El gobierno que tomó posesión el 16 de agosto con la promesa de no reeditar el «borrón y cuenta nueva», acaba de cumplir nueve meses y es notorio que mantiene la impunidad del delito de Estado, puesto que los procesos judiciales se ciñen a unos pocos casos de prevaricación entre los muchos denunciados durante la […]
El gobierno que tomó posesión el 16 de agosto con la promesa de no reeditar el «borrón y cuenta nueva», acaba de cumplir nueve meses y es notorio que mantiene la impunidad del delito de Estado, puesto que los procesos judiciales se ciñen a unos pocos casos de prevaricación entre los muchos denunciados durante la desacreditada gestión de Hipólito Mejía. Las nuevas autoridades heredan también la actitud permisiva. Tal como en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo jefe de la Policía, Pedro de Jesús Candelier recibió en regalo parte del dinero para adquirir una lujosa villa en el complejo turístico Casa De Campo y no tuvo que dar cuenta en los tribunales, hoy, Julio César Ventura Bayonet, subsecretario de las Fuerzas Armadas, tras mencionarse su nombre en un caso de contrabando, no tiene que dar cuentas, aunque reconoce que protegió a quien no debió proteger. ¡Vaya botones para muestra de lo infame!
Encubrimiento y tolerancia del delito de Estado no constituyen, sin embargo, la totalidad de la herencia que toma el gobierno encabezado por Leonel Fernández.
Siguen las ejecuciones extrajudiciales por patrullas de la Policía que, con el aval de la institución, presentan como intercambios de disparos incidentes en los cuales sólo sus miembros disparan.
Los indocumentados, tanto los que pretenden salir del país como los haitianos residentes aquí, son enfrentados con la fuerza bruta y calificados como ilegales, como si este término bastara para justificar el abuso.
Aunque el tema requiere tratamiento aparte, hay que llamar la atención sobre el hecho de que en ciertos puntos del país grupos de civiles dominicanos han participado en la captura de haitianos para su deportación. Esto revela indolencia e irresponsabilidad. El abuso que tradicionalmente han cometido los cuerpos represivos puede ser atribuido ahora a civiles que actúan sin sujeción a normas. ¡A ese punto han llevado la sistemática campaña de enajenación y la deplorable injusticia!
En el plano ideológico, tal como Hipólito Mejía se autodefinió como un lacayo de los yanquis, Leonel Fernández se declara administrador de una parte del traspatio de Estados Unidos.
Como el entreguismo de palabra se traduce en subordinación de hecho, Hipólito se expresa como bufón y Leonel como ecuánime orador convencido de que su papel es obedecer, pero ambos, tras visitas a Estados Unidos, han anunciado que los dueños del gran garrote ayudarán a reforzar la vigilancia en la frontera con Haití con los pretextos ya conocidos y gastados.
Como discípulos de Joaquín Balaguer y herederos de su estilo, no causa sorpresa que se presten para encubrir el delito de Estado y a buscar más asesores militares estadounidenses.
Los cambios en el esquema económico han hecho necesario buscar nuevas formas para favorecer desde el Estado el crecimiento de las fortunas y la reproducción de los capitales, y entonces echan mano de la herencia de Balaguer para no dar cuentas a la población al asumir proyectos que no son del pueblo.
El actual gobierno se propone lograr la estabilidad económica manteniendo a los grupos asalariados en la línea de la pobreza y pagando con la inversión pública favores politiqueros y adhesiones buscadas. De ahí que entre sus prioridades estén la construcción de un Metro y de una isla artificial y el aporte de 25 millones de dólares al lujoso Hospital Metropolitano de Santiago, proyectos de interés para grupos poderosos, no para las mayorías.
Esta suma de entreguismo, coerción de clase, exclusión, brutalidad y encubrimiento del delito de Estado cometido por civiles o por militares, reúne las características del autoritarismo de este tiempo… Y se observa nueve meses después de instalado un gobierno cuyos dirigentes, hace justo un año, recibieron el voto del 58 por ciento de los hombres y mujeres que acudieron a las urnas.
La democracia no se define con procesos marcados por la prostitución del sufragio, ni la legitimidad se identifica con una legalidad lograda mediante un pacto de continuidad de la imposición. Esto es esencialmente cierto y se ha puesto en evidencia en los últimos nueve meses… Sin duda.