«Los sueños, las esperanzas, los sufrimientos, los sacrificios y toda la energía rebelde de nuestros pueblos latinoamericanos no pueden seguir siendo expropiados. Nos merecemos algo más que un miserable ‘capitalismo con rostro humano’ y una mugrienta modernización de la dominación» Néstor Kohan CONSTITUYENTE Y PARTICIPACIÓN POPULAR Los sectores dominantes y la derecha política han puesto […]
«Los sueños, las esperanzas, los sufrimientos, los sacrificios y toda la energía rebelde de nuestros pueblos latinoamericanos no pueden seguir siendo expropiados. Nos merecemos algo más que un miserable ‘capitalismo con rostro humano’ y una mugrienta modernización de la dominación»
Néstor Kohan
CONSTITUYENTE Y PARTICIPACIÓN POPULAR
Los sectores dominantes y la derecha política han puesto el grito en el cielo, han declarado la guerra, en defensa del estado social de derecho, de la seguridad jurídica, del imperio de la ley, de su gobernabilidad, argumentando que disolver el Congreso Nacional es un acto dictatorial. Quienes han hecho pedazos el andamiaje jurídico ecuatoriano en épocas anteriores, hoy se han convertido en adalides de la constitucionalidad; acaso ellos, no destituyeron a Bucaram, declarándole incapaz mental, y cuando la doctora Rosalía Arteaga quiso asumir la presidencia de la república, se inventaron un interinazgo en la persona de Fabián Alarcón; por la furia popular, debido a la quiebra bancaria lo sacaron a Mahuad y nombraron a Noboa Bejarano en complicidad con las FFAA y la embajada americana; con Gutiérrez se inventaron el abandono de cargo y rápidamente lo sentaron a Palacio González, estos actos de la historia reciente fueron contrarios al orden constitucional, y los padres de la patria priorizaron lo político a lo jurídico; unos defendiendo intereses corporativos y otros reestructuraciones del TSE, TC, CSJ, para que partidos y movimientos políticos con menor votación tengan «representación» en aquellos organismos gubernativos.
Hoy lo político nuevamente ha superado a lo jurídico, el pueblo ha dicho ¡basta!, está cansado de ser utilizado en forma grosera por los sectores dominantes, que lo único que buscan es perpetuarse en el control del poder político. Por ello, la mayoría ecuatorianos pedimos una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para transformar el país desde sus cimientos, pero la burguesía y sus acólitos, una vez más, han salido al paso para impedir aquello; los congresistas tienen que irse a sus casas, pues continúan ciegos, sordos y mudos ante las necesidades populares, siguen legislando para sus amos y empleadores, pero despiertos en su voraz apetito económico cobran hasta por irse al baño; por estas y otras razones el Congreso como instancia política tocó fondo.
¿QUIENES DEBEN INTEGRAR LA ASAMBLEA?
Los representantes de todos los sectores organizados de la sociedad, que tengan una adecuada formación y conocimiento de los principales problemas del país. Que el Estado garantice equidad en la propaganda, para que el pueblo conozca a los candidatos y sus propuestas. La Asamblea Constituyente debe regirse con un estatuto electoral, en el cual los representantes y funcionarios de los partidos políticos que ya fueron gobierno, sus ex ministros, empleados de empresas transnacionales y de organismos internacionales de crédito, abogados defensores de narcotraficantes, quienes hayan sido sancionados por peculado y actos de corrupción en contra del Estado, ONGs financiadas por países extranjeros no deben ser integrantes de la Asamblea.
¿QUE ES LA PARTIDOCRACIA?
