Conflicto sobre delimitación marítima entre Chile y Perú, y sus repercusiones territoriales en Bolivia

Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas contempla en su artículo 94 párrafo segundo la posibilidad de los Estados de recurrir frente a un incumplimiento de una resolución de la Corte al Consejo de Seguridad, el cual tiene la potestad de hacer recomendaciones o dictar medidas con el fin de que se cumpla lo fallado por parte de la Corte en el caso particular.

La Corte está integrada por 15 magistrados (5) elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones independientes. Se los elige por sus méritos y no por su nacionalidad, y se intenta que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo Estado. Los magistrados cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos.

La acción jurídica estuvo a cargo del delegado del gobierno peruano, ex canciller y ex ministro de Defensa Allan Wagner (6), el cual desde ese momento se desempeña como agente diplomático ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El objetivo de los peruanos se lograría a través del establecimiento de una nueva línea de frontera marítima entre ambos países, que, en vez de seguir el paralelo 18°, iría en diagonal hacia el sur, hasta alcanzar las 200 millas marinas de la zona económica exclusiva.

El concepto que guiaría la nueva frontera, según la pretensión peruana, sería la búsqueda de la equidistancia entre la costa de ambos países, que son oblicuas. Con ello, Perú obtendría 35 mil kilómetros cuadrados de mar actualmente chileno, y una cifra similar de territorio en aguas consideradas hasta ahora como internacionales.

La región en disputa es muy rica en anchoveta, una especie de la sardina que es utilizada en la producción de harina de pescado. Perú es el primer productor mundial (7), y Chile ocupa el segundo lugar. Este último país concesionó, tras la Ley de Pesca (2002), el usufructo del territorio hoy disputado a la familia Angelini (8), la mayor fortuna del país.

La demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia se ampara en el Pacto de Bogotá (9) (1948), al que se suscribieron ambos países. Por medio de éste pacto, los Estados firmantes reconocieron la jurisdicción de La Haya ante cualquier controversia jurídica relativa a la interpretación de tratados y diferencias de cómo ver el derecho internacional.

La presentación ante La Haya había sido largamente anunciada, tanto por la actual administración, encabezada por el presidente Alan García, como por su antecesor Alejandro Toledo. Este último firmó, el 3 de noviembre de 2005, una ley -anteriormente promulgada por el Congreso- que fija una línea de base marítima distinta a la sustentada desde Santiago de Chile.

Ya en su primer período presidencial, en mayo de 1986, Alan García levanta la demanda marítima y envía al embajador Juan Miguel Bákula a conversar con el canciller chileno de la época, Jaime del Valle. Se plantea por primera vez de manera oficial el tema del límite marítimo entre ambos países, que a juicio de Lima no estaba resuelto. La solicitud no tiene respuesta (10).

Ante esto, Chile afirmó que la norma aprobada por los peruanos no tenía efectos jurídicos a nivel internacional y que haría respetar los acuerdos vigentes.

La Corte de La Haya sólo interviene en diferendos entre países, cuando las instancias de negociación bilateral diplomática se han agotado. Paralelamente, el mismo día que Perú presentó la demanda en La Haya, el presidente García explicó los fundamentos de su reclamación ante el Congreso de su país. Sostuvo que la demanda que la demanda obedecía a una «política de Estado«, agregando: «Desde 1986, durante mi gobierno anterior, Perú planteó a Chile por primera vez en la historia la necesidad de convenir en fijar nuestros límites marítimos. La naturaleza jurídica del actual diferendo reside precisamente en la falta de un tratado de delimitación marítima entre ambos países, y el recurso a la Corte de La Haya es la vía para resolver dicha controversia bilateral de la manera más civilizada y sensata, con arreglo a derecho y bajo la incuestionable autoridad de la Corte Internacional«.

Antecedentes del litigio

Este conflicto tiene sus orígenes en el siglo XIX cuando el mapa latinoamericano era diferente y Chile era un pequeño pero próspero país, que explotaba recursos minerales en suelo boliviano con el apoyo de capitales ingleses.

