Coincidiendo con el 60 aniversario del establecimiento de la Organización de Naciones Unidas, del 14 al 16 de septiembre tendrá lugar en Nueva York una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, a la que se ha denominado Cumbre Mundial 2005. Además de revisar la aplicación de la Declaración del Milenio y de […]
Coincidiendo con el 60 aniversario del establecimiento de la Organización de Naciones Unidas, del 14 al 16 de septiembre tendrá lugar en Nueva York una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, a la que se ha denominado Cumbre Mundial 2005. Además de revisar la aplicación de la Declaración del Milenio y de superar los obstáculos que dificultan antes de la fecha límite de 2015 el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los jefes de Estado y de gobierno tendrán la oportunidad de poner en marcha la muy necesaria reforma de la ONU, sobre todo en lo relativo a las medidas de protección de los derechos humanos.
Ya La Jornada el día de ayer informó que las organizaciones civiles Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam Internacional y el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, la coalición más importante contra la pobreza en el mundo (representa a más de 150 millones de personas), denunciaron el pasado lunes que un reducido número de países (por lo que sabemos, no pasan de 15, entre los 191 estados que hoy integran la ONU) están intentando sabotear la cumbre con sus objeciones al borrador del texto final.
Se pretende, en efecto, bloquear la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos con mayor autoridad moral, objetividad, permanencia, representatividad y nivel en el sistema de la ONU que el que actualmente tiene la Comisión de Derechos Humanos, que pueda durante todo el año analizar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar con una visión integral cualquier situación relacionada con ellos.
Los representantes de Estados Unidos han propuesto, además, suprimir del documento final las alusiones a los controles de armas pequeñas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son las metas acordadas internacionalmente en 2000, y eliminar la lucha contra la pobreza, que incluye la condonación de la deuda, la ayuda exterior al desarrollo y la educación.
Teniendo en cuenta las críticas contra el funcionamiento, la composición, las facultades y los alcances de la comisión, el secretario general planteó en marzo pasado ante la asamblea su sustitución por un Consejo de Derechos Humanos de carácter permanente y más alto nivel, dentro de las urgentes reformas del sistema de la ONU. El punto de partida de las discusiones la semana próxima será la voluntad política decidida de la mayor parte de los gobiernos de elevar la prioridad del tratamiento de los derechos humanos como uno de los pilares de la ONU, y decidir si el consejo será un órgano subsidiario de la Asamblea General, y ya no del Consejo Económico y Social (Ecosoc), como la actual comisión, o un órgano principal de Naciones Unidas, al mismo nivel que el Ecosoc y el Consejo de Seguridad.
Debido a la complejidad del proceso de modificación de la Carta de la ONU, que requiere de la votación de las dos terceras partes de la Asamblea General, más el voto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y la ratificación de los poderes legislativos de cada país, la posición de México se inclina por el momento por la primera de las opciones. Amnistía Internacional (AI) y varias de las organizaciones civiles mexicanas más importantes están en cambio por la segunda, teniendo en cuenta que la creación de la Corte Penal Internacional y la adopción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas se tomaron más de 10 años, a pesar de la complejidad del proceso descrito anteriormente.
Además de pedir el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, AI propone en efecto que el consejo entre en funciones a más tardar el próximo 31 de diciembre, y que en un máximo de cinco años se logre su elevación del estatus de órgano principal. Que tenga la capacidad financiera y operación para responder en todo momento a cualquier situación de crisis de derechos humanos, y que periódicamente evalúe las obligaciones de los estados en la materia. Insiste además en que permanezcan algunos mecanismos actuales de la comisión, como la participación de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos en el funcionamiento del consejo. Por lo que se refiere a su integración y composición, pide que su membresía sea reducida, y que se emplee un proceso consultivo abierto y transparente, que involucre a todas las partes interesadas, a la hora de consultar a los países miembros. En un boletín dado a conocer en Londres hace un mes, AI ratifica entre otras cosas su voluntad de seguir trabajando hasta mediados de este mes por unas disposiciones más enérgicas para crear el consejo como órgano principal de la ONU, y por un proceso abierto, autorizado y transparente para establecer sus funciones y métodos de trabajo, con la participación de las organizaciones no gubernamentales.