catastrófico, pasando de una alianza estratégica a una «guerra abierta» a principios de 2026.
En un principio, Islamabad celebró el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021 como una gran victoria geopolítica que aseguraría la frontera occidental de Pakistán y eliminaría la influencia india. El entonces primer ministro, Imran Khan, declaró que los afganos se habían liberado de «los grilletes de la esclavitud», mientras que el actual ministro de Defensa, Khawaja Asif, publicó una fotografía de un líder talibán junto al exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, con la leyenda: «Alá es grande».
Sin embargo, ese optimismo inicial se desvaneció rápidamente.
La negativa del Gobierno talibán a reprimir al grupo militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido coloquialmente como los «talibanes paquistaníes», convirtió la frontera entre ambos países en un foco de tensión activo.
Islamabad acusó al Gobierno talibán de proporcionar refugios seguros al TTP y acceso al armamento estadounidense abandonado, lo que provocó una fuerte escalada de los ataques transfronterizos.
Un informe reciente del Consejo de Seguridad de la ONU reforzó estas preocupaciones, reiterando que «la amenaza terrorista procedente de Afganistán se mantenía prácticamente sin cambios» y advirtiendo de que los refugios de los militantes suponen un riesgo persistente para los Estados vecinos y Asia Central.
En respuesta, Islamabad aplicó medidas coercitivas agresivas: deportó a unos 2,6 millones de afganos desde finales de 2023, cerró en repetidas ocasiones pasos fronterizos vitales y lanzó ataques aéreos de represalia dentro del territorio afgano.
Públicamente, los responsables talibanes rechazan las acusaciones de que den cobijo a combatientes del TTP y restan importancia a la violencia, calificándola de crisis de seguridad interna de Pakistán.
En privado, sin embargo, la gestión del TTP ha puesto de manifiesto profundas fracturas ideológicas dentro del régimen.
«Los elementos de línea dura dentro de las filas talibanes consideran a los militantes paquistaníes como compañeros de armas históricos, lo que hace que cualquier desarme forzoso sea políticamente impensable», afirmó un responsable talibán de nivel medio que ahora trabaja en el Ministerio del Interior.
Señaló que proteger al TTP está agravando el aislamiento internacional de Afganistán, mientras que tomar medidas agresivas contra él conlleva el riesgo de empujar a los combatientes descontentos directamente a las filas del Estado Islámico en la Provincia de Khorasán (ISKP).
Marginación de las minorías
El quinto año de gobierno talibán ha acelerado la exclusión sistemática de las minorías religiosas y étnicas de Afganistán, en particular de las poblaciones chiíes y hazara, que constituyen el 15% de la población del país.
A pesar de las promesas iniciales de inclusividad, la jurisprudencia chií ha sido eliminada de los sistemas jurídicos, las universidades y las escuelas, lo que ha supuesto la pérdida de las protecciones conseguidas bajo la antigua república.
Los líderes chiíes locales han destacado un reciente decreto talibán que ordena el cierre de dos instituciones culturales fundamentales: el Centro Educativo Khatam al-Nabieen y la cadena de televisión Tamadon. Además, el líder supremo Akhundzada ha excluido a los eruditos chiíes de los nuevos consejos provinciales de ulemas, incluso en provincias de mayoría chií como Bamiyán y Daykundi.
Los talibanes «están trabajando sistemáticamente para eliminar a nuestra secta del panorama jurídico y educativo del país», advirtió un clérigo chií hazara afincado en Quetta y vinculado a la comunidad chií afgana, que prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad.
Más allá de la población chií, los talibanes han lanzado una campaña de represión generalizada contra la minoría salafista con el pretexto de cortar la línea ideológica del ISKP, restringiendo severamente el acceso a las mezquitas y los seminarios.
Los analistas advierten de que esta represión de mano dura corre el riesgo de alienar a las comunidades locales y empujar a los jóvenes radicalizados directamente a las filas del ISKP, lo que agravaría la inestabilidad nacional.
Perspectivas
Cinco años después de volver al poder el régimen talibán parece afianzado militarmente, aunque estructuralmente frágil. Ninguna oposición organizada cuenta con el respaldo extranjero, el territorio ni el liderazgo unificado necesarios para amenazar a Kabul.
Los grupos armados, como el Frente Nacional de Resistencia, siguen fragmentados, incapaces de hacer frente al aparato de seguridad centralizado del régimen.
Sin embargo, la mayor amenaza para el régimen reside en su propia arquitectura política.
Las divisiones internas siguen agravándose, lo que ha llevado a Akhundzada a lanzar unas inusuales advertencias de que la discordia podría desmantelar el Gobierno desde dentro. Aunque estos fracasos políticos aún no han desencadenado una crisis de poder, un colapso total probablemente sumiría a Afganistán en una guerra civil, con consecuencias devastadoras para la población civil y desestabilización para sus vecinos.
La demografía plantea un obstáculo igualmente existencial. Con una economía estancada y una población que, según las previsiones, se duplicará para 2050, la supervivencia a largo plazo depende de garantizar medios de subsistencia, alimentos y empleo —un mandato que las políticas actuales no logran cumplir—.
A nivel internacional las relaciones pragmáticas con Rusia, China y los vecinos de Asia Central proporcionan un salvavidas económico sin necesidad del reconocimiento occidental. Sin embargo, al gobernar mediante un Estado policial ideológicamente extremo, los dirigentes corren el riesgo de alienarse por completo de la población.
Los próximos años pondrán a prueba si los talibanes pueden pasar de gobernar mediante la coacción a una gobernanza sostenible.
Dada su trayectoria, esta evolución sigue siendo improbable. En cambio, la persistente desesperación económica, la represión social y las tensiones regionales amenazan con reavivar la inestabilidad sistémica, lo que mantiene a Afganistán como un catalizador permanente de las crisis regionales.
Zia Ur Rehman es un periodista e investigador paquistaní que analiza la evolución de la democracia y los conflictos en Pakistán y países de la zona para diversos institutos de análisis político.
Texto en inglés: Middle East Eye, traducido por Sinfo Fernández.