El desafuero y el régimen presidencialista en México

Del desafuero…
al Abrazo de Acatempan

Dado el franco desgaste y el declive del gobierno conservador y de su Partido Acción Nacional (PAN), seguramente la disputa por la presidencia de la república en México se dará entre dos fracciones priístas: la «neo», encabezada por el PRD y su candidato «natural» López Obrador, y la antigua, la dinosáurica, representada por el actual PRI y su seguro candidato Roberto Madrazo. Por lo tanto, en la lógica del capitalismo mexicano y de su régimen político de transición pactada se trata sólo de dos modalidades de neoliberalismo privatizador y mercantilista; de ninguna manera de su superación en términos históricos. De esta forma, los seguidores de ambas candidaturas tendrán que contentarse, luego del 2006, con cualquiera de estas dos modalidades políticas hoy en crisis en América Latina y en otras latitudes del mundo.

Esto se deja ya entrever luego del acuerdo que se dio en lo oscurito entre el presidente Fox y López Obrador (6 de mayo de 2005) cuando «El jefe de Gobierno capitalino salió a las 18:50 horas de su reunión con el presidente Vicente Fox, tras permanecer en Los Pinos aproximadamente 11 minutos» (El Universal on line, 6 de mayo de 2005: http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_histo_nacion.despliega?var=124821&var_subactual=a&var_fecha=07-MAY-05), y darle carpetazo al desafuero (con todo y el delito que esto implica)[1].

El otro elemento que ratifica el compromiso del candidato perredista con el neoliberalismo de corte populista es el giro cada vez más pronunciado hacia el «centro» del espectro político formal para «ganarse» a los empresarios neoliberales y al capital extranjero en una suerte de componenda muy parecida al tipo de alianzas políticas que fue entretejiendo el candidato del Partido de los Trabajadores brasileño durante su campaña a la presidencia de su país.

En el caso que nos ocupa, todo indicaba que más allá de las peroratas que el dirigente del PRD y los personeros de su partido lanzaban contra el desafuero que presentaban a la opinión pública como un «complot» orquestado por oscuras fuerzas internas y externas del país, por el contrario como afirmamos en una entrega anterior: «Lo más seguro es que la clase dirigente de este partido ―el PRD― negocie con el poder del Estado la elección presidencial y la suerte de su desaforado» («De fueros y desafueros. Las tareas de la izquierda en el México neoliberal», 19 de abril de 2005, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=14079). Y no tardó en llegar la respuesta por parte de los «complotistas»: el presidente Fox, (re) invistiéndose como Jefe de Estado ―gracias al reconocimiento que le han vuelto a dar los altos personeros ex-salinistas del PRD, cuando aquél prácticamente estaba en los más bajos niveles de «credibilidad»― despidió a su procurador de la república (general Macedo de la Concha) y anunció con bombo y platillo que se revisaría exhaustivamente el caso AMLO (27 de abril de 2005). Ocho días después (el 4 de mayo de 2005) el nuevo procurador de la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en los siguientes términos: « EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CONSIDERA PROBABLE RESPONSABLE AL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN EL CASO DEL PREDIO ‘EL ENCINO’. POR FALTA DE CLARIDAD EN LA SANCIÓN, NO EJERCITARÁ ACCIÓN PENAL» (El Universal on line, 4 de mayo de 20005 (http://estadis.eluniversal.com.mx/notas/281640.html).[2]

Es decir, si lo vemos fuera de la vorágine de los intereses partidistas que carcomen a las burocracias partidarias del país por la presidencia en el 2006, se pasó del desafuero a la instauración del régimen de la impunidad pactada donde, desde ahora en adelante, cualquier individuo con fuero podrá burlar cínicamente las leyes elementales de la república con sólo proclamarse iluminado y líder de las masas. No importa si es del PRI (el famoso PEMEXGATE), del PAN (los Amigos de fox), del PRD (los Videoescándalos de los principales allegados y operadores políticos del «Sr. López») o de cualquiera de los otros negocios familiares del sistema (que dizque «partidos políticos») como el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista por no mencionar al partido Convergencia que, por cierto, es otro desprendimiento del PRI.

Ahora se entra a la sacrosanta y multimillonaria carrera por el botín político que significa para todo tipo de burócratas de oficio la presidencia de la república y la conquista de multimillonarios puestos de poder con fuero como los que ofrecen las cámaras de senadores y de diputados. No importa que el 70% o más de la población mexicana se encuentre en condiciones de pobreza y, de ese total, cerca del 30% esté sumido sin remedio en la extrema pobreza. Ni que el espectáculo mediático del desafuero ocurra mientras el Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que contiene una medida contra los trabajadores indocumentados, denominada Real ID, la cual impulsa la construcción de una muralla en la frontera norte de México con Estados Unidos para impedir el cruce de trabajadores indocumentados a este último país y se recrudece la cacería de migrantes por parte de los cuerpos represivos de Estados Unidos.