Los partidos políticos representan los intereses de clase: burguesía o pueblo; están compuestos por personas, con nombres y apellidos, responden a una estructura jerárquica organizada, su posición política e ideológica permite identificarlos y ubicarlos. La declaración de principios y su línea política es la carta de presentación de la clase social a la que sirven y pertenecen. En los últimos meses los denominados Movimientos Sociales, conciente o inconcientemente se han dedicado a hacerle el juego a un sector de la burguesía en éste tema. Parten del supuesto de que los partidos políticos acaparan, impiden y usurpan el accionar político de los «ciudadanos», cuestionando la organización democrática representativa. En este saco ponen a todos los partidos -hayan sido o no gobierno-; no distinguen estructura de clase ni condición social, intencionalmente unifican a todas las tendencias, derecha o izquierda les parece igual. El propósito de los Movimientos Sociales es desacreditar ante los «ciudadanos» a los partidos políticos, de manera especial a los de izquierda, que sin haber estado en el poder los vinculan con la derecha reaccionaria y vendepatria, haciéndoles parte y culpándolos de toda la crisis institucional.
La palabra «partidocracia», se la utiliza como arma política-ideológica, para desviar la atención de la lucha política, queriendo ocultar las luchas sociales por el cambio del sistema, para mantener vigente el proceso de dominación en el país y, eludir su directa responsabilidad en la crisis política, económica y social del Ecuador, por los partidos que han sido gobierno: UDC-CFP, PSC, ID, PRE, PSP, FRA, PUR. Estas estructuras partidarias bajo el liderazgo del PSC han mantenido el protagonismo en los últimos 28 años de democracia oligárquica, y son los responsables directos de tres golpes de Estado para preservar sus exclusivos intereses de clase. En el afán de querer borrar de la memoria de los ecuatorianos la incapacidad de la derecha para gobernar, en contubernio con los movimientos sociales financiados por el capital transnacional, la embajada americana y ONGs internacionales, han metido en el mismo saco a todos los partidos políticos, incluida la izquierda. Jaime Nebot ha confirmado que el anhelo de la derecha es eliminar los partidos en el afán de reemplazarlos por los movimientos ciudadanos; para que la lucha de clases sea sustituida por la participación ciudadana; que las movilizaciones sepulten a los movimientos insurgentes.
Para el colmo nuevamente ONGs financiadas con dineros de poderosas corporaciones transnacionales, con el descarado pretexto de construir una «vía ciudadana» que permita rescatar el poder del voto, 15 organizaciones impulsan el proyecto denominado «17 temas urgentes para la democracia verdadera». Alrededor de 200.000 dólares costará este proyecto financiado en parte por entidades como Naciones Unidas (PNUD), la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Suiza (GTZ), la Agencia para la Cooperación Internacional de EE.UU., (Usaid), Ciespal, Participación Ciudadana, Clave Democrática liderada por el sociólogo pro norteamericano César Montúfar, y frustrado candidato a diputado por cuanto no pudo reunir las firmas, la Fundación Esquel, Ruptura de los 25.entre otras. Las 17 organizaciones aportan con cuatro personas cada una, apoyo logístico, infraestructura y recursos, señaló Mae Montaño, directora ejecutiva de la Alianza Equidad.
Según estadísticas los movimientos independientes crecieron en el Ecuador en un 97,2 por ciento en solo cuatro años. En las elecciones del 2002 participaron 72 movimientos independientes, y en el 2.006 más de 142, de ellos, 32 son de carácter nacional y 110 provincial, hay 70 movimientos más con relación al 2002, cuando participaron un total de 72. el 5 de enero del 2003. En el Congreso Nacional 18 organizaciones políticas, entre partidos e independientes acapararon las 100 designaciones; Lucio Gutiérrez armó su mayoría legislativa ‘institucional’ con el apoyo de 18 diputados independientes, que coadyuvaron a reorganizar la Corte Suprema y los tribunales Constitucional y Electoral. La proliferación de movimientos independientes es motivo de preocupación ya que promueven el apartidismo, bajo el supuesto de mejorar la crisis del sistema, lo cual es una falacia ya que no se soluciona eliminando a los partidos y aumentando el número de independientes, que dicho sea de paso, solo se representan los caudillos, falsos lideres que embaucan a los ecuatorianos con falsas propuestas de campaña, y una vez conseguido su objetivo como no rinden cuentas a nadie, comercializan su voto en el congreso, consejo provincial o concejo municipal. Si observamos con atención estos movimientos independientes en política son organizaciones pasajeras que se integran en cada proceso electoral y con nombre distinto cada año, pero coincidencialmente con los mismos candidatos, que por lo general, se articulan en torno a figuras aparentemente inmaculadas, transparentes, pragmáticas, apolíticos, sin ideología definida y alejados de los vicios de la política. Por el hecho de ser organizaciones pasajeras que se montan como cualquier negocio en cada proceso electoral, resulta imposible exigirles rendición de cuentas, ya que solo existen candidatos, no hay quién asuma con los costos de una mala gestión, limitando la posibilidad de sancionar a quienes no cumplen.
