Profesionales de Myanmar afirman que la situación se está poniendo «muy difícil» a medida que el régimen militar intensifica el acoso y las detenciones
A medida que el ejército de Myanmar lucha por consolidar su control en un país en rebelión, ha ido atacando cada vez más a un tipo de resistencia concreto: las personas profesionales de la abogacía que defienden a presos políticos. En el último mes, al menos cinco abogados han sido detenidos en el país por defender a políticos y activistas, lo que supone una escalada en el asalto del régimen militar al sistema judicial.
En primer lugar, a finales de mayo, la policía detuvo a Thein Hlaing Tun, el abogado del depuesto presidente del Consejo de Naypyidaw, Myo Aung, codefensor de Aung San Suu Kyi. La exdirigente electa de Myanmar fue derrocada por el jefe del ejército Min Aung Hlaing en un golpe militar el 1 de febrero, después de que su partido, la Liga Nacional para la Democracia, ganara las elecciones de noviembre con un resultado aplastante.
Desde el golpe, el régimen militar ha matado a unos 883 manifestantes civiles y ha detenido, acusado o condenado a más de 6.000 opositores, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que realiza seguimiento de la situación.
Thein Hlaing Tun y otros cinco profesionales estaban con sus clientes el 24 de mayo cuando fue detenido y acusado en virtud del artículo 505A, un cargo de incitación que conlleva una pena de tres años de prisión y que se ha convertido en la herramienta favorita de los generales. Khin Maung Zaw, jefe del equipo de defensa de Aung San Suu Kyi, dijo que no se informó a Myo Aung de la detención hasta que se reunió con los otros profesionales el 7 de junio.
«Entonces nombró a nuevos abogados entre nosotros», dijo Khin Maung Zaw en un mensaje de texto. «Estamos preocupados por otros profesionales de la abogacía «, declaró a Al Jazeera, afirmando que la situación se ha vuelto «muy MUY difícil» debido al peligro de «acoso o detención» y a los desacuerdos internos sobre cómo proceder en un sistema jurídico sesgado.
Poco después, el 28 de mayo, una abogada de la región de Ayeyarwady fue detenida durante un juicio mientras defendía a un disidente político. Según los medios de comunicación locales, la abogada se había hecho cargo de clientela de alto nivel, entre ella el superintendente de un hospital que se había declarado en huelga para no trabajar bajo el régimen militar. A ella también se la acusó en virtud del artículo 505A.
El 2 de junio otro profesional, Thet Tun Oo, fue detenido en el estado Kachin cuando intentaba asistir a un juicio. Al parecer, representaba a más de 100 presos políticos, personas entre las cuales se encontraban representantes detenidos del gobierno del estado Kachin. Otra abogada habló con Al Jazeera bajo condición de anonimato, por temor a represalias, y dijo que la detención ha intensificado el clima de miedo que ya existía.
«Después de su detención, nos hemos escondido, pero también intentamos seguir defendiendo los casos», dijo. Cuando las personas profesionales de la abogacía van a defender los casos, dijo la abogada, policía uniformada a menudo suele fotografiarlas y grabarlas en vídeo de forma intimidatoria, y las abogadas temen ahora ir solas al tribunal.
La abogada dijo que, antes de esconderse, se sentía constantemente vigilada, y que a menudo notaba a «personas extrañas mirando alrededor de mi casa». También ha recibido llamadas telefónicas sospechosas de números desconocidos que le exigen reunirse con ella para recibir asesoramiento jurídico en persona de inmediato, peticiones que tiene temor de aceptar.
«Sabemos que nos pueden arrestar, pero eso no lo puedo evitar. Pero si dejamos de hacer esto, ¿quién defenderá los casos?», dijo la abogada.
‘No hay verdadera justicia’
El 12 de junio, dos abogados fueron detenidos en el estado Kayin cuando intentaban cruzar la frontera con Tailandia, tras descubrir que el ejército los buscaba. Nilar y Phone Myat Thu formaban parte del equipo jurídico del ministro principal del estado Kayin, que fue destituido de su cargo y acusado junto con la mayoría de los dirigentes civiles en febrero.
Un amigo cercano de ambos abogados dijo que recibió una llamada de otro amigo común alrededor de la medianoche, informándole de la detención.
«Ambos abogados se habían escondido en Myawaddy desde que se enteraron de que iban a ser detenidos en breve… Hasta hoy, no los hemos visto ni nos hemos reunido con ellos», informó. Al igual que los demás, han sido acusados en virtud del artículo 505A.
«Tenemos la sensación de que no hay estado de derecho. Si los abogados fueron detenidos así, deberíamos tener la oportunidad de reunirnos con ellos y verlos. Ahora, nadie puede protegernos, ni siquiera la ley puede proteger nuestros derechos», dijo.
Phil Robertson, director adjunto de la división asiática de Human Rights Watch, señaló que la persecución de las personas profesionales de la abogacía también podría cortar una fuente vital de información sobre otras personas presas detenidas.
«La restricción de esta relación con clientes a través de la intimidación de las personas defensoras también significará que hay menos información procedente de las prisiones sobre lo que está sucediendo a la gente en el interior», explicó, añadiendo que dicha información ha ayudado a las organizaciones de derechos a documentar «la tortura y los malos tratos» dentro de las cárceles.
La semana pasada, el vicepresidente del Consejo de Naypyidaw pudo revelar, a través de su abogado, que se había roto una costilla durante los interrogatorios. Las personas defensoras son también a menudo la única forma que tiene la familia y amistades de comunicarse con sus seres queridos, y la única forma que tienen las personas arrestadas de alto nivel de hacer llegar sus mensajes al público.
«Detener a los profesionales de la abogacía e interrogarlos sobre sus actividades y sus clientes garantizará que nadie quiera asesorar a activistas, lo que probablemente sea la verdadera intención de las acciones de la junta militar», afirmó Robertson, quien advirtió que no se obtendrá «verdadera justicia» mientras el sistema judicial esté «bajo la voluntad de la junta».
La toma del poder por parte del ejército y la consiguiente presión sobre el sistema judicial es también un golpe para la generación más joven de Myanmar, que alcanzó la mayoría de edad en una época en la que el país se estaba abriendo y creía que las cosas podían ser diferentes.
Una estudiante de derecho en Rangún dijo que el golpe ha destruido la esperanza que una vez tuvo en la profesión que eligió y le está haciendo cuestionar si debe siquiera terminar su carrera.
«Aunque mis esperanzas estaban puestas en el futuro… el 1 de febrero, todo se fue al garete», comentó. Aunque creía que había «muchos fallos y defectos» en el sistema legal antes del golpe, la situación ahora «se ha vuelto aún más terrible», dijo.
«¿Qué es [la ley] si la junta militar detiene a las personas con las que no está de acuerdo?, se preguntó.
Dijo que quería convertirse en abogada para «darme fuerza, voz y confianza para ayudar a la sociedad en la que vivo», pero que, en cambio, empezaba a sentirse «impotente».
Aunque no se rinde.
La presión sobre la profesión también está haciendo que la gente de la comunidad jurídica esté «furiosa y motivada para luchar contra este sistema injusto», dijo a Al Jazeera. «Nuestra generación debería y debe ser la última en experimentar un golpe de estado».
Fuente original en inglés: https://www.aljazeera.com/news/2021/6/28/myanmar-lawyers