A mediados del siglo XIX se descubrió el salitre en Antofagasta, en el desierto de Atacama, ubicado entre lo que era entonces el sur del Perú y el norte de Chile, en una franja de territorio boliviano -provincia El Litoral- que existía entre ambos países. El salitre, como el guano -excremento de aves marinas que llegó a formar grandes islas y que era en aquella época el mejor abono que se conocía- era explotado por consorcios británicos con sede en territorio chileno. Estas empresas, de capital mixto con predominio inglés, desarrollaban muy rentables negocios en la explotación de las minas de salitre y de los depósitos de guano.

La región permanecía olvidada por las tres naciones, hasta que los británicos iniciaron la explotación del guano. Entonces, principalmente Chile comenzó a reivindicar la posesión del territorio invocando antiguos y dudosos documentos españoles. Esto comenzó en 1856 y los británicos brindaron su apoyo a Chile, asociándose además con estos en la explotación del guano y del salitre, hasta que en 1866 -después de la guerra contra el Reino de España en que se aliaron Bolivia, Chile y Perú-. La imprevisión de los gobiernos bolivianos hizo que éstos se sometieran a la ambición inglesa que extendió a los chilenos las conquistas obtenidas en Bolivia. A pesar de estas cesiones, todavía quedaba como territorio boliviano una franja de doscientos cuarenta kilómetros sobre el litoral marítimo.

Con la extensión de los negocios de guano y de salitre, la inmigración chilena ocupó en corto plazo importantes extensiones del territorio litoral boliviano, pero hasta entonces, los chilenos nunca habían puesto en duda los derechos de Bolivia sobre Antofagasta. En pocos años Antofagasta se volvió una fuente de riqueza: los accionistas británicos recibían abultados dividendos y la economía chilena que se expandió en la zona. Los chilenos instalados en Antofagasta aceptaban tácitamente los derechos de Bolivia a la región y vivían acorde a las leyes y costumbres bolivianas.

Del orden de veinte mil chilenos vivían en Antofagasta explotando guano y salitre. Existía entonces un tratado entre Bolivia y Chile según el cual ambas naciones tenían el derecho de libre explotación de las minas de la región, pero el que disponía de capitales extranjeros era Chile, inclinando así la balanza en el marco de su actividad comercial.

Durante cierto tiempo, también Perú explotó -asociado igualmente a capitales ingleses- los depósitos de guano en su territorio. Tal como se le agotaron las minas de oro, los depósitos de guano se iban concluyendo. De esta manera, Bolivia y Perú iban empobreciéndose a la vez que Chile se enriquecía con la explotación del guano y del salitre, especialmente con el que se obtenía en territorio boliviano al amparo de tratados que lesionaban de forma imperiosa los intereses de la República de Bolivia.

Ante tremenda situación dispar, el 11 de febrero de 1878 el Congreso de Bolivia aprueba un decreto por el cual decidió elevar en 10 centavos los impuestos por quintal (38,328 kilogramos) de salitre extraídos de su territorio y exportados por Antofagasta. Sin embargo, la existencia de un artículo en el leonino tratado chileno-boliviano de 1874 por el que los bolivianos se comprometían a no cobrar ningún impuesto o tasa adicional sobre la explotación durante un lapso de 25 años, generó una contundente protesta de los empresarios chilenos e ingleses, apoyados resueltamente por el gobierno de Chile, exigiendo la anulación del impuesto.

A pesar de ello, el gobierno boliviano confirmó el decreto y además impuso el pago de una deuda de cuatrocientos mil pesos en concepto de impuestos atrasados a la Compañía Antofagasta (una empresa ferroviaria chilena). En respuesta, el gobierno chileno movilizó 20.000 soldados. Bolivia, asustada ante su propia osadía, pero también deslumbrada por la posibilidad de ganar el pleito mediante un arbitraje internacional, invocó una cláusula del mismo tratado de 1874 según la cual en caso de disputa se recurría a una mediación amistosa. Chile rehusó el pedido boliviano. Perú, la otra parte interesada en la cuestión y después de ofrecer en vano su intermediación amistosa en el conflicto, advirtió a Chile que en caso de guerra actuaría al lado de Bolivia.

En medio de largas discusiones más o menos estériles, sobrevino el impasse final y Bolivia anuló el impuesto de diez centavos por quintal, pero procedió a nacionalizar las minas de salitre. Estamos ante el preámbulo de la guerra.

