250 trabajadoras y trabajadores despedidos entre enero y agosto de 2006, todos afiliados al Sindicato «Edgar Roblero» de la empresa de capital norteamericano KB Manufacturing Co., es el resultado de la política violatoria a los derechos laborales y sindicales que muchas empresas de Zona Franca siguen implementando en Nicaragua.
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Después de seis meses de lucha en los tribunales, los trabajadores que fueron injustamente despedidos lograron una importante victoria. El 6 de febrero 2007, la Sala Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de Granada declaró nula la resolución del sindicato proclamada por el Ministerio del Trabajo (MITRAB) de Granada y todo lo actuado por la empresa norteamericana y ordenó el reintegro de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos. A pesar de la resolución, la empresa se rehúsa a acatar la sentencia y los miembros del sindicato se presentaron en las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) para denunciar públicamente esa nueva violación de sus derechos y para pedir a ese organismo una asesoría y acompañamiento legal.
Como resumió a SIREL el dirigente sindical de la Central Sindical de Trabajadores «José Benito Escobar» (CST-JBE), Miguel Ruiz «en esta empresa ha habido una verdadera persecución sindical. Las autoridades del MITRAB de Granada, en complicidad con la empresa, declararon ilegal al sindicato y la empresa aprovechó esta resolución para despedir a toda la Junta Directiva del sindicato y a más de 250 trabajadoras y trabajadores afiliados. Ahora estamos pidiendo que se cumpla de inmediato la resolución del Tribunal de Apelaciones, que deja sin efecto la disolución del sindicato y manda a reintegrar a las trabajadoras y trabajadores. Además, así como el gobierno se ha comprometido a respetar los derechos de los inversionistas, nosotros estamos pidiendo que se respeten los derechos de los trabajadores y que el Estado, a través de las nuevas autoridades del MITRAB, tutele de manera clara y firme nuestros derechos. Nosotros -continuó Ruiz– no estamos en contra de la inversión, pero queremos una inversión seria, responsable, que respete los derechos de las trabajadoras y trabajadores nicaragüenses».
El dirigente sindical declaró también que si la empresa no cumple con la sentencia, van a solicitar una revisión de los TPL. Los TPL son cuotas textiles, negociadas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), a las cuales las empresas inscritas al régimen de zona franca tienen derecho. En este Tratado hay un Capítulo Laboral donde los inversionistas están obligados a cumplir con sus responsabilidades sociales.
Según el secretario general del sindicato de KB Manufacturing Co., Angel Avalo, «el sindicato tiene cuatro años de existir y ahora hay 250 trabajadores en la calle simplemente por querer defender sus derechos. Con la llegada del nuevo gerente general, el señor Nelson Cusacuvich, comenzaron a querer destruir al sindicato. En contubernio con dos inspectores departamentales del MITRAB de Granada, Mario y Rigoberto Obando, la dirigencia de la empresa impulsó un juicio para disolver al sindicato. Inventaron que no teníamos el número suficiente de afiliados como requiere el artículo 206 del Código del Trabajo y el MITRAB le dio pase al juicio. Nosotros ni siquiera fuimos notificados y nos dimos cuenta cuando salió una sentencia amañada que la empresa aprovechó para despedirnos. La empresa nos despidió y nos sacó de las instalaciones utilizando la fuerza policial y el gerente general elaboró una «lista negra» para que ninguna otra empresa de la zona franca nos diera trabajo. Al final -concluyó Avalo– apelamos la sentencia y ahora, que tenemos una resolución a nuestro favor, queremos ver como van a actuar las nuevas autoridades del MITRAB central. Pedimos el reintegro inmediato de los trabajadores y el despido de los inspectores del MITRAB de Granada, quienes fueron los coautores de nuestro despido».
Miguel Ruiz concluyó la conferencia de prensa recordando que todo el sistema de zona franca debe de pasar a revisión, porque hay muchos incumplimientos de la ley y muchas violaciones en diferentes empresas. «Estamos exigiendo, por ejemplo, que estos empresarios cumplan con la Ley de Salario Mínimo. El salario de la maquila es uno de los más bajos de todo Centroamérica. Los trabajadores ganan 1.470 córdobas al mes (82 dólares aproximadamente) trabajando hasta 10 y 12 horas al día. Hay también que revisar las normas de seguridad e higiene ocupacional. En el Parlamento hay una Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, que es parte de un paquete de leyes complementarias del CAFTA, que ya hace un año que fue dictaminada y que vendría a beneficiar a miles de trabajadores, sin embargo no se aprueba. El Estado no puede seguir dejando la puerta abierta a estas injusticias que se están cometiendo. Es por eso que pedimos a los distintos poderes del Estado que están involucrados que resuelva de manera clara y transparente esta situación a favor de los trabajadores». En los próximos días los trabajadores y los dirigentes sindicales se reunirán con las instituciones nicaragüenses y pedirán una reunión con el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos para plantear esta situación.
Actualmente en Nicaragua hay unas 80 empresas que operan en régimen de zona franca y que dan trabajo a más de 80 mil personas. Las nuevas autoridades del Ministerio del Trabajo han declarado que quieren terminar con los abusos internos de la institución, con las actitudes de muchos funcionarios coludidos con las empresas y hacer respetar las leyes. El caso de KB Manufacturing va seguramente a medir las reales intenciones de este Ministerio y del nuevo gobierno, frente a lo que las trabajadoras y trabajadores esperan pueda ser el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre empleados y empleadores.