En medio del caos jurídico que ha generado el gobierno transitorio en Bolivia, la mira internacional enfoca los derechos humanos como objeto de justicia. Decenas de familias sumergidas en la incertidumbre de estos nueve meses podrían encontrar en tribunales extranjeros una luz al final del túnel.
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Definitivas, inamovibles e impostergables. Así define el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia el carácter de las elecciones generales que tendrán lugar en 2 meses, el 18 de octubre.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó por tercera vez la fecha electoral en Bolivia del 6 de septiembre al 18 de octubre con la excusa de la pandemia, lo que rebalsó la paciencia del pueblo boliviano que en protesta bloquea 150 puntos del país.
¡Fuera Áñez! es la demanda que se ha impuesto en la actual movilización popular de protesta en Bolivia. Hace escasamente una semana la exigencia era ¡Elecciones Ya!, que se cumpliera con la convocatoria para la fecha del 6 de septiembre, pactada en su momento por las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La situación dramática de Bolivia
El 6 de agosto, en el 195° aniversario de la independencia de Bolivia, se filtró un decreto supremo con el cual la presidenta de facto Jeanine Áñez autorizaba a las Fuerzas Armadas y a la policía a reprimir al pueblo boliviano, que se encuentra realizando bloqueos a nivel nacional en el marco de un paro indefinido desde el lunes 3 de agosto, en demanda de elecciones.
Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia, arrebató por decreto el derecho sagrado a la educación de las y los niños y adolescentes del país, y clausuró el año educativo en los niveles inicial, primario y secundario, tanto de educación pública como privada, bajo el argumento de evitar contagios por la pandemia.
Mientras los movimientos sociales y sindicales realizan cortes de ruta para exigir que el TSE respete el calendario electoral, los golpistas, encabezados por Arturo Murillo, se reúnen con Tuto Quiroga, militares de alto rango, agentes de la CIA y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para planear la estrategia que les permita perpetuarse en el poder.