Con actitud claramente imperialista el capital británico, asociado a los intereses locales de Chile, invadió económicamente las tierras bolivianas y, de manera todavía más imperialista, instigó a una guerra de rapiña cuando Bolivia, tardíamente, intentó reaccionar. El carácter imperialista de las dos invasiones -la económica y la militar- se configuró en el manifiesto que el gobierno chileno hizo conocer en las calles de Santiago, al escoger premeditadamente el día 12 de febrero de 1879, aniversario de Chacabuco, como fecha de tal declaración. Un párrafo del manifiesto decía: «El gobierno de Bolivia, a despecho de nuestras reclamaciones, decretó la confiscación de la propiedad de nuestros conciudadanos y tomó posesión de los depósitos de salitre, sin siquiera dignarse a dar una explicación» (11).

Los chilenos procedieron con la invasión del territorio costeño boliviano, desembarcando en el puerto de Antofagasta con quinientos hombres bien entrenados, soldados de infantería que esperaban a bordo de buques chilenos el momento de entrar en acción. El capital británico generaba las condiciones para, ahora sí, hacerse dueños de la región y continuar comerciando con destino a Europa con el guano y el salitre cada día más valorizados.

Ante estos hechos, y a pesar de carecer de un ejército mínimamente preparado, Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879 y Perú la acompañó. Perú disponía entonces de una armada poderosa, pero la incompetencia de sus mandos convirtió en ineficiente ese poder naval. Bolivia carecía prácticamente de marina y su ejército era ineficiente, carente de organización, y apenas rival para enfrentar el bien coordinado y entrenado ejército chileno. Bolivia fue derrotada rápidamente y el 26 de mayo de 1880 la guerra llegaba a su final. Chile se posesionaba, como garantía de un tratado de paz, de ciento veinte mil kilómetros cuadrados de territorio boliviano, quitándole así el acceso al mar. Con esto, naturalmente, el capital británico conquistaba títulos legales sobre el guano y el salitre y, posteriormente, sobre la plata y el bórax igualmente importantes económicamente.

Luego de cuatro años de guerra, Chile derrotó a Perú y extendió sus fronteras hasta sus actuales límites, apropiándose de la provincia boliviana de Antofagasta y las provincias peruanas de Tarapacá y Arica. Perú sufrió la humillación de asistir al desfile de las tropas chilenas vencedoras en su capital, una Lima ocupada por un ejército extranjero. El 17 de enero de 1881 los soldados chilenos saquearon la capital peruana, de donde se retiraron tres años después, en 1884. Los chilenos también ocuparon la ciudad de Lima por cuatro años y la provincia de Tacna por 50 años. Ante la derrota (12), Perú debió ceder Arica y Tacna, en tanto que Bolivia perdió todo su litoral y evidentemente su salida al mar.

A partir de entonces Chile, emprendió una política que se vino a denominar como «chilenización» de las provincias peruanas y bolivianas, expulsando a familias que habían habitado la zona por cientos de años y colocando en su lugar a colonos chilenos.

Tan solo de la ciudad de Iquique fueron expulsados 40.000 peruanos y sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno chileno. Los pobladores que se negaban a dejar su ciudad eran hostigados y amenazados de muerte.

De esta forma, Chile tomó posesión no sólo de una importante extensión territorial, sino también de enormes depósitos salitreros, guaneros y cupríferos, así como de extensos recursos marinos que contribuyeron de forma definitoria a su actual riqueza económica.

A través del Tratado de Ancón -que puso fin a la guerra en 1883-, así como en el complementario Tratado de Lima de 1929 (13) se determinan las nuevas fronteras terrestres, pero no existen referencias sobre las fronteras marítimas entre Chile y Perú.

En 1947, tanto Chile como Perú proclaman unilateralmente, que sus respectivos Estados poseen soberanía sobre los mares adyacentes a las costas de sus territorios.

La posición de Perú

El Perú no reconoce los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 como tratados de límites marítimos. La posición limeña, sostiene que aquellos acuerdos establecen la relación con el uso de los recursos marinos y no tienen validez de delimitación fronteriza.

En 1982, las Naciones Unidas aprueban la Convención sobre el Derecho del Mar (14) (CONVEMAR), definida como la Constitución de los Océanos. La Convención del Mar establece que en ausencia de tratados formales, el método para establecer los límites marítimos es el trazo de una línea media y la aplicación del principio de la equidad. Según la posición peruana, Chile y Perú nunca firmaron un Tratado específico de límites marítimos y Chile pretende imponer un límite marítimo tremendamente inequitativo.

