Las décadas constantes y prácticamente ininterrumpidas de guerras en Afganistán que groseramente y sin sutilezas podríamos marcar entre fines de los años setenta hasta el 15 de agosto de 2021, han expulsado a millones de afganos. Aunque ese “hasta” habría que tomarlo con muchas comillas.
Esos millones de personas, que pueden sumar unos diez millones, fundamentalmente se fueron a Pakistán e Irán, en menor medida a las exrepúblicas soviéticas del norte (Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán) y en mucha menor medida a países del Golfo, Europa y los Estados Unidos, donde siguen padeciendo los infortunios derivados del estigma de su origen.
Por ejemplo, la crisis económica, política y de seguridad que vive Pakistán ha dado excusa al Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif para implementar, a partir de octubre del 2023, acciones como el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (PREI) para localizar y expulsar del país a los millones de afganos que han llegado en las sucesivas oleadas migratorias al ritmo de sus conflictos.
Dada la irregularidad de esos arribos, la permeabilidad de su frontera, conocida como la Línea Durand, y el tráfago constante que a través de ella se sucede, el número real es imposible de conocer. Aunque se calcula que nunca podría haber sido menor de siete millones de personas.
Se conoce que, a partir de la vigencia de esta disposición, medio millón de personal han sido devueltas a su país violando todas las normas legales que las amparaban (ver: Pakistán: expulsión, persecución y robo). Después de varias interferencias, la campaña continúa y en los últimos cuatro meses ya se ha expulsado a cerca de ochenta mil más.
El gobierno pakistaní alienta dichas operaciones por los ataques frecuentes de grupos como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) o el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), los que según Islamabad recibirían apoyo y financiamiento desde Kabul. Versiones que también son promovidas por los medios periodísticos, que convierten a cualquier afgano en un potencial terrorista.
Algo similar sucede en Irán, donde en las semanas posteriores a los ataques de Israel en junio de 2025, que dejaron cerca de mil muertos, diversas fuentes señalaron que muchos de los más de tres millones (documentados e indocumentados) de afganos exiliados en la república islámica tendrían vinculaciones con Tel Aviv y que en sus campamentos se fabricarían drones para operar desde y contra Irán, para instalar artefactos explosivos en dependencias públicas y edificios de medios de comunicación de Teherán. Esto ha disparado una ola de acciones contra refugiados afganos que han sido hostigados y golpeados en las calles de distintas ciudades iraníes y obligados a admitir que su país es un Estado terrorista e incluso que trabajaban para el enclave sionista que ocupa ilícitamente Palestina. El Gobierno, montado en esa ola anti afgana, apuró la expulsión ya programada de cerca de setecientos mil de ellos a partir de entonces.
Al igual que a lo largo de la Línea Durand en la frontera entre Afganistán e Irán, la población afgana ha resistido durante décadas viviendo en pésimas condiciones, ya que los sistemas humanitarios, por las operaciones constantes de los Estados Unidos y Tel Aviv contra Teherán, les está haciendo imposible seguir asistiéndolos.
La llegada de miles de refugiados que retornan a Afganistán también ha disparado las alarmas en el Gobierno de los mullahs, dado que se enfrentan a un gasto que su endeble economía no puede sostener. Ya durante el año pasado Irán debió deportar a unos setecientos mil afganos, siempre empujados por la crítica situación económica.
Apenas un año después del triunfo de la revolución islámica en Irán, en febrero de 1979, comenzó en diciembre de ese año la guerra antisoviética en Afganistán, lo que hizo que los ayatollas abrieran sus fronteras a los miles de refugiados que comenzaban a escapar.
Su generosidad en el recibimiento de aquellos desplazados, lo que convirtió a Irán por años en el país con más refugiados del mundo, siguió generando nuevas oleadas a medida que la guerra contra el Gobierno socialista de Kabul, financiada por Occidente, tomaba mayor intensidad. No solo dando a sus hermanos estatus de refugiados, sino también educación, salud y otros beneficios que casi los equiparaban con la población local.