¿QUE ES UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA?
Es la ley suprema que enmarca un conjunto de normas jurídico-políticas que rigen y regulan la marcha de un Estado, ninguna otra ley, precepto o disposición puede contravenir lo que ella expresa. Se establecen los derechos y obligaciones esenciales del pueblo y los gobernantes; en ella, se establece el carácter y la concepción del gobierno, las competencias de los poderes de Estado, los derechos, obligaciones y garantías que tienen los individuos.
«Para que una constitución sea la declaratoria de la voluntad de un pueblo, sobre su sistema de gobierno; para que sea viable y fecunda, se necesita que sus preceptos no sean el reflejo del criterio o de los propósitos de un partido político, sino el reflejo de un criterio nacional amplio, que fundándose en la experiencia del pasado, prepare a una nación para su desenvolvimiento en todos los ramos de la vida pública y privada»
Nuestra Constitución Política del Estado, en lo referente a la supremacía de la Constitución, en su Artículo 272 dice: «La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones».
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, la integran un grupo de personas elegidas democráticamente mediante el voto popular, con la finalidad de elaborar una nueva Constitución, reformarla o enmendarla. Los delegados están investidos de todos los poderes; es decir puede desconocer o disolver el Congreso Nacional, y hasta destituir al Presidente de la República y convocar a un nuevo proceso electoral, en caso de que así sea la decisión popular.
Es la oportunidad histórica de exigir al gobierno de Rafael Correa Delgado, que la nueva Asamblea Nacional Constituyente se convierta por primera vez en un amplio proceso de discusión democrática entre ecuatorianos. El proyecto de la nueva Constitución debe ser conocido por nosotros, estudiarlo, discutirlo, revisarlo en forma individual o en grupos, hacerles llegar nuestros aportes a los asambleístas, para que en lenguaje técnico-jurídico lo pongan en la nueva Carta Magna.
La Constitución así elaborada, deberá ser aprobada en un referéndum (consulta) por el pueblo que es el soberano, quién en ésta oportunidad, no puede ser un simple elector y luego no ser tomado en cuenta para las decisiones trascendentales de la patria. El pueblo será el que apruebe en definitiva lo que propongan o aprueben los asambleístas que vamos a elegir.
El PODER CONSTITUYENTE es la primera manifestación de soberanía del pueblo, y tiene la plena atribución de elaborar una Constitución o de reformarla; se faculta y facilita su propio ordenamiento jurídico-político dentro de un Estado. A éste mecanismo se le conoce como PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO O FUNDACIONAL, que se clasifica en: SUPREMO, por cuanto es el primero, no ha estado antes constituido y, no existe ninguno por sobre él. ILIMITADO, «sólo en cuanto a frenos jurídicos, ya que no existe sobre él norma alguna que pueda imperar. No obstante es preciso reconocer limitaciones políticas, sociales y económicas». EXCEPCIONAL, «tiene lugar en circunstancias poco frecuentes, pues puede darse en situaciones de: a) nacimiento de nuevos estados, o b) transformación revolucionaria de las estructuras estatales. En realidad se trata de que solo se ejercita cuando se expide una constitución, sea para crear (fundar) un nuevo estado o para crear (refundar) uno ya existente.