El artículo 5 de la Convención establece que «la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a los largo de la costa«. Consecuencia que el límite entre mar y tierra varía según marea alta o baja, se ha convenido en tomar la marea baja -bajamar- como punto referencial.

Pero la naturaleza de la línea costera peruana-chilena hace necesario un compromiso. Al trazar el territorio marítimo de ambos países de forma equidistante a su línea de base nos damos cuenta que, empleando este método, el territorio peruano rebasa el chileno y viceversa. Previendo está situación, el capítulo 15 de la CONVEMAR propone la «línea media«:

«Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdos en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados«.

Es decir, se propone repartir el área en disputa. Para ello, se fija un punto medio (equidistante) entre los puntos más próximos de ambos países. Esto es lo que el Perú plantea por vía diplomática desde hace ya bastante tiempo (los antecedentes de esta controversia se remontan a mediados de los años 1980).

La declaración tripartita de Zona Marítima de 1952, firmada por delegados de Chile, Ecuador y Perú, define como zona marítima de cada uno de los países las 200 millas medidas desde la costa.

Perú sostiene que debido a las características de la costa del Pacífico, las 200 millas de Chile se sobreponen a las 200 millas del Perú. Si como Chile exige, se considerara al paralelo como límite, la ciudad peruana de Camaná apenas tendría 100 millas de mar territorial, Mollendo 80 millas, Ilo 40 millas, Sama 20 millas y Tacna no tendría mar, pues tendría 0 millas en el punto de la Concordia.

Para el Perú, el acuerdo tripartito de 1954, firmado por delegados de Chile, Perú y Ecuador, denominado «Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima«, sería apenas un convenio de pesca y no un tratado de límites. Sólo por error los negociadores habrían mencionado límites marítimos, que no se encontrarían definidos por tratado alguno.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (15), señala que no puede tomarse un acuerdo internacional, usándolo en otro sentido: «Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin«.

La posición peruana puede verse favorecida por los criterios establecidos en la Convención del Mar (1982), que sostienen que la delimitación marítima debe privilegiar la equidistancia en los casos que haya una costa oblicua. En los litigios existentes entre Nicaragua con Honduras y Nicaragua con Colombia, ha prevalecido una postura similar a la sostenida por Perú en cuanto a privilegiar la repartición equitativa de la zona en disputa. A pesar de ello, juega a favor de Chile, el hecho de que Perú no ha suscrito la Convención del Mar -Chile la suscribió en 1997 y, de conformidad a su texto, en septiembre de 2000, depositó ante las Naciones Unidas sus cartas náuticas donde indicaba el paralelo 18 como frontera marítima entre los dos países- y además, los chilenos históricamente, han ocupado el territorio en disputa.

El equipo jurídico peruano está compuesto por el agente peruano ex canciller Allan Wagner; el coagente embajador Jorge Chávez; el juez ad hoc Gilbert Guillaume, abogado francés, ex asesor jurídico del Quai d’Orsay y ex presidente de la Corte; y la coordinador Marisa Agüero, y el abogado francés Alain Pellet entre otros.

Es importante situar que la demanda peruana se dio en los momentos en que las inversiones chilenas en Perú alcanzaban sus mayores niveles históricos. Un informe de la Dirección de Relaciones Económicas de la cancillería chilena, señala que en Perú hay capitales chilenos por algo más de seis mil millones de dólares. De hecho, éste país es el tercer destinatario de las inversiones chilenas, luego de Argentina y Brasil.

En todo caso, los gobiernos y las patronales de ambos países han señalado que las actuales disputas limítrofes no afectarán las inversiones y las relaciones económicas existentes.

La posición de Chile

Ni el Tratado de Ancón de 1883 ni el Tratado de Lima de 1929 se refieren explícitamente a las fronteras marítimas entre Chile y Perú.

Sin embargo, el Tratado de Lima de 1929 señala que no existe ninguna cuestión relativa a límites pendiente entre ambas naciones.