No importa. Los discursos van y vienen entre los extremos del neoliberalismo, pero sin plantear ni un ápice de «proyecto alternativo de nación» por ninguna de las fracciones en pugna que verdaderamente se encamine a resolver los graves y complejos problemas de los trabajadores y de la población mexicana.

Después del agotamiento y entrada en crisis estructural del viejo patrón de acumulación capitalista dependiente cimentado en la industrialización sustitutiva de importaciones para el desarrollo de los mercados internos en México (1950-1980) que lideró la «burguesía dependiente» (Marini) ―o lumpenburguesía como la denominó correctamente André Gunder Frank― en los países más grandes de América Latina como México, Brasil y Argentina, surgió un nuevo patrón de acumulación y de reproducción de valor, de plusvalía y de capital identificado con el neoliberalismo y cuyo sujeto-actor es la burguesía moderna anclada en la dinámica del capital internacional, en la de las grandes empresas transnacionales y en las supremas ordenanzas de los organismos monetarios y financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tesoro del gobierno de Estados Unidos.

Este patrón es aún vigente en el mundo y, en particular, en América Latina aunque no sin exponer abiertamente fuertes contradicciones estructurales, políticas, sociales y culturales que enfrentan a los pueblos y a los trabajadores con las fuerzas conservadoras de la reacción política, judicial y militar; incluso, contra los propios gobiernos mal caracterizados como de «centro-izquierda, como el de Lula en Brasil, el de Kirchner en Argentina o el del Coronel Lucio Gutiérrez que en Ecuador llegó al poder con más de 54% de los sufragios el 24 de noviembre del 2002 en la segunda vuelta apoyado, entre otras fuerzas, por el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero y el movimiento Pachakutik, considerado el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Como se sabe este gobierno fue destituido por el pueblo ecuatoriano el 20 de abril de 2005 acusado de corrupción y por haber incumplido las promesas de campaña al influjo de una verdadera insurrección popular en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.

A propósito del «desafuero», que ya no se sabe si fue un pretexto concertado entre Fox y el PRD ―al respecto por cierto el actual dirigente ultraderechista del PAN acaba de declarar que antes que uno del PRI prefiere un presidente como López Obrador ―para insuflar mediáticamente a este último, es útil preguntarse desde la perspectiva ideológica y de clase a qué intereses económicos, sociales y políticos responde. Y es evidente que lo primero que salta a la vista es que ni el «Sr. López» ni su partido han planteado un proyecto ni por asomo socialista. En segundo lugar, es hasta ocioso recordar que nunca los personeros del PRD y sus dirigentes socialdemócratas y neopriístas han levantado planteamientos para abolir el régimen de explotación y de dominación política en México debido a que la existencia de los partidos políticos obedece y se debe a los beneficios del régimen político presidencialista mexicano que se asienta históricamente justamente en la dinámica de producción y expansión del capital y de la explotación del trabajo asalariado. En tercer lugar, que más allá de las declaraciones de tono asistencialista y populista ―con todo el significado teórico y político que a este último concepto le otorga, por ejemplo, el sociólogo brasileño Octavio Ianni― y de algunas acciones locales que muy bien encajan en la lógica de la política del Banco Mundial y en las recomendaciones del FMI ―como la mediática ayuda a los ancianos en la ciudad de México que, entre otros motivos, se implementa para mantener una clientela política incondicional tanto para obligarlos a asistir a los llamados a las movilizaciones del régimen local, como para captar su voto―, tampoco se ha presentado a la sociedad un proyecto político y estratégico que trascienda el orden neoliberal vigente en México: por el contrario, dentro de éste, al igual que el PT de Lula, se plantean «retornos heterodoxos» (es decir, mezclando mercado capitalista con intervencionismo estatal, neodesarrollismo y neoliberalismo) para seguir impulsando el capitalismo en México. Y aquí el sujeto histórico al que invocan esas fuerzas socialdemócratas y reformistas, con centro en el PRD, son algunos desprendimientos de la antigua burguesía dependiente que fue desplazada por el neoliberalismo y por las grandes empresas transnacionales; a los medianos y pequeños empresarios, a sectores empobrecidos de las clases medias y a algunos otros de los sectores obreros corporativizados por el partido, incluyendo trabajadores informales como vendedores ambulantes, comerciantes y algunos agrupamientos del llamado «sector popular». Es decir, una especie de resurrección del viejo esquema tripartito del viejo PRI corporativo: el sector campesino disminuido; el obrero, hoy completamente golpeado y desarticulado por las crisis capitalistas y las políticas neoliberales del Estado y el llamado sector popular, con sus clases medias en proceso de estratificación social descendente, muy desdibujado por la profunda crisis de las ciudades y del sector rural.

