El aplastante triunfo del SI (1) para que se realice una Asamblea Constituyente encargada de preparar un nuevo texto constitucional y las leyes vinculadas, nos conduce hacia una nueva fase: la preparación de los textos de reforma constitucional, textos que deberían constituirse en la antesala de la selección de asambleístas, y no en una etapa […]
El aplastante triunfo del SI (1) para que se realice una Asamblea Constituyente encargada de preparar un nuevo texto constitucional y las leyes vinculadas, nos conduce hacia una nueva fase: la preparación de los textos de reforma constitucional, textos que deberían constituirse en la antesala de la selección de asambleístas, y no en una etapa posterior a la definición de los candidatos, como lo pretenden quienes anteponen sus intereses personales sobre los del cambio transformador.
Así definido el orden de prelación, adquiere especial relevancia la definición de las propuestas de cambio que permitan, en primer lugar, el eliminar el modelo de economía social de mercado, el modelo neoliberal que impregna todo el texto de la Constitución de 1998, y, adicionalmente, todos los textos que permitan reconstruir el obsoleto sistema político e introducir los nuevos conceptos que ha conformado el pensamiento progresista en el mundo entero, entre los cuales vale citar los referidos a: la democracia participativa, directa y constante, en reemplazo de la obsoleta democracia formal; el reemplazo de la arcaica democracia representativa presente en el texto de 1998, por la democracia de voceros; a la cultura y el carácter nacional de la misma; la desconcentración real de los medios de información; el debilitamiento de los poderes fácticos; las formas de propiedad, sobre la base de la legitimidad y el rol social de la tierra; el concepto de territorio sobre el de tierra en el caso de las propiedades ancestrales; el rol y participación de las fuerzas armadas en el contexto del nuevo tipo de democracia, por citar algunos.
La definición de los textos de reforma como los citados, a los que deben agregarse muchos otros, es posible realizarlo por varios métodos. La conformación de grupos de juristas con este objetivo es uno de ellos. El constituir grupos conformados con especialistas en varios campos y especializaciones es otra posibilidad. El acudir a las propuestas de cambio formuladas por las distintas organizaciones y movimientos políticos alineados con el cambio es otro camino. El establecer un mecanismo democrático de ida y vuelta es otro procedimiento.
El gobierno del Presidente Rafael Correa, seguramente sin percatarse del carácter tradicional de su propuesta, optó por la primera alternativa, conformando una Comisión de Juristas, la cual se ha revestida de una falsa democracia al solicitar se le remitan las propuestas de cambio para ser ellos quienes juzguen, por sí y ante sí, la procedencia de su inclusión. Esa innegable posición elitista, ha determinado que sus frutos sean, hasta la fecha magros (2), condición que seguramente se mantendrá hasta el fin de los días de la Comisión.
El error cometido, por cierto no es relevante ni torcerá el camino de las reformas. Es importante, en tanto y en cuanto, advierte, por oposición, la necesidad de desarrollar inéditas formas de democracia participativa, en la cual la definición de las propuestas radique en las bases de las organizaciones y movimientos sociales, sean procesadas por las instancias que ellas determinen, sean ellas las que participen activamente en las discusiones sobre lo contenidos de las nuevas versiones que se conformen, y, sean ellas las que aprueben las versiones a proponerse a la Asamblea Constituyente. Si la fuente de las reformas y la definición de las mismas estarían constituidas por los ciudadanos y ciudadanas de los niveles barriales, parroquiales o cantorales, sería lo óptimo. La horizontalidad que se alcanzaría sería la mejor muestra de una democracia participativa real.
Así planteado el problema, es evidente que esta fase, en esta etapa hacia la Asamblea Constituyente, la confrontación inevitablemente se trasladará al seno de las fuerzas progresistas que se alinean con el cambio. Confrontación que discurrirá por dos andariveles. Uno en el cual deberemos imponer la preeminencia en preparar los textos de reforma constitucional respecto a la selección de candidatos; y, un segundo, en el cual los ejercicios de democracia participativa real deberán imponerse y sobrepasar a las pretensiones elitistas de las direcciones de los partidos y movimientos que tratarán de imponer sus métodos tradicionales. La iniciada promoción de los precandidatos de siempre, acompañados de propuestas para el cambio constitucional, poco o nada serias, por parte de partidos y movimientos de izquierda, a más de denunciar la reedición de acciones contrarias a la unidad, señala el inicio de la confrontación en el seno de las fuerzas progresistas.
El inicio y desarrollo de la confrontación entre la democracia participativa real con la democracia formal, elitista de los partidos y movimientos de la izquierda tradicional es inevitable, ya que, la primera afectará irremediablemente a las cúpulas de los partidos y movimientos de izquierda, los cuales difícilmente abandonarán los privilegios que esas prácticas les han otorgado, por lo que la lucha, la contradicción será la característica constante en esta etapa. Ante esa posibilidad cierta, unidad y más unidad, sobre la base ineludible, innegociable de una activa participación democrática de las bases debe ser la consigna. El poder decisorio de los y las ciudadanas a nivel de las menores instancias territoriales debe ser el objetivo prioritario. El derrotar al oportunismo que ya apunta a puestos de asambleístas una meta. El transferir a las bases de los movimientos y organizaciones sociales, a los ciudadanos y ciudadanas la capacidad de decidir sobre el contenido de las propuestas de cambio, el método único para ampliar la democracia e imponer la democracia participativa real. Avancemos, sin desmayo, en esa línea.
Notas:
1) Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a puerta de urna señalan que el SI habría obtenido un 78 por ciento del total de votantes, en tanto que el NO se elevaría a tan sólo el 11 por ciento.
2) Son tristemente conmovedoras las declaraciones de los voceros de esta Comisión, cuando anuncian que nadie les remite propuestas. Igualmente es trágica la falta de perspicacia política que exhiben cuando invocan a que les remitan propuestas, sin percatarse que el elitismo es uno de los elementos rechazados por quienes nos pronunciamos por el SI.