A su vez, en el «Acta Final de la Comisión de Límites entre Perú y Chile«, de 5 de agosto de 1930, firmada en Arica por Federico Basadre, delegado del Perú, y Enrique Brieba, delegado de Chile, se señala que «La línea de frontera demarcadora parte del océano Pacífico en un punto en la orilla del mar situado a diez kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el río Lluta de la vía férrea de Arica a La Paz«.

Dicho punto corresponde a las coordenadas 18°21´08´´ Latitud Sur y 70°22’39´´ Longitud Oeste, aunque dicha coordenadas no aparecen en ningún acta, tratado o nota oficial. Este es el llamado «Punto Concordia», según el Perú. El hito, es decir, la señal física que marca o refiere la línea divisoria, y que podía colocarse en cualquier punto del arco, se ubicó a 180 metros de la orilla del Océano Pacífico, que corresponde a las coordinadas 18°21´03» Latitud Sur y 70°22´56´´ Longitud Oeste y se le llamó «Hito 1» (con situación «Orilla de Mar«).

El 23 de junio de 1947, durante el gobierno de Gabriel González Videla, Chile proclama como pertenecientes a la soberanía nacional los mares adyacentes a las costas del territorio chileno y el zócalo continental adyacente a las costas continentales e insulares, cualquiera que fuere su profundidad, dentro de la zona formada por la costa y «una paralela matemática proyectada en el mar a doscientas millas marinas de distancias de las costas continentales chilenas«.

De igual manera, el 1 de agosto de ese mismo año, el gobierno del presidente peruano José Luis Bustamante y Rivero, mediante el Decreto Supremo n° 781, declaró la soberanía y jurisdicción del Perú sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional, cualesquiera que sea su profundidad y sobre la plataforma submarina o zócalo continental o insular adyacente a las costas continentales e insulares del territorio peruano, cualesquiera que sean la profundidad y extensión que abarque dicho zócalo, reservándose «el derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección de las riquezas nacionales en los mares continentales e insulares que quedan bajo el control del Gobierno del Perú, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro» y declarando desde luego «que ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas del territorio peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos«.

Desde 1952, el Perú reconoce que la frontera marítima con Chile es la línea del paralelo, y lo ha hecho a través de diversos documentos. Además, desde la guerra del Pacífico, en el siglo XIX, Chile ejerce soberanía y control en toda el área que el Perú está reclamando. Chile, Ecuador y Perú suscriben la «Declaración de Zona Marítima» en Santiago de Chile -8 de agosto de 1952-, por la que establecen el reconocimiento de las 200 millas náuticas de cada país, cuya definición corresponde a un minuto de arco sobre el paralelo de la línea del Ecuador.

El 4 de diciembre de 1954, Chile, Ecuador y Perú deciden firmar un nuevo documento, llamado «Convenio sobre Zona Especial Marítima«, debido a que «se producen con frecuencia de modo inocente y accidental, violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos«, situaciones que se intentan regular y para lo cual «establécese una zona especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países«. El Convenio nació a raíz de un problema muy concreto: la dificultad de los pescadores artesanales en reconocer la posición exacta de las fronteras marítimas. Perú sostiene que el Convenio, al tratar el tema específico de la pesquería, no tiene la jerarquía suficiente para fijar el límite territorial. Sin embargo, el texto deja en claro que el límite marítimo entre Perú y Chile es constituido por el paralelo. El Perú, al firmar el convenio, lo reconoce implícitamente.

Según los chilenos, estos documentos delimitaron un espacio de influencia marítima, que es coherente con los preceptos hoy defendidos por Chile.

El 12 de enero de 1955, el gobierno del Perú, en la resolución N° 23, afirma que la zona marítima peruana está «limitada en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a una distancia constante de ésta, de 200 millas náuticas» y que, de conformidad «con el inciso IV de la Declaración de Santiago, dicha línea no podrá sobrepasar a la del paralelo correspondiente al punto en que llega al mar la frontera del Perú«.

El 6 de mayo de 1955, el Congreso del Perú ratifica los acuerdos de 1952 y 1954 (y otros acuerdos y convenios relacionados) mediante la resolución legislativa n° 12.305.

Según la posición chilena, los acuerdos de 1952 y 1954 tienen la naturaleza de un Tratado Internacional, se basan para ello en la Convención de Viena de 1980, que si bien no tiene efectos retroactivos, están reconociendo un derecho internacional consuetudinario (16).