El poder Constituyente, tiene dos características: 1) Es originario o fundacional y 2) post o refundacional. Es ORIGINARIO O FUNDACIONAL, cuando una sociedad crea o elabora su primera constitución Política para formar un nuevo Estado; o, cuando los contenidos de una constitución ya existente sufren transformaciones radicales, o procesos revolucionarios para un cambio de sistemas políticos, ejemplos la Revolución Francesa y Norteamericana (cambian su sistema de producción del feudalismo al capitalismo), la ex URSS y la cubana, (avanzan del capitalismo al socialismo).
En el caso ecuatoriano es POST O REFUNDACIONAL, porque nuestro Estado ya está formado y delimitado, debido a que no hay un cambio de estructuras o de sistema político, seguimos bajo el sistema capitalista, y tomamos como punto de partida el sistema jurídico-político vigente para elaborar otro nuevo, reacomodándolo a las exigencias del capitalismo globalizado, y por las corrientes políticas progresistas que actualmente gobiernan América Latina, sumado a ello, que nuestro sistema político ha colapsado.
Se denomina PODER CONSTITUYENTE DERIVADO O CONSTITUÍDO, cuando la Constitución vigente es reformada, enmendado o reemplazada por el Congreso o Parlamento, de acuerdo a las normas y procedimientos que la propia constitución lo ordena y determina, «dando una nueva expresión constitucional a un estado ya constituido». A estos mecanismos se los conoce también como PODERES CONSTITUIDOS, cuyo poder, eficacia, legitimidad y legalización constan en la constitución vigente, su accionar fundamental es dar continuidad a la Carta Magna, adaptándola a los requerimientos políticos de la época o de intereses particulares nacionales o extranjeros enquistados en los poderes de Estado.
¿En qué radica la soberanía del pueblo?, en la potestad y autoridad que tiene los habitantes de un país para elegirse y ser elegido mediante sufragio universal, su voto concede soberanía al Estado, organiza y legitima el poder estatal ya que el PODER efectivo radica en el pueblo. Con el avance de la ciencia política su PODER lo ha delegado a través de la denominada DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, a los órganos estructurados en tres poderes del Estado: EJECUTIVO, JUDICIAL, Y LEGISLATIVO, que se rigen bajo los principios de la Constitución Política del Estado.
La soberanía del pueblo es única, indivisible, inalienable, indelegable, suprema y sometida al derecho. Es Única, porque la soberanía es el carácter supremo de una potestad y, por ello, esa potestad no puede pertenecer a dos o más sujetos. La unidad es el orden jurídico, como cualidad de un poder que no puede ser compartido. Indivisible, porque el pueblo, único sujeto a titular de la soberanía, es una unidad desintegrable, que se determina por sí misma. Inalienable, porque en ninguna forma el pueblo, titular de la soberanía, puede cederla, renunciar a ella o enajenarla. Indelegable, porque aun cuando el pueblo encomienda su ejercicio al gobierno, los órganos de éste y los funcionarios no invisten su representación, sino que ejercitan su voluntad. Suprema, porque no reconoce ni puede reconocer otro poder de mayor jerarquía. Limitada al derecho, pues el pueblo al determinarse jurídicamente y obligarse a sí mismo, sin otro poder que pueda intervenir en la vida institucional que ha creado, es de la más alta jerarquía. Su voluntad es cauce, por donde esa voluntad debe circular, de tal manera que la voluntad política está condicionada a la voluntad jurídica que determina la legitimidad y la validez de sus manifestaciones.
Nuestra Constitución Política en su Artículo 1, parte segunda dice: «La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución». Éste poder representativo entregado a sus elegidos: Presidente de la República, Diputados, Concejales, Concejeros, Alcaldes, Prefectos y miembros de las Juntas Parroquiales, puede ser revocado en caso de incumplimiento de sus programas de gobierno, propuestas políticas, corrupción, entre otros.
