Un informe de «No Es Sano» desgrana todas las iniciativas que realizaron los organismos internacionales y los distintos gobiernos para que las vacunas contra la covid-19 se produjeran en tan poco tiempo. Solo la inversión en investigación y desarrollo que se ha podido contabilizar llega casi a los 5.000 millones de euros.
El logro inédito de conseguir tantas vacunas contra la covid-19, tan efectivas y en tan poco tiempo, no hubiera sido posible sin la gran inversión pública y filantrópica que se realizó, tal y como desgrana un reciente informe de No Es Sano. Las autoras del estudio, Irene Bernal y Eva Iráizoz, realizan un gran repaso de todas las iniciativas que han permitido acelerar la innovación en vacunas, tratamientos y diagnósticos. Según los datos del documento, tan solo la inversión en investigación y desarrollo de este tipo en las vacunas que se ha podido contabilizar llega casi a los 5000 mil millones de euros. La mayor parte de ella, más de un 98%, es procedente de los Estados y está liderada por Estados Unidos y Alemania. Las empresas que más dinero público han recibido han sido Moderna, Janssen, CureVac y la alianza Pfizer/ BioNTech: juntos suman más de la mitad de la financiación pública contabilizada.
Esta enorme inversión pública se hizo por la necesidad de afrontar la pandemia de forma global y coordinada, aunque el resultado no ha sido tan excepcional como la ocasión lo requiere: el nacionalismo de vacunas ha enmarañado muchos de los esfuerzos. Se empezó a trabajar asumiendo que las vacunas tenían que ser un bien de acceso público global, pero ni las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) u otras colectivos han conseguido garantizar el acceso justo a las dosis.
¿Cómo empezó todo? En informe de No Es Sano hace un gran repaso de las reuniones e iniciativas del último año. En abril de 2020 se activó la cooperación internacional en una encuentro sobre el que la OMS dijo que no había «precedentes» . Diversos gobiernos, organizaciones internacionales —como la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) y la Global Alliance for Vaccines and Inmunization (GAVI)— y filántropos relevantes en la salud global suscribieron un «compromiso de colaboración para acelerar el desarrollo y la producción de nuevas vacunas, pruebas y tratamientos contra la covid-19 y garantizar un acceso equitativo a escala mundial», según dijo la OMS.
Poco después llegó una de las primeras inversiones directas de los Estados. El 4 de mayo, la Comisión Europea —con distintos Gobiernos, CEP, GAVI y otras instituciones como el Foro Económico Global o el Foro Mundial— anunció que se habían recaudado hasta 16.000 millones de euros para la inversión en vacunas y medicamentos, en otros. Fue el gran primer impulso desde el sector público desde Europa—aunque en esta recaudación también participó el sector privado—que servía para acelerar la investigación y el desarrollo de las dosis.
Pero ya antes, el 24 de abril, la OMS presentó el Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), una estructura que reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos con el objetivo de acelerar el desarrollo y la producción de vacunas y el acceso equitativo a los mismos. Como señalan en el informe de No Es Sano, fue un gran paso que supuso el «primer compromiso público». Se construyó en torno a cuatro pilares básicos que están siendo fundamental ahora: vacunas, tratamientos, diagnósticos y fortalecimiento de los sistemas sanitarios. El pilar de las vacunas es Covax, que tiene el objetivo de garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países y está constituido por la OMS, UNICEF, CEPI Y GAVI.
CEPI gestionó un portafolio de las vacunas candidatas ya el año pasado con el objetivo de analizar las mejores e invertir en varias de ellas para contar con varias que fueran eficaces. Así, desde CEPI se financiaron las vacunas de AstraZeneca, Novavax, Inovio, CureVac y Moderna, entre otras. Mientras que GAVI trabaja en la parte que gestiona la compra anticipada de las vacunas en nombre de los países participantes. Hay 192 países en COVAX y son 92 los llamados «elegibles», los que deben ser los principales beneficiarios de las vacunas a través de donaciones de este mecanismo por ser países de renta baja que no tienen acceso a las vacunas como los de renta media y alta. Cabe señalar que entonces Estados Unidos, bajo el Gobierno del ultraderechista Donald Trump, no participaba en Covax.
