El inhabilitado magistrado español, Baltasar Garzón, ha sido contratado por Julian Assange, rostro humano de Wikileaks, para que se encargue de la estrategia jurídica de defensa, tanto del portal web que alberga más de un millón de cables secretos, como del doble delito sexual por el que se le quiere investigar en Suecia. El temor […]
El inhabilitado magistrado español, Baltasar Garzón, ha sido contratado por Julian Assange, rostro humano de Wikileaks, para que se encargue de la estrategia jurídica de defensa, tanto del portal web que alberga más de un millón de cables secretos, como del doble delito sexual por el que se le quiere investigar en Suecia.
El temor de que pudiera tratarse de un artificio para extraditarlo a Estados Unidos -donde ipso facto sería juzgado por revelación de secretos de Estado- provocó que Assange huyera y se entregara a las autoridades británicas, buscando obtener así unas garantías procesales y judiciales que finalmente fueron desatendidas y que lo obligaron a refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres y solicitar asilo político en el país andino.
El primer reto que se le presenta a Baltasar Garzón es el de tratar de obtener un escenario ajeno al servilismo de la justicia y a las injerencias del poder establecido, que ve en Assange a un enemigo consumado y no, hasta que se demuestre lo contrario, un desobediente civil o un «rebelde con causa». Ello se entiende en la medida en que Assange ha abanderado una causa que, erigida desde la libertad de expresión -recuérdese la primera enmienda de la Constitución estadounidense-, ha puesto a gobiernos, mercados, instituciones financieras y entramados de comunicación en el disparadero del ciberespacio. Esto es, un escenario en el que libertad de expresión, publicidad, inmediatez y gratuidad quedan a simple «golpe de clic», acabando con las vestiduras del secreto de Estado y presentando sin tapujos mentiras, manipulaciones y coacciones de todo tipo.
En el trasfondo de la cuestión sobre Assange reposa el interés del establishment por limitar una libertad de expresión, de circulación y de navegación que según se entienda puede ser «peligrosa» y contraproducente, y para lo cual hacer desaparecer Wikileaks y desacreditar la figura de Assange -antes de ser oído por la justicia- son dos urgencias inmediatas.
Trascendiendo el intrincado horizonte que se les presenta a Garzón y Assange, donde el gobierno de Correa puede ser una válvula de escape, lo cierto es que o desaparece Internet o se acepta vivir en un mundo transparente donde el poder de la sociedad civil y las posibilidades contestatarias de la red -empower to the people- asuman definitivamente el reto de revertir el oscurantismo perverso de los centros de poder político, económico e informativo que tanto han desvirtuado el derecho y el deber de saber y conocer por parte de la sociedad civil.
Jerónimo Ríos Sierra es analista político e investigador en ciencias políticas y sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/columna-362762-assange-garzon-y-el-poder-establecido