Debido a las continuas capturas de embarcaciones pesqueras artesanales, el 6 de febrero de 1968 la cancillería del Perú remite al encargado de negocios de Chile, la nota N° 6-4-9 en la que le informaba que «(…) era conveniente que se proceda a construir por ambos países, postes o señales de apreciables proporciones y visibles a gran distancia, en el punto en el que la frontera común llega al mar, cerca del Hito n° 1«.

En consultas informales entre las cancillerías de ambos países se decidió que las marcas, señales o faros se construirían en ambos territorios, en puntos alineados en la dirección del paralelo que cruza el Hito N° 1 de la frontera terrestre; por lo anterior las instrucciones a los técnicos peruanos fue «estudiar la instalación de marcas de enfilación que señalan las ubicaciones del Hito n° 1 de dicha frontera«. El 22 de agosto de 1969 la Comisión Mixta chileno-peruana da cuenta de la finalización de los trabajos mediante un acta suscrita en Arica por representantes de ambos Estados.

La Convención de Derecho del Mar indica que los acuerdos previos vigentes entre los Estados y, además, la existencia de derechos históricos, priman por sobre el establecimiento de la línea media contemplada por la misma convención y desde hace más de 50 años, en la práctica, Chile ha ejercido soberanía en el espacio marítimo reclamado por Perú, deteniendo a los buques pesqueros peruanos que han cruzado el paralelo.

De esta manera, Chile afirma que el Perú no tiene facultad de establecer su dominio marítimo en base a la línea media. Según los chilenos, ya existen convenios bilaterales en los cuales el Perú reconoció la línea paralela como límite marítimo.

Chile tendrá hasta el 9 de marzo de 2010 para presentar su «contramemoria«. Luego, Perú tendrá derecho a la presentación de una «réplica» y Chile a una «dúplica«, lo que podría tardar también un año. Posteriormente se da paso a los alegatos (fase oral) y finalmente a la preparación del fallo, que estaría terminado a inicios de 2011.

Las resoluciones de la Corte se dan a conocer en audiencias públicas, entre tres y seis meses después de concluir con las audiencias. Los dictámenes se toman por mayoría de votos, no son apelables y tienen el carácter de vinculantes, es decir, obliga a los Estados en conflictos a aceptar la resolución y a cumplir el mandato que indique la sentencia.

En caso de que un Estado no cumpla el fallo, la otra parte litigante puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU, instancia que puede realizar recomendaciones o aplicar medidas para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte.

El equipo jurídico de Chile está compuesto por el subsecretario de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren; los coagentes, directora de Fronteras, María Teresa Infante y el embajador de Chile en La Haya, Jaun Martabit; el juez ad hoc, Francisco Orrego Vicuña, doctor en derecho de la London School of Economics and Political Science y destacado jurista en el ámbito del Derecho Internacional; así como también los abogados Juan Paulson y Georgios Petrochino, entre otros.
Desde la presentación de la demanda peruana en la Corte Internacional de La Haya, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a todos los partidos políticos, incluida la derechista Alianza por Chile y al Partido Comunista. Sin excepción, todos respaldan la acción del gobierno en esta materia.

En la práctica Chile sigue ejerciendo soberanía en el espacio marítimo reclamado por Perú, por lo cual la Armada chilena, en los casos de buques pesqueros peruanos cruzan el paralelo, procede en la forma habitual (detención, traslado hasta el puerto de Arica, confiscación de los productos obtenidos, imposición de una sanción pecuniaria a los armadores o tripulantes, y la deportación al Perú).

Bolivia y su búsqueda de salida al mar

Por su parte, a pesar de la pérdida de Atacama -Guerra del Pacífico-, las minas, los depósitos de mineral y principalmente todo el litoral marítimo, Bolivia todavía lucha, hasta el día de hoy, por una solución diplomática que pueda curar la herida profunda que le dejó el imperialismo inglés, con una lanza chilena, hace más de cien años.

Volviendo a la Historia, hasta 1904 el juego diplomático se hacía sobre documentos que los intereses chilenos y fundamentalmente británicos rasgaban cuando lo creían necesario. Al final, tal como el imperialismo internacional ya lo había determinado a partir de su penetración en tierras bolivianas en 1856, el Tratado de Paz de 1904 (17) deja a Bolivia sin salida por el Pacífico.