Según el informe, hasta la fecha, GAVI tiene acuerdos con seis farmacéuticas, AstraZeneca, Novavax, Pfizer, Janssen, Sanofi/GSK y Moderna, además de un contrato con el Serum Institute de India (SII) para producir dos vacunas, la de AstraZeneca y la de Novavax. El total de acuerdos firmados garantiza unos 1500 millones de dosis que esperan ampliar a más de 2000 millones de dosis para cumplir con el objetivo de alcanzar el 20% de la población vacunada en los países elegibles en 2021. También cuenta con la posibilidad de que los países autofinanciados puedan donar un 5% de sus vacunas asignadas en el reparto —España ya ha manifestado su compromiso de hacerlo—. Pero este objetivo no se va a conseguir. Pero los resultados se han quedado muy lejos de los objetivos: solo ha administrado un tercio de las dosis que se comprometieron en marzo.
¿Por qué no sirvieron estos esfuerzos?
A la vez que se hacían estos compromisos públicos, los países comenzaron a asegurarse sus vacunas a través de acuerdos bilaterales o de compras centralizadas, como es el caso de la UE. Estos acuerdos sirvieron para asegurar millones de vacunas y financiar fases de investigación, así como atender necesidades de producción y distribución que permitieran responder a los compromisos adquiridos, pero también para impedir el acceso a las vacunas a los que menos podían pagar ya que cada dosis ha costado un precio distinto para cada Estado. El nacionalismo se extendió también a la propia financiación de la I+D cuando gobiernos, como los de EEUU y de países de la UE, invirtieron prioritariamente en compañías nacionales de manera directa o a través de las compras avanzadas.
A fecha de mayo, EEUU se había asegurado más de 1200 millones de dosis. La Comisión Europea, 1885 millones de dosis, con la posibilidad de añadir 1000 millones adicionales.
¿Qué es lo que falla? La limitada producción de las vacunas y el monopolio de las farmacéuticas. El objetivo de llegar en torno a los 11 mil millones de dosis, según investigadores de la Universidad Duke, que serían necesarios para cubrir al 75% de la población mundial, asumiendo dos dosis por vacuna. Los últimos datos de abril de la OMS dicen que se han administrado 2.000 millones de dosis. Es un número bajo para la situación actual, pero aún un problema más grande si se mira la distribución. En los países ricos ya se planea la inmunización de los menores mientras en otros no han recibido ni una dosis ni los mayores ni los sanitarios de primera línea.
Ante el proceso tan desigual de vacunación, han surgido más propuestas. Una de ellas fue el COVID-19 Technology Access Pool, más conocido como C-TAP, una iniciativa global impulsada a finales de mayo de 2020 por la OMS a petición del Gobierno de Costa Rica. Su objetivo es crear un repositorio voluntario para compartir el conocimiento, los datos y la propiedad intelectual, facilitando procesos de transferencia de tecnología —en términos de no exclusividad— a productores de todo el mundo. Hasta este mes de mayo no había recibido ninguna aportación. Fue España el país que estrenó la plataforma: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha registrado aquí la tecnología de un test de anticuerpos para que puedan ser fabricados en África y otros países en vías de desarrollo.
Sin embargo, que tras un año de trabajo desde esta plataforma no se hayan recibido más apoyos, es una noticia negativa y que muestra que hacen falta más propuestas para cambiar el escenario actual porque, de seguir así, las farmacéuticas las únicas que se beneficiarán de la iniciativa pública al mismo nivel que si hubiera sido privada: marcando todo el proceso de producción y distribución según los intereses comerciales.
Las autoras del informe, así como defienden los países que piden liberar las patentes como India y Sudáfrica, defienden que los intereses de las farmacéuticas están provocando que la producción de las vacunas se concentre geográficamente en países de renta alta, pero que existe una «potencial capacidad de producción en países de Asia, América Latina y África que está siendo desaprovechada». Una capacidad perdida que está costando vidas.