Cuando restan cinco días para su presentación oficial, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó este sábado la redacción de la nueva Carta Magna del país andino, que ha sido elaborada desde noviembre de 2007. La propuesta, que deberá ser aprobada en forma definitiva este jueves por 130 asambleístas que integran la Constituyente, terminó de debatirse […]
Cuando restan cinco días para su presentación oficial, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó este sábado la redacción de la nueva Carta Magna del país andino, que ha sido elaborada desde noviembre de 2007.
La propuesta, que deberá ser aprobada en forma definitiva este jueves por 130 asambleístas que integran la Constituyente, terminó de debatirse tras una larga y acalorada discusión que se extendió por 19 horas.
Lo extenso del debate tuvo que ver con el tratamiento por parte de los asambleístas de temas ásperos, que llevaron incluso al retiro del recinto de varios constituyentes.
La nueva Carta Magna consta de 494 artículos, divididos en 33 títulos constitucionales. La sesión, que contempló numerosas reconsideraciones de más de 100 apartados, contó con la presencia del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Entre los temas que causaron polémica está el artículo que incluye la posibilidad de legalizar uniones entre homosexuales, el cual fue eliminado.
También está el impedimento a la disminución de las rentas para la región amazónica, una de las más atrasadas del país.
La Asamblea reconsideró los artículos sobre la prohibición para que en el futuro se congelen cuentas en las instituciones del sistema financiero nacional, asuntos relacionados con la protección de la naturaleza, el régimen judicial, normas de convivencia, educación, medio ambiente y derechos sociales, entre otros.
Correa vaticinó victoria del «Sí»
El presidente Rafael Correa, en la reunión que mantuvo este sábado con los asambleístas de su grupo político, les felicitó por haber cumplido con la redacción de la Carta Magna en el plazo previsto.
Correa expresó su satisfacción con los asambleístas asistentes. «Felicitaciones, lo han logrado. No saben qué contentos estamos todos con el trabajo de la Constituyente».
Posteriormente, el mandatario ecuatoriano vaticinó una «victoria contundente del Sí» en el referendo aprobatorio de la nueva Carta Magna, que se celebrará el 28 de septiembre próximo.
A la Asamblea le resta tratar un régimen de transición, que busca resolver la situación legislativa en el período que va desde el día del referendo y las elecciones generales, que deben convocarse si en la consulta se aprueba la nueva Carta Magna, ya que cambiaría todo el marco jurídico del Estado.
A diferencia de la actual Constitución, vigente desde 1998, la nueva establece un sistema económico social y solidario que pone fin al modelo neoliberal, el cual llevó a la pobreza a la mayoría de los ecuatorianos y generó una de las peores crisis, con el desfalco bancario de 1999.
Asambleístas indígenas se retiraron
La decisión de la Asamblea Nacional de retirar al quechua como idioma oficial en la nueva Carta Magna, molestó a la representación indígena, cuyos integrantes se retiraron de la discusión.
El quechua figura como idioma oficial en la actual Constitución, aunque su uso se limita casi exclusivamente a ese pueblo originario, que representa al 35 por ciento del total de la población ecuatoriana, según cifras de l a Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La Conaie había exigido que se mantuviera en la nueva Constitución al quechua como idioma oficial y que se fortalezca su aprendizaje en el sistema educativo nacional.
No obstante, algunos asambleístas del grupo Acuerdo País, que es mayoría en la Constituyente ecuatoriana y que integran la base de apoyo de presidente Correa, recordaron que otras decisiones del foro fortalecen la presencia indígena.
Fernando Vega, miembro de Acuerdo País, dijo que las normas constitucionales garantizan la posibilidad de que se enseñe quechua en las escuelas y que hay otras reformas que impulsan la presencia de ese colectivo en la vida nacional.
Mencionó como ejemplo la posibilidad que se incorpore la justicia indígena a la legislación oficial.