El calvario boliviano no terminaría en esto. Bolivia iría perdiendo más tierras en la lucha por conquistar una salida fluvial, ahora con el Brasil.

Para llegar al Atlántico -ya que el Pacífico estaba perdido para siempre-. Bolivia obtuvo del Brasil una faja de cincuenta kilómetros a lo largo del río Paraguay, por donde alcanzaría una salida al Río de la Plata. Fue otro duro golpe: esa faja de tierra resultó absolutamente inapropiada para establecer un puerto que posibilitase la navegación de naves medias y grandes, en realidad no servía para nada. Bolivia en compensación de esa solución ilusoria, tuvo que ceder al Brasil nada menos que ciento noventa y un mil kilómetros cuadrados de territorios que hoy forman parte del Acre, de acuerdo al Tratado de Petrópolis (18), de noviembre de 1903, que estableció la frontera entre las dos naciones.

Las pérdidas de territorio boliviano se inician, en consecuencia, con el despojo del guano y del salitre por la ambición imperialista inglesa, y en sesenta y cinco años (1870 a 1935) ascienden a 1.265.437 kilómetros cuadrados con relación a 2.243.000 que constituían originalmente el territorio nacional. En otros términos: las guerras imperialistas de que fue víctima y agente Bolivia, le hicieron perder nada menos que el 56% de su territorio (con Chile perdió 120.000, en el litoral; con Brasil en Acre y Mato Grosso 490.437; con la Argentina 170.000 en el Chaco Central y Atacama; con el Perú 250.000 en el territorio de Manupiri, y 235.000 con el Paraguay en el Chaco Boreal: exactamente el 56,4% de su territorio).

La desesperanza nacional, fruto de la incompetencia e incapacidad dirigente ante la rapiña internacional -cuyos hilos, manejados en Londres o Nueva York, invariablemente se ligaban a las naciones hermanas de Sudamérica- condujeron al pueblo boliviano a alimentar el militarismo y el caudillismo, con la ilusión de recuperar la dignidad nacional y de alcanzar lo que era su derecho, y ello bien explica la avidez de los historiadores colonialistas (y desde luego, la sórdida campaña de la prensa imperialista) en presentar la tragedia boliviana de las revoluciones y golpes de estado como mero folclore latinoamericano.

El actual diferendo chileno peruano ocurre en circunstancias en que Chile y Bolivia avanzan firme pero silenciosamente en una agenda de 13 puntos que, además de aspectos económicos y administrativos, incluye el desarrollo de mecanismos que apunten a encontrar una salida al mar para Bolivia.

Esta posibilidad se ha conversado en pasillos de ambas cancillerías, desde fines del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) pero, sobre todo, desde que asumieron Evo Morales y Michelle Bachelet sus cargos como presidentes (enero y marzo de 2006, respectivamente). Una eventual salida de Bolivia al mar, se ve favorecida por el interés del empresariado minero que opera en Chile, de poder acceder al gas y al agua tan abundantes en Bolivia, y ante la aguda crisis energética que enfrenta Chile.

Las fuerzas armadas chilenas, tradicionalmente reacias a cualquier cesión territorial, también han expresado su disposición a un acuerdo en este sentido.

Los diálogos se han centrado en la posibilidad de que Bolivia acceda al mar a través de un corredor ubicado al norte de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile y en paralelo a la frontera chileno-peruana. Esto supondría la entrega, «sin soberanía«, de un territorio de 3.500 kilómetros cuadrados.

Las conversaciones van en la línea de lo acordado en el «abrazo de Charaña«, del 8 de febrero de 1975. En esa ocasión, junto con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el que Chile se comprometía a entregar una franja en su frontera norte, similar a lo que ahora se maneja en las cancillerías de La Paz y Santiago, a cambio de un territorio de iguales dimensiones en el altiplano boliviano.

Lo acordado en Charaña se vio frustrado, en buena parte, por la negativa peruana, que rechazó el acuerdo chilenoboliviano y, a cambio, propuso darle un estatuto trinacional a los territorios ofrecidos por Chile.