De una organización política que nace de la mezcla del viejo Partido Comunista Mexicano, de fracciones del reformismo histórico representado por el maoísmo salinista y otras «fuerzas nacionalistas» con los desprendimientos del viejo PRI (algunos de cuyos cuadros hoy se han refuncionalizado en la actual dirigencia del PRD), no se podía esperar otra perspectiva estratégica que la señalada, es decir, la que lo condiciona a luchar y movilizarse dentro del orden establecido, con sus reglas (aunque violentándolas como en el caso del desafuero), métodos, normas, financiamientos y los límites que marca un régimen corporativo de partidos políticos que pactan constantemente la «transición» dentro del orden neoliberal y no fuera de él. Dicha transición, hacia una «democracia sin adjetivos» se dice hasta el hartazgo, no representa otra cosa en las condiciones actuales del México contemporáneo que el sempiterno rito de alternar cada seis años al presidente en turno y a las siglas de los partidos: se pasó así de un régimen presidencialista priísta que estuvo en el poder del Estado durante 71 años con dos fases: una posrevolucionaria (1929-1981) y otra neoliberal (1982-2000) a otro de corte foxista que, al parecer, sólo permanecerá en el poder seis años cuando en el 2006 lo tenga que ceder al nuevo contendiente ganador que en la arena electoral seguramente será, contra lo que pontifica la opinión mediática de la manipulada televisión mexicana, cualquiera de las dos fórmulas neoliberales señaladas anteriormente, pero ahora envueltas en aureolas posmodernas.

En relación con el problema del sujeto (cf. Lukács, Historia y conciencia de clase, capítulo 3) ―es decir, qué clase social, individuo y fracción van a llevar a cabo las reformas y los cambios― en un partido que se atribuye indebidamente la representatividad de la «izquierda mexicana», aparece desdibujado, porque así deja deliberadamente abiertas las puertas de par en par a todo tipo de alianzas, incluso con la derecha de dentro y fuera del país.

Lo anterior quedó claro cuando en un mitin contra el desafuero el 24 de abril, Obrador señaló que no bastaba el «sector popular» para gobernar sino que era necesario incluir a «otras fuerzas» de la sociedad y lógicamente, entre éstas, figuran los empresarios, incluso, fracciones de la oligarquía financiera y representantes de las empresas transnacionales.

El entramado jurídico-político que se fue entretejiendo con el desafuero se empieza a desbrozar rumbo al 2006 luego de que el presidente Fox ordenó la suspensión del proceso judicial contra el jefe de gobierno de la ciudad. Ordenó indebidamente a la PGR el «no ejercicio de la acción penal» por lo que todos los involucrados dieron como superado el «asunto».

Pero al privar la negociación como el recurso idóneo para simular la solución del conflicto y posibilitar, de esta manera, que el candidato de facto del PRD pueda contender en las próximas elecciones presidenciales, ello tuvo sus costos y, entre otros, el de conferirle legitimidad política a un deteriorado gobierno federal y a su presidente que, de esta forma, se ensalzó nuevamente como «jefe de Estado» con todas las consecuencias que ello acarrea para fortalecer el régimen neoliberal en México.

Dijimos en la entrega anterior citada que «La resistencia civil señalada nace y se extingue con el desafuero y carece de perspectiva histórica duradera…Las fuerzas y movimientos sociales que se subordinen a esa estrategia, como está sucediendo, están condenadas a limitar sus intereses y demandas, si no es que a renunciar a ellas, una vez que se ‘resuelva’ en cualquier sentido el asunto del desafuero…».

Y ¡ya se resolvió! Ahora el verdadero peligro de las alianzas desde arriba entre las clases dominantes y los personeros de los partidos políticos radica en que todo aquél movimiento reivindicatorio y de lucha que se desarrolle por fuera del espectro político oficial está expuesto a quedar marginado o a ser objeto de la represión una vez que sus demandas no sean satisfechas ni por el Estado, como tampoco por el capital.

En el pasado esto ha ocurrido con múltiples movimientos obreros, campesinos y estudiantiles que rebasan los «límites de tolerancia» permisibles. Por lo tanto, se obliga a encausar las luchas populares y de los trabajadores en los contornos de un sistema político controlado por el Estado.

Ante el arreglo entre los de arriba para salvaguardar sus intereses de clase y estratégicos, las fuerzas de la izquierda y las que reivindiquen responder a los intereses de los trabajadores y de las clases populares tendrán que mantener su independencia y autonomía frente a los mezquinos intereses y las raquíticas coyunturas que significan los procesos electorales los cuales, como documenta profusamente América Latina en las dos últimas décadas, sólo sirven para perpetuar el sistema capitalista en su actual fase neoliberal.