El crecimiento de las ciudades se manifiesta muchas veces en los desafíos arquitectónicos de las pretenciosas torres de cemento pero, en ocasiones, se tiende a ignorar que este progreso trae aparejado la expansión de una ciudad precaria, construida a base de chapa, cartón y mínimas dimensiones, con familias hacinadas. El informe sobre el estado de […]
El crecimiento de las ciudades se manifiesta muchas veces en los desafíos arquitectónicos de las pretenciosas torres de cemento pero, en ocasiones, se tiende a ignorar que este progreso trae aparejado la expansión de una ciudad precaria, construida a base de chapa, cartón y mínimas dimensiones, con familias hacinadas.
El informe sobre el estado de la población mundial 2007, titulado «Liberar el potencial de crecimiento urbano», dado a conocer recientemente, advierte que «el crecimiento de la ciudad suele ir acompañado de la rápida expansión de vecindarios no planificados y carentes de servicios, con una alta concentración de habitantes pobres».
El documento señala también que en América Latina, durante la década del setenta, momento culminante del proceso de urbanización, «las clases altas y medias se apropiaron del espacio en los centros urbanos y expulsaron a las poblaciones más pobres hacia la periferia u otras ubicaciones inaccesibles».
Por su parte, la oficial de enlace de Fondo de Población de la ONU en Argentina, María del Carmen Feijóo, manifestó en la rueda de prensa de presentación del informe que, en América Latina, el vínculo entre urbanización y pobreza es insoslayable.
Según el informe «El estado de las ciudades en el mundo 2006/2007», elaborado por el Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos (ONU-Habitat), casi el 32 por ciento de la población urbana en Latinoamérica vive en asentamientos precarios.
La antropóloga social Griselda Palleres manifestó a SEMlac que «el crecimiento acelerado de la población no es para toda la ciudad, sino que se manifiesta en las villas o zonas más marginales. Estos lugares se agrandan y se extienden a áreas que no deberían ser habitadas, porque carecen de servicios y saneamiento adecuado».
La arquitecta Liliana Rainero, coordinadora de la Red Mujer y Habitat de América Latina (www.redmujer.org.ar), dijo a SEMlac que «la segregación territorial potencia la exclusión social, a la vez que incide en el deterioro de la calidad de vida de las mujeres, particularmente de los sectores más pobres».
«Las distancias a los equipamientos urbanos, sumado a la falta de transporte público, implica costos de tiempo y económicos para que las mujeres de los sectores más pobres puedan atender las distintas necesidades familiares. A la vez, aumenta el aislamiento de las mujeres en su casa o barrio, obstaculiza su inserción social y laboral, así como la búsqueda de mejores oportunidades, la participación política y la realización de actividades de recreación propias. Es decir, significa un recorte a sus derechos como ciudadanas», agregó.
«A todo esto debemos sumar la violencia urbana que se ejerce contra las mujeres en la calle, en el transporte, en el espacio público, donde las condiciones del territorio (aislamiento o falta de servicios, entre otras) contribuyen a aumentar la percepción de inseguridad de las mujeres y limitarlas en su apropiación de la ciudad», añadió la especialista.
Pero, ¿cómo afecta la falta de vivienda en las mujeres de escasos recursos? Rainero señaló en el Foro de Género de las Américas, realizado en la ciudad de Buenos Aires en 2005, que uno de los factores radica en que la vivienda constituye -en muchos casos- un recurso económico, porque en ella se desarrolla el único trabajo generador de ingresos, por lo cual la seguridad de la tenencia es un factor protector de la pobreza extrema.
En algunas ciudades de Latinoamérica hay experiencias puntuales como los subsidios especiales para el acceso o mejoramiento de la vivienda; subsidio para la mano de obra, para la autoconstrucción y líneas de créditos blandos para la compra y/o remodelación.
La especialista relató a SEMlac que «estas modalidades intentan paliar las condiciones diferentes de las mujeres para acceder a la vivienda, ya que la mayoría están insertadas en el sector informal de la economía y, por lo tanto, no reúnen las condiciones que se requieren para acceder a créditos, que apuntan al sector formal y que requieren dar cuenta de los ingresos».
«Son experiencias aisladas que no siempre tienen continuidad. Si bien las legislaciones de casi todos los países de Latinoamérica expresan garantías para el acceso a la tenencia segura de la vivienda a toda la ciudadanía, la discriminación se da en la práctica, ya que las condiciones de inserción social son distintas para varones y mujeres. Sin duda, sería necesario implementar estas acciones afirmativas como políticas de estado», concluyó la profesional.
Experiencias encontradas
– Según el censo de población 2001, en la ciudad de Buenos Aires cerca de 112.000 personas viven en villas miserias (barriadas), con problemas de acceso al transporte público, educación, centros de gestión, centro de salud.
– Una respuesta ha surgido de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con su Plan «Sueños compartidos», para la autoconstrucción de viviendas sociales en lugares precarios de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa, que comenzó el 22 de enero de 2007, tiene proyectado construir un total de 432 viviendas. Además, dos jardines maternales, dos escuelas, un centro comunitario y un hospital. Se realiza con el apoyo del gobierno de la ciudad, participan mujeres que, además de construir sus propias casas, aprenden el oficio de albañil.
– El gobierno de Bolivia, uno de los países más pobres de la región, puso en marcha el Plan de Vivienda Solidaria que, en realidad, es un programa de créditos para viviendas destinadas a personas de bajos ingresos. El proyecto está enfocado a las madres de familia del municipio Warner, en el departamento de Santa Cruz, a 900 kilómetros de La Paz. Al igual que en Argentina, las mujeres que participan en este programa tienen la posibilidad de aprender el oficio de albañilería.