Este planteamiento, sumado al hecho de que Chile tiene la obligatoriedad, de acuerdo con el Tratado de 1929, de consultarle a Perú en caso de pretender ceder cualquier territorio que antes le perteneció a éste último país, hizo capotar los mecanismos.

Ante la evidencia del fracaso y considerando la enorme frustración que esto provocó en su país, Banzer rompió relaciones con Chile el 17 de marzo de 1978. En la actualidad, los vínculos entre ambas naciones se mueven sólo a nivel consular.

Con los años, se supo que el interés de Pinochet por alcanzar un acuerdo con Bolivia, buscaba desactivar la hipótesis de conflicto más temida en las academias de guerra chilenas: HV3. Así se conoce en círculos castrenses al posible enfrentamiento de Chile con sus tres países limítrofes: Argentina, Perú y Bolivia.

Por su parte, la demanda peruana puede afectar a las aspiraciones bolivianas. Esto sucedería debido a que el territorio marítimo demandado por Perú es el mismo que le correspondería a Bolivia en caso que se le diera una franja hacia el Océano Pacífico.

El destacado internacionalista boliviano y ex embajador de ese país en la OEA, Fernando Salazar señalaba en este sentido: «Cada vez que Chile y Bolivia están próximos a alcanzar un acuerdo, surge un problema planteado por Perú: esto no es de ahora, es de siempre«.

De igual manera, el presidente boliviano Evo Morales reveló que Bolivia negoció con Chile una salida al Océano Pacífico con continuidad territorial por la llamada línea de la Concordia (entre Tacna y Arica), ahora bloqueada por el Perú por una demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

«Se estaba haciendo una consulta y podría ser un corredor en la frontera con Chile y el Perú (…) Cuando el gobierno peruano escucha que se quería abrir el corredor con Chile y el Perú, inmediatamente presenta la demanda a la Corte de La Haya«, precisó Morales en marzo del presenta año.

Durante esas fechas hubo un enfrentamiento verbal sobre el tema marítimo entre los presidentes de Bolivia y el Perú, Evo Morales y Alan García, respectivamente, que provocó tensión en diferentes círculos de ambos países.

«Tal vez por primera vez he tenido propuestas, discusiones indirectas; yo de gobierno a gobierno, de presidente a presidente con Chile (sobre la demanda marítima de Bolivia)», precisó Morales. 

Morales admitió que habrá una pausa en la actual negociación diplomática entre Bolivia y Chile de una agenda de 13 puntos que incluye por primera vez la demanda marítima boliviana. «Tiene que pasar este año para que no se use electoralmente (la negociación marítima) ni en Bolivia ni en Chile«, dijo.

También remarcó que la crisis política que sacudió a Bolivia el pasado mes de septiembre frenó la negociación con Chile. «Si no hubiera sido por estos conflictos generados en Bolivia por la derecha y los neoliberales, hubiéramos avanzado bastante«, agregó.

Notas:
(1) Alan Gabriel Ludwig García Pérez (Lima, 23 de mayo de 1949), abogado, sociólogo y político peruano. Ha sido Presidente Constitucional de la República del Perú en dos ocasiones: entre el 28 de julio de 1985 y el 28 de julio de 1990 ; y entre el 28 de julio de 2006 y la actualidad, con término de su período previsto para el 28 de julio de 2011 .
Su primera gestión de gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la historia del país con una insólita hiperinflación, por los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso, por diversos actos de corrupción que involucraban a gente del régimen y por un gran descontento social. Las diversas acusaciones provocaron que en 1991 fuera retirado temporalmente del Senado para llevarle a cabo una investigación. Producida la crisis constitucional de 1992, comenzó su exilio en Colombia y Francia ante la persecución política contra García y los partido que realizó el régimen de Alberto Fujimori.
A la caída del régimen fujimorista, García retornó al país para postular en 2001; sin embargo, fue derrotado por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno (2001-06) fue el líder de la oposición. Triunfó en las elecciones de 2006 al derrotar a Ollanta Humala (UPP) en segunda vuelta. Su segundo gobierno, se ha caracterizado a la fecha por diversas medidas de austeridad, el inicio de grandes proyectos económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Para marzo de 2009, su segunda gestión era aprobada aproximadamente por el 34% de peruanos, recuperándose de su nivel más bajo, 19%, alcanzado en noviembre de 2008.