Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Ya está. Las razones ‘humanitarias’ que sirvieron de modo tan eficaz para justificar el bombardeo de Yugoslavia en 1999, parecen seguir sirviendo para, esta vez, dar el último toque a la tarea, ordenando el silencio obligado de su antiguo presidente. Así, los jueces del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya, con una repentina solicitud por el estado de salud de Slobodan Milosevic estimaron, este jueves 2 de septiembre, que está «demasiado enfermo para realizar él mismo su defensa» y decidieron imponerle los «servicios» de dos abogados, que trabajan por cuenta del susodicho Tribunal. Para justificar su decisión los jueces citaron los informes de médicos, que también habían sido nombrados por el TPIY, que reprochaban al acusado que no ingiere las medicinas prescritas. El paciente respondió que éstas le provocaban profundas somnolencias que le impedían preparar convenientemente su defensa y que prefería el tratamiento prescrito por su médico habitual. Hay que subrayar que el TPIY se ha negado a considerar la opinión de médicos independientes.
Por cierto, Milosevic tiene realmente problemas cardíacos, que han causado varios retrasos durante la primera fase del proceso. Para asegurarse de que pueda finalizarse dentro de un año, los jueces dicen que tomaron esta decisión, inédita en los anales judiciales, de prohibir al antiguo presidente que se defienda. Pero aparecen otros motivos: En la víspera de esta decisión, responsables anónimos del TPIY reconocieron que la privación de la posibilidad de que Milosevic se defendiera él mismo, constituía la «única solución» para evitar que le diera un contenido demasiado político al proceso.
Efectivamente, los jueces han logrado cortar abruptamente el alegato que el dirigente serbio había comenzando este martes 31 de agosto, denunciando con un vigor extraordinario para un enfermo, la ilegalidad del Tribunal e identificó a los que considera como los verdaderos responsables de la tragedia yugoslava. Combativo, según la opinión unánime de los medios, el acusado volteó las acusaciones al denunciar que la desintegración de Yugoslavia fue en primer lugar el resultado de los apetitos geopolíticos de Alemania por los países balcánicos, con la complicidad de los nostálgicos del III Reich, tanto del lado alemán como del lado croata. Subrayó también el papel del Vaticano y de la jerarquía católica croata, al atizar la rebelión militar contra la autoridad central de Belgrado, que era en aquel entonces la capital de una República federal multi-étnica. Acusó a las fuerzas de seguridad alemanas y estadounidenses de haber participado en la formación y armamento de UCK, para exacerbar los afrontamientos entre etnias en Kosovo y desestabilizar lo que quedaba de la Federación. Denunció finalmente la suprema hipocresía de los que apelaron entonces a las fuerzas más agresivas del integrismo islámico, incluyendo la red de bin Laden, para fomentar en nombre de la democracia y de los derechos del hombre disturbios de una extrema violencia tanto en Bosnia como en Kosovo. Todo tenía el objetivo real de terminar, de una vez por todas, con esa Yugoslavia que seguía siendo una experiencia iconoclasta y molesta, con su olor a socialismo, en medio de una Europa lanzada en una carrera desenfrenada y eufórica hacia el neoliberalismo.
Por haber osado decir todo eso, o más bien por sólo haber comenzado a decirlo, fue necesario hacerlo callar imperativa y urgentemente. No temían hacer caso omiso de los derechos más elementales de la defensa. El TPIY no es un novato en la materia. Desde su creación hace una década, ha modificado varias veces sus reglamentos y procedimientos, según las circunstancias, exento de todo control exterior. Los testigos de la acusación pueden ser anónimos y todos los medios son buenos para hacerlos hablar: reducciones de penas si ellos mismos son acusados o si acusan, aunque no tengan pruebas, al antiguo Presidente, o encarcelamiento por «ofensa al tribunal» si no son suficientemente locuaces.
El abismo entre los medios puestos a disposición de la acusación y de la defensa es sobrecogedor. Los procuradores, asistidos por cientos de investigadores que han trabajado durante varios años, han tenido derecho a tres días para presentar sus acusaciones contra Milosevic, y para utilizar su difuso concepto de «empresa criminal común», que permite la inculpación de todo responsable político por actos cometidos sobre el campo de batalla, incluso en un país vecino. El acusado, privado de acceso a Internet e incluso, a veces, de teléfono, no ha tenido derecho a más de cuatro horas para presentar su defensa. El colmo de la «elegancia» de esos honorables magistrados ha sido que cuando el antiguo presidente quiso protestar contra esta indigna medida, no tuvieron otra respuesta que desconectar su micrófono.
Caricatura de la justicia de los vencedores, el TPIY no tiene otra función que exculpar las responsabilidades de Occidente en las guerras yugoslavas. La procuradora Del Ponte ya había hecho una demostración cuando se negó, a comienzos de 2000, a abrir aunque fuera una investigación sobre la eventualidad de crímenes de guerra cometidos por la OTAN durante su campaña de bombardeos del año precedente. Cuando Amnistía Internacional afirmó que la OTAN era en todo caso responsable de crímenes de guerra, ella se limitó a responder que «nuestros expertos son más expertos que los expertos de Amnistía Internacional». La comparición del general Wesley Clark, el que dirigió los 78 días de bombardeo, como testigo de la acusación contra Milosevic ilustra de un modo particularmente grotesco el servilismo del TPIY hacia Washington. A pesar de sus propias reglas y de las de todos los tribunales del mundo, Clark fue autorizado, durante la audiencia a puertas cerradas, a llamar por teléfono y recibir faxes de su antiguo jefe, Bill Clinton. Además, su testimonio ha sido parcialmente censurado por el Departamento de Estado de EE.UU. antes de ser publicado.
Milosevic amordazado, será más fácil esquivar todo lo que podría recordar el fiasco de los pretendidos proyectos de desarrollo democrático y de los derechos del hombre en los protectorados balcánicos de Occidente, como ser Kosovo en manos de la mafia y de los fanáticos de la pureza étnica. Una vez reducido al silencio el chivo expiatorio, ya no hay riesgo alguno de que la historiografía oficial de la tragedia yugoslava sea incomodada por las observaciones intempestivas de un acusado al que ahora se pide que espere, sin protestar, su condena a perpetuidad.
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Jean Bricmont es un economista belga antiimperialista. Publica a menudo en Le Monde Diplomatique.
Vladimir Caller es un periodista de origen peruano. Vive en Bruselas.