Las peticiones de las organizaciones proderechos humanos cayeron en saco roto y al final la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se negó a suspender el Gran Premio de Formula 1, previsto para este fin de semana en Bahréin. Su régimen dictatorial está acusado de detención ilegal de miles de manifestantes tras la «Primavera» de 2011, […]
Las peticiones de las organizaciones proderechos humanos cayeron en saco roto y al final la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se negó a suspender el Gran Premio de Formula 1, previsto para este fin de semana en Bahréin. Su régimen dictatorial está acusado de detención ilegal de miles de manifestantes tras la «Primavera» de 2011, tortura y el asesinato de presos políticos detenidos. El año pasado, la FIA canceló la carrera por la agitación política del país. Hoy, además de la cuestión de la seguridad, estaba en juego la dimensión ética de los participantes, que corren en el circuito Sakhir en la capital Manama, a pocos kilómetros de miles de manifestantes que intentan amargar la fiesta al dictador Hamad bin Isa Al Jalifa de 63 años, que ahoga con puño de hierro cualquier voz disidente, repitiendo que «Bahréin va bien».
La gente pide la libertad de los presos políticos, entre ellos varios deportistas y una veintena de médicos y enfermeras que atendieron a los heridos durante las revueltas, así como la readmisión en sus puestos de los cerca de 4.000 trabajadores despedidos. Dicen al «mundo libre» que allí las cosas van bastante mal. La lucha de los bahreiníes, la única nación del Golfo Pérsico que participó en la Primavera Árabe, no recibió la cobertura merecida por los medios de los países aliados de este régimen autoritario: desde la CNN y la BBC hasta Al Yazira.
Bahréin -«entre mares» en árabe-, el país más pequeño del Golfo Pérsico, es el único Estado musulmán de mayoría chií (un 70% de los 600.000 habitantes), está gobernado por una élite suní que ha conseguido unir a los discriminados chiíes, los liberales y reformistas suníes, y los intelectuales socialistas que exigen una monarquía constitucional. Se quejan de falta de libertades de toda índole, del apartheid político, laboral, religioso y social que sufren los chiitas, corrupción, derroche de los fondos públicos y las alianzas reaccionarias del régimen en su política exterior.
Las protestas convocadas a través de Facebook y Twitter cada vez son más violentas, debido a que el Gobierno de Salman Al Jalifa, primer ministro desde hace 42 años, no solo se niega a escucharlas, sino que ha endurecido la ley antiterrorista: condenará a 5 años de prisión y una multa de hasta 26.000 dólares a quienes ofendan al rey. Mientras una facción del poder reconoce la necesidad de reformas y está obsesionada en buscar una mano extranjera detrás de los disturbios -en este caso iraní-, ignora el caldo de cultivo generado por el despotismo de una familia real que domina la isla desde hace unos 200 años.
Una vergonzosa pobreza
Los 5.200 millonarios bahreiníes, con una fortuna de cerca de 25.000 millones de dólares, cohabitan con una población de unas 600.000 personas cuya mitad está en la pobreza. A la corrupción de las autoridades se unen la malversación de fondos públicos y su indiferencia hacia la miseria de los desempleados -que pese a que provocan la bajada de los salarios, alegrando el bolsillo de los empresarios- no reciben ninguna ayuda. El deterioro de la situación económica ha disparado el numero de los divorcios y ha empujado a miles de mujeres y niños a trabajos precarios.
Al-Wefaq, el principal partido de la oposición, de tendencia derechista, pide desde una posición maximalista, la elección por sufragio directo del primer ministro como el primer paso de realizar el cambio. ¿Qué tal empezar por reformas laborales y pan para todos?
El niño mimado de EEUU
La Quinta Flota de EEUU, con sus 15 buques y cerca de 6.000 empleados, está ubicada a 125 kilómetros de la costa de Bahréin y desde esa privilegiada situación geográfica espía a Irán, vigila el transporte del 45% del petróleo del mundo que pasa por el Estrecho de Ormuz, presta apoyo a los gobiernos árabes del Golfo Pérsico, atiende las necesidades militares de la OTAN en Afganistán y controla Pakistán, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria, Yemen y Egipto.