Todos conocemos las vicisitudes que vive Irán a medida que la revolución se alejó de las políticas de Washington, y justamente para que su ejemplo no cunda en el resto de los países de la región, donde ya la cuestión palestina era una herida abierta, las política de Occidente con restricciones y bloqueos a Irán fueron en gran escala, entre ellas la guerra proxy que la Casa Blanca le ordenó a su otrora socio Sadam Hussein, que se llevó la primeros ocho años de la revolución y dejó más de un millón de muertos, dos de heridos, cuatro de desplazados y una crisis financiera que obligó a Teherán a reconsiderar s sus políticas acerca de los refugiados afganos, cerrando la frontera de casi mil kilómetros, limitando los programas sociales hacia esa población e incrementado los controles fronterizos, no sólo por la llegada de más de refugiados, sino porque se había convertido en la gran puerta de salida de la producción de opio hacia las monarquías del golfo con el que tanto Estados Unidos como más tarde, a partir de 1994, los talibanes financiaron su guerra. Lo que costó a lo largo de todos estos años la vida de entre cinco y seis mil guardias fronterizos iraníes.
¿El fin del sistema Amayesh?
A partir de 2007 el Gobierno iraní implementó lo que se conoce como Sistema Amayesh (logística), un registro exclusivo para migrantes afganos, llegados antes de 2001, por el que se les otorga residencia temporal en áreas predeterminadas, permisos de trabajo y asistencia social (educación y seguros médicos), unos ochocientos mil en total, administrado por la Oficina de Asuntos de Extranjeros e Inmigración (BAFIA, por sus siglas en inglés), la que a la vez deben reactualizar periódicamente. Mientras, los llegados después de esa fecha solo cuentan con el derecho internacional que brinda el estatus de refugiado.
A su vez los beneficiados de este plan, por ejemplo, tienen la obligación de pagar tasas anuales para la renovación de las tarjetas y solicitar permisos de desplazamiento a zonas consideradas como prohibidas.
Todos estos beneficios están sufriendo recortes al ritmo que la agresión sionista-estadounidense se hace más violenta y aprieta la economía iraní. Según fuentes occidentales, el Gobierno no actualiza las listas de refugiados desde marzo último, por lo que las últimas cifras estimadas son poco confiables y podrían incluso ocultar expulsiones arbitrarias, como las que se conocen en Pakistán, y son toleradas por el doble rasero del Departamento de Estado.
También se acusa al Gobierno iraní de dar a los beneficiarios del plan Amayesh los trabajos peor remunerados en campos como los de construcción y la agricultura y de haber incorporado a ciudadanos afganos de manera compulsiva a la División Fatemiyoun o Liwa Fatemiyoun (Bandera de Fátima), una milicia mayoritariamente integrada por afganos hazaras (chiíes) perseguidos en su país y Pakistán por ser considerados kafires (apóstatas), que lucharon desde 2014, junto al Hezbollah y la fuerza al-Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, en respaldo del Gobierno del presidente Bashar al-Assad.
La primera estación en Afganistán para los repatriados fue la ciudad de Islam Qala, en la provincia de Herat, próxima a la ciudad iraní de Taybad, un importante centro económico gracias al volumen comercial, a donde miles han llegado todavía atribulados por lo vivido durante los ataques sionistas, las persecuciones posteriores y la retención en centros de deportación durante dos semanas antes de ser trasladados a la frontera.
Y desde donde retornan a sus lugares de origen o a Kabul, penetrando en un país en crisis económica, social y de seguridad.
Donde la inestabilidad tras la huida de los Estados Unidos continúa y se agrava, en plena escalada de las tensiones internas de los talibanes, de Kandahar, donde reside el líder supremo de la república islámica, el mullah Haibatullah Akhundzada, que representa los sectores más ultramontanos y el poder político y “renovador” del grupo estacionado en Kabul (Ver: La grieta afgana).
Además de la existencia de al menos dos organizaciones armadas que se enfrentan al poder talibán: Daesh Khorassan (D-K), conocido mundialmente después de su operación contra el Crocus City Hall de Moscú en marzo del año pasado, y el grupo Frente de Resistencia Nacional en Afganistán (FRN), una cabeza de playa y recordatorio de la CIA a los mullahs de dónde hacer base, si les fuera necesario. El FRN quedó a cargo de Ahmad Massoud, hijo de Ahmad Shah Massoud, uno de los señores de la guerra contra la Unión Soviética, asesinado por al-Qaeda dos días antes de los ataques a las torres de Nueva York y del ex vicepresidente Amrullah Saleh, en verdad un aventurero, asociado a Washington en búsqueda de negocios. El frente de resistencia se ha asentado en algunos distritos de la provincia del Panjshir, de donde proviene el clan Massoud, sin mayores acciones desde el anuncio de su paso a la clandestinidad, para que los afganos no tengan donde volver.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.