Costa Rica ya ha sufrido en carne propia las embestidas de las compañías transnacionales que intentan obtener abundantes ganancias en su territorio sin importarles las consecuencias y por tanto al Congreso, bajo fuerte presión social, le será difícil aprobar el pretendido Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio (ACLC) El primer borrador de este documentos fue firmado […]
Costa Rica ya ha sufrido en carne propia las embestidas de las compañías transnacionales que intentan obtener abundantes ganancias en su territorio sin importarles las consecuencias y por tanto al Congreso, bajo fuerte presión social, le será difícil aprobar el pretendido Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio (ACLC)
El primer borrador de este documentos fue firmado el pasado 28 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington por representantes de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, y solo tres días después se realizó en Costa Rica una multitudinaria marcha convocada por los sindicatos y activistas sociales para protestar contra ese en neoliberal y neocolonial fraguado desde la Casa Blanca.
Para la segunda quincena de julio esta prevista la discusión del ACLC en el Congreso costarricense donde ya más de un tercio de sus integrantes (20 de 57) se oponen al proyecto, y ese número puede aumentar pues se prevén amplias manifestaciones callejeras que arrastrarán a diferentes sectores del país.
A diferencia de sus vecinos, Costa Rica es el único país de la región donde su pueblo ha disfrutado de un aceptable sistema de prevención y seguridad sociales.
Durante años, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Nacional de Seguros (INS) que ostentan los monopolios de esos servicios, han permitido que la población los obtengan a precios aceptables. Esta es una de las cuestiones por los que las organizaciones populares se oponen a la entrada del país al ACLC, que abriría esos fundamentales rubros a la voracidad de las compañías transnacionales.
Acogerse a ese acuerdo significará que el mercado y todas las áreas de la economía y los servicios como la agricultura, el turismo, las exportaciones, la minería, la propiedad intelectual y hasta la legislación laboral queden a merced del capital foráneo.
Costa Rica, uno de los países con mayor área de superficies protegidas es considerada la sede mundial del Consejo de la Tierra debido a la conservación de sus recursos naturales, los que en la actualidad se hallan en peligro por una lenta y persistente deforestación fuera de sus parques nacionales, impulsada por empresas multinacionales (con autorización de los gobiernos de turno) que en el 2002 se vieron obligadas a detener sus actividades.
En esa ocasión se desarrolló en la nación centroamericana una enorme movilización de las instituciones y organizaciones pro defensa del medio ambiente y el presidente Abel Pacheco, recién estrenado en el cargo, determinó una moratoria en la explotación petrolera y en las minas a cielo abierto.
Sin pérdida de tiempo, la compañía estadounidense Harkin Energy, impuso una demanda por 12 millones de dólares al gobierno costarricense por supuestas inversiones que había realizado para la búsqueda de petróleo.
El gobierno afirmó que no cedería a las presiones de la empresa basificada en Texas y que había obtenido los derechos de prospección tras comprárselo a otra compañías, la MKJ Xploration que ganó una licitación para la investigación petrolífera en la costa atlántica de esa nación.
San José adujo que el litigio debía llevarse a cabo en los tribunales nacionales, pero la Harkin acudió a organismos jurídicos internacionales para demandar a Costa Rica por la exorbitante suma de 57 000 millones de dólares, argumentando que ese era el cálculo de las ganancias dejadas de recibir si se hubiera encontrado el crudo.
El Centro Internacional para la Solución de Disputas de Inversiones del Banco Mundial comunicó a Costa Rica sobre la reclamación de la Harkin pero el presidente Pacheco puntualizó que su país no se sometería a un arbitraje internacional.
La empresa texana no se ha dado por vencida y con la boca abierta, cual enorme tiburón espera paciente para tratar de engullir la abultada cifra que es 3,6 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.
Pero lo que más temen los ambientalistas y sindicalistas ticos es al Caballo de Troya que representa el proyectado Acuerdo de Libre Comercio.
Si se llegara a firmar, no solo la Harkin, sino todas las compañías que se vieran amenazadas de perder cualquiera de las prebendas que les brinda el tratado, recurrirían con toda la potestad y derecho que se les otorga, a establecer pleitos en instituciones jurídicas internacionales.
Ninguna de las naciones centroamericanas estaría en condiciones de contrarrestar las demandas, en primera por lo costosas que resultarían y porque los acuerdos amparan con mucha fuerza a las transnacionales.
Los sectores nacionalistas están en alerta contra los que intentan entregar el país a las garras del capital extranjero. Solo una amplia batalla de protestas en las calles y ciudades podrá detener la creación del ACLC, que conllevará una nueva forma de colonización para las naciones centroamericanas.