En los últimos años, Washington ha convertido Bahréin en una colonia. Ha invertido 250 millones en la mejora de sus instalaciones y va a gastar otros 580 millones para duplicar el tamaño de su base. El Pentágono, que también aquí ha traído a sus Fuerzas Navales del Comando Central (NAVCENT), teme que un fortalecimiento de los chiíes ponga fin a su presencia en la isla. Al Jalifa ha sacado provecho de las amenazas iraníes de cerrar el Estrecho de Ormuz para justificar ante sus ciudadanos los beneficios de contar con esta base en su suelo. Es una Espada de doble filo ya que Bahréin será uno de los principales objetivos de los misiles iraníes si es atacado por EEUU e Israel.
¿Washington ha enseñado los dientes al dictador? Lo que ha hecho ha sido vender a los jeques un paquete de armas por el valor de 53 millones de dólares, que desacredita a Barack Obama por su apoyo y ha radicalizado la postura de los manifestantes. Al presidente de EEUU no le interesa aquí estar «en el lado correcto de la historia».
Como si todo este despliegue militar fuera poco, Bahréin es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) compuesto por Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos que hace de la sucursal de la OTAN en la zona, y que además todos sus integrantes tienen pacto de defensa con EEUU.
La situación se complica en uno de los últimos bastiones de la superpotencia en Oriente Próximo. Pues, al hecho de que EEUU y los GCC no defienden una apertura política en Bahréin, se añaden otros dos factores. Primero, Bahréin carece de grandes ingresos provenientes de la venta del petróleo con los que se puede sobornar a la población para evitar así un cambio político -como lo hizo Arabia Saudí-. Sus reservas se secarán en menos de dos décadas y la actual producción de 48.500 barriles al día no le permite el despilfarro. Segundo, que las protestas en pro de la democracia se están convirtiendo en conflictos sectarios entre chiíes y suníes, aumentando la posibilidad de un pulso abierto entre Irán y Arabia.
Las principales organizaciones de la oposición -Al Wefaq , Al-Menbar y Asalah- no son progresistas, aunque exigen cambios. Por ejemplo, pese a la masiva participación de miles de mujeres en las revueltas, ninguna de ellas ha respaldado su principal reivindicación, que es cambiar y unificar las leyes de familia. El Gobierno, además, utiliza a destacadas mujeres para tapar su naturaleza misógina: tiene a dos mujeres en el gabinete desde 2004 y es el primer país de Oriente Próximo en el que una mujer presidió -en 2006- la Asamblea General de la ONU. Bahréin está en el puesto numero 110 de 134 países en el Índice Global de Disparidad entre Géneros.
La abogada Ghada Jamsheer ha denunciado al Gobierno por negarse a promover una ley «no religiosa» de familia, utilizando la cuestión de la mujer (donde los hombres «modernos» y conservadores suelen estar de acuerdo) en sus negociaciones con los líderes de la oposición islamistas -todos hombres-, o haber creado el Alto Consejo de la Mujer con el fin de obstaculizar el trabajo de las asociaciones no gubernamentales lideradas por mujeres periodistas, abogadas, médicos, maestras y amas de casa. Decenas de ellas fueron detenidas y torturadas durante después de las protestas. Rula Al Saffar, académica y presidenta de la Sociedad de Enfermería sufrió abusos sexuales y amenazas de violación durante los cinco meses que estuvo arrestado en 2011. Vivió el mismo calvario la doctora Nada Dhaif que junto con otra veintena de médicos fue acusada de nada menos que posesión ilegal de armas.
Bahréin y sus aliados han metido sus cabezas en la nieve (o en la arena), para no mirar el barril de pólvora con la mecha encendida que tienen delante.
Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/691/bahrein-a-la-espera-de-su-formula-democratica/