REFORMAS ECONÓMICAS
La Asamblea Constituyente debe tratar como tema prioritario el nuevo rol del Estado en la economía, enmarcado claramente en la nueva Constitución Política del Estado, en la que conste que la propiedad de los recursos naturales renovables y no renovables, es decir del patrimonio social y nacional sea propiedad de los ecuatorianos y, que el Estado administre los mismos; esto, con la finalidad de impedir la enajenación de dichos recursos por parte de los gobernantes de turno.
Experiencias pasadas nos han dejado como lección que expertos vende patrias desde el Congreso Nacional y otras instancias gubernativas a través de leyes, decretos, reglamentos e interpretaciones al andamiaje jurídico ecuatoriano han despojado al Estado de la propiedad de aquellos recursos, razón por la cual la nueva Constitución debe fijar con rigor la imposibilidad de transferir esas propiedades por cualquier medio.
Modelo económico sustentado en diversas formas de propiedad: COOPERATIVA, COMUNITARIA, ESTATAL, MIXTA y PRIVADA.
Adoptar un modelo ECOLOGISTA, para que el país se enrumbe hacia un desarrollo sustentable.
DESMONOPOLIZACIÓN DE LA ECONOMÍA, control eficiente al sistema Bancario y a la inversión extranjera,
REFORMA AGRARIA, orientada hacia el consumo interno, y la explotación racional de la tierra, apoyando el Cooperativismo agrario, y la producción autogestionaria, sustentado en un plan de obras emergentes: vías, drenaje, reforestación. Reconocer el derecho de propiedad sobre la tierra de las comunidades indígenas,
¿Y QUE GANA EL PUEBLO CON LAS REFORMAS ECONÓMICAS?
Pasa a ser el único y verdadero dueño del petróleo, minería, gas, electricidad, telefonía, agua potable y de riego, bosques, playas, puertos, aeropuertos, carreteras, riqueza ictiológica, pesquera y faunística; recursos que simbolizan nuestra soberanía, además administrando estos recursos con honradez y eficacia obtendremos dineros para invertir en vivienda, vías, educación gratuita, salud para todos, ciencia y tecnología, masificación de la cultura y el deporte y lo más importante, freno a la migración mediante la generación de empleo, y atención social básica para los ecuatorianos.
LAS AUTONOMIAS
Previo a cualquier proceso de este tipo, primeramente deben solucionarse de manera urgente algunas delimitaciones interprovinciales, ya que parte del problema regional es producto de aquello. En el país existen 7 provincias que no demarcan sus límites, disputándose cerca de 2.500 Km2; Esmeraldas tiene problemas con Pichincha, en el sector denominado la Concordia, con Imbabura tiene pendiente el sector conocido como Las Golondrinas; la provincia del Guayas -madre y padre de las autonomías- es la que más problemas abarca, 900 Km2 se disputa con el Azuay; con el Cañar 500 Km2 están por definirse en El Triunfo y la Troncal; con los Ríos 40Km2, en el sector denominado Matilde Esther; con Manabí tiene pendiente 400 Km2 en la zona de Manga de Cura.
Luego de solucionado aquello, el proceso debe darse sobre la base de la unidad nacional, reconociendo sus obligaciones hacia el Estado y con capacidad administrativa regional o provincial. Es decir, que el Estado siga siendo protagónico en el control de las finanzas y asignación de recursos como medios para garantizar el equilibrio y la unidad nacional, manteniendo el control y las atribuciones soberanas sobre las Fuerzas Armadas, el poder Judicial, Congreso Nacional, los recursos naturales renovables y no renovables, las relaciones internacionales, el comercio exterior, y ampliándose por primera vez a la órbita geoestacionaria.
El proceso autonómico representa un paso significativo en la construcción de la unidad nacional por cuanto asumen responsabilidades para su desarrollo económico y social, bajo los principios de voluntariedad, igualdad, unidad en el orden económico, subsidiariedad y solidaridad entre sectores sociales, pueblos, culturas y regiones, priorizando el desarrollo económico de acuerdo a las características productivas de la región. Damos por descontado que no existirá egoísmo alguno entre regiones, en el ánimo de evitar diferencias para disminuir la brecha entre regiones ricas y pobres.