Colapso o déficit de servicios básicos, hacinamiento, contaminación. Son problemas de las grandes ciudades que, en los países en desarrollo, lejos de resolverse se acentúan por otro mal: la pobreza y la desigualdad. Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el mundo tiene hoy 40 «mega regiones» urbanas, en las […]
Colapso o déficit de servicios básicos, hacinamiento, contaminación. Son problemas de las grandes ciudades que, en los países en desarrollo, lejos de resolverse se acentúan por otro mal: la pobreza y la desigualdad.
Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el mundo tiene hoy 40 «mega regiones» urbanas, en las que vive 18 por ciento de la población. Concentran además 66 por ciento de la actividad económica y 85 por ciento de los avances científicos y tecnológicos.
Pero esos parámetros de «progreso», que dieron pie a innumerables éxodos del campo a la ciudad, no se expresan de la misma manera en los datos finales de desarrollo humano, según concluyeron en varios espacios de discusión los participantes del V Foro Urbano Mundial.
En el encuentro, que se celebra desde el lunes hasta este viernes 26 en Río de Janeiro, los expositores llamaron la atención sobre otro agravante: la incorporación cada año de 70 millones de personas a la población urbana global.
Noventa por ciento de ese crecimiento ocurre en países en desarrollo, según el Banco Mundial, y a una velocidad entre cinco y 10 veces mayor que en las naciones ricas.
Este jueves, en el último día de debates del foro, un informe latinoamericano de ONU-Hábitat planteó una vez más ese fenómeno: el proceso de urbanización no ha contribuido a mejorar la vida de la gente.
El informe «El estado de las ciudades en América Latina» recuerda que «las actividades económicas basadas en lo urbano» representan más de 50 por ciento del producto bruto mundial, y más de 80 por ciento del de los países más urbanizados de esta región.
Sus ciudades son concentradoras de riqueza, poder, comunicación ciencia, tecnología y cultura. Pero también de las formas más dramáticas de desigualdad social, subraya el estudio.
Un cuarto de los 471 millones de personas que viven en ciudades latinoamericanas lo hacen en asentamientos precarios, las «favelas» brasileñas, las «villas miserias» argentinas o los «barrios de tugurios», según algunas de las ricas formas de nombrarlos en la región.
El estudio regional complementa a otro de alcance global, presentado también en el encuentro, y que cifró en 827,6 millones la cantidad de personas que viven en asentamientos precarios en todo el mundo, un sector de población que crece 10 por ciento al año.
Para el Banco Mundial, se requieren más inversiones para mejorar los servicios básicos y las condiciones de vivienda así como para generar empleos. En palabras del director gerente del organismo, Juan José Daboub, se trata de «colocar a los pobres en el mapa».
«Mejorar las condiciones de vivienda de los pobres» es una prioridad, apuntó la jefa de la oficina regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, Cecilia Martínez.
«Coordinación», «alianzas», «conexiones», entre gobiernos centrales, provinciales, municipales, con la sociedad civil y con el sector privado fueron mencionadas una y otra vez como clave de la solución a los problemas urbanos.
También se necesita coordinar para resolver los problemas «sinfín» de las llamadas «ciudades sin fin», definidas por las Naciones Unidas como mega regiones, o corredores urbanos que se expanden, entrelazándose entre sí para constituir una nueva y no catalogada cartografía, dijo a IPS Agostinho Guerreiro, presidente del Concejo Regional de Ingeniería y Arquitectura de Río de Janeiro.
Las Naciones Unidas ponen como ejemplo el corredor poblacional de Hong Kong-Shenzhen-Guangzhou, que alberga unos 120 millones de habitantes en el sudeste de China.
En Brasil estaría en proceso de formación una suerte de monstruo urbano de varias cabezas, entre las capitales de Río de Janeiro y la sureña São Paulo, con unos 43 millones de personas.
Guerreiro identifica dentro de esa gran área una mega región comprendida por varias ciudades del estado de Río de Janeiro que se interconectan a partir de la capital y tienen problemas y posibles soluciones comunes, como el transporte.
«Tenemos cerca de 15 ciudades metropolitanas en esas condiciones, y no tenemos todavía una planificación centralizada, un ‘suprapoder’ que supere a esos municipios y que, por ejemplo, pueda ejecutar un plan de transporte integrado», dijo Guerreiro.
Para Guillermo Tapia Nicola, secretario ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, el problema más grave comienza en el ámbito municipal: la falta de financiación a proyectos locales.
Los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo siguen la lógica «monopólica» de los gobiernos centrales, dijo Tapia Nicola a IPS.
Tapia Nicola consideró clave que los 16.000 municipios latinoamericanos tengan acceso a prácticas y experiencias exitosas de conocimiento científico para el desarrollo urbano.
Un panel realizado en el marco del foro, «Reduciendo la vulnerabilidad con acceso universal a los servicios básicos», buscó precisamente esa «alianza» de acciones e intereses, con el auspicio del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar).
Gabriel Arellano, alcalde de la ciudad mexicana de Aguascalientes, relató que en los últimos años el abastecimiento de agua potable se extendió a 95 por ciento de los 800.000 habitantes, 10 puntos porcentuales más que el promedio nacional.
El logro fue posible con un programa piloto de ONU-Hábitat y Unitar que estableció subsidios cruzados que beneficiaron a los usuarios más pobres de Aguascalientes, capital del estado homónimo en el centro de México.
El proyecto consiguió inclusive reducir las pérdidas de agua del sistema de 70 a 30 por ciento del total suministrado, aun con crecimiento de la población, según Arellano.
Otros ejemplos son las «juntas de agua» comunitarias que funcionan en varios países, como Paraguay, para suministrar agua y saneamiento a poblaciones excluidas mediante la organización de los vecinos.