Hace 25 años en Chile se inició un gran experimento: La privatización del sistema de pensiones. Este modelo, ha sido exportado por organismos internacionales como el Banco Mundial, a casi 20 países, con algunas reformas particulares. Incluso ha sido elogiado por el presidente de los Estados Unidos, George Bush; y existe la posibilidad que se […]
Hace 25 años en Chile se inició un gran experimento: La privatización del sistema de pensiones. Este modelo, ha sido exportado por organismos internacionales como el Banco Mundial, a casi 20 países, con algunas reformas particulares. Incluso ha sido elogiado por el presidente de los Estados Unidos, George Bush; y existe la posibilidad que se implemente en algunos Estados de la nación norteamericana.
El programa de pensión prometía que las inversiones estimularían el crecimiento económico y generarían mayor rentabilidad, y otorgarían pensiones más sustantivas que las que podía ofrecer el sistema de reparto, instaurado a partir de los años veinte en todos los países latinoamericanos.
Sin embargo, los estudios del doctor Carmelo Meza Lago han demostrado que estas promisiones eran falsas. La primera generación de jubilados bajo este modelo, está descubriendo que el programa se ha quedado más corto de las expectativas que creo bajo el gobierno del general Augusto Pinochet.
A pesar del éxito económico del programa, el gobierno sigue gastando miles de millones de dólares en personas cuyas contribuciones no fueron lo bastante alta como para garantizar siquiera una pensión mínima en torno a los 120 euros al mes. Muchos otros debido a que ganaban buena parte de sus ingresos en economías sumergidas, o en el mercado informal, han quedado sin pensión. Sumados, estos grupos constituyen aproximadamente la mitad de la fuerza laboral chilena.
Y muchos trabajadores de clase media que contribuyeron regularmente están descubriendo que sus cuentas privadas, cargadas de comisiones ocultas que pueden suponer hasta un tercio de su inversión original, no les están aportando tantas prestaciones como habrían recibido en el antiguo sistema de reparto.
Una persona que ganaba por ejemplo 1, 000 euros al mes, y que cotizo al seguro por 25 años sin interrupción, y se jubilo a los 65 años, sus fondos de pensión de la renta vitalicia será de solo 220 euros al mes. Otros que se han jubilado con el mismo sueldo y permanecieron en el viejo sistema de reparto, se han retirado con 500 euros al mes hasta que mueran.
Las autoridades del Ministro del Trabajo y la Seguridad Social, han expresado, que el programa exige una reforma. Entre ellas se propone poner límite a las comisiones cobradas por quienes manejan los fondos y seguir proporcionando la mayor parte de los ingresos de jubilación por el sistema tradicional de pagos garantizados. En conjunto Chile ha gastado más de 50.000 millones de euros en prestaciones desde que se introdujo el sistema de privatización de pensiones.
A pesar de las previsiones iniciales que el sistema sería autosuficiente a estas alturas, el gasto en pensiones supone más de la cuarta parte del presupuesto nacional, casi tanto como los gastos de educación y sanidad sumados. Entre las sugerencias para la rectificación del modelo se encuentra el elevar la edad de jubilación; y también que las Administradoras de Fondo de Pensiones, cobren menos comisiones. Al parecer el sistema es bueno para Chile, pero no para los chilenos, porque las generaciones futuras se jubilaran con pensiones por debajo de las proyectadas.
Este modelo de pensione que se encuentra en un proceso de reforma, se mal copio en Nicaragua de la Ley Salvadoreña, y ésta de la chilena; pagando miles de euros a los «asesores» y «especialistas» chilenos, y a los nicaragüenses que estaban aglutinados bajo el pomposo nombre de Comisión de Reforma de Pensiones (CREPEN. Resolución Ministerial No. 014-98) que fueron los encargado de elaborar (léase mal copiar) el proyecto de ley.
El doctor Reinaldo Antonio Téfel (q.e.p.d), ex-Presidente del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua, ya nos había advertido que la ley privatizadora de pensiones representa un negocio redondo realizado a base del empobrecimiento de los asalariados y empleadores que cotizan y de los pensionados. El lo explicaba de manera sencilla: «Confisca el ahorro de los pobres para enriquecer más a una pequeña camarilla de ricos conectados con el gobierno».
En el estudio «La seguridad Social en Nicaragua» el doctor Carmelo Meza Lago demostraba que la reforma al sistema de pensiones no era viable en Nicaragua (entre otras causas), debido al incipiente mercados de capitales y de seguros, y al enorme costo de la transición.
Sin embargo, el gobierno influenciado por los asesores del Banco Mundial, no escucho las recomendaciones, y a través de un préstamo a este mismo Banco, se inicio la implementación del programa de reforma de pensiones; y solamente en cuatro años se gastaron 12 millones de euros en «asesorias», diagnósticos, estudios, viajes a Chile, compra de equipo, seminarios de capacitación, etc.
Una vez aprobada la Ley de Pensiones y promulgado su Reglamento, la Asamblea Nacional destino durante tres años un presupuesto de casi 8 millones de euros para la instalación y funcionamiento de la Superintendencia de Pensiones.
Sin embargo, cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se prestaban a funcionar, la representante del Banco Mundial en Nicaragua comunico al gobierno y a los diputados de la Asamblea Nacional que el Sistema de Ahorro para Pensiones no era viable, y a través de la Ley Número 568 se derogó la Ley Núm. 340 (Ley de sistema de ahorro para pensiones).
En el considerando III de está ley se lee: «Que el Gabinete Económico del Gobierno, con base en los estudios y análisis realizados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como los Organismos Financieros Internacionales, resolvió suspender la implementación de la Ley Núm. 340, debido que pone en peligro la estabilidad macroeconómica del país, al causar un déficit insostenible para el Estado; las alternativas de financiación propuesta son insuficientes para cubrir el déficit; y genera desigualdad social, al obligar a la población a asumir costos de transición que benefician solamente al sector laboral formal del país».
No cabe la menor duda, que el Banco Mundial a través de los diversos estudios (cinco en total) tenía pleno conocimiento que el modelo chileno de pensiones no era congruente con las condiciones económicas de Nicaragua, debido a que su costo de transición era muy alto, y que la única respuesta que se podía dar a este problema era el mantener un sistema público reformado, como lo propuso el doctor Meza Lago y diversos organismos de la Sociedad Civil nicaragüense en su momento.
Sin embargo, lo verdaderamente trágico de esta historia, es que una vez derogada la Ley de Pensiones, los nicaragüenses tendremos obligatoriamente que pagarle de nuestros impuestos al Banco Mundial por sus desaciertos; y lo único que recibiremos a cambio será un mal recuerdo, y un legajo de diagnósticos y estudios que ya a nadie le sirven.
* Karlos Navarro. Master en Historia y Ciencias Políticas. Miembro de Número de la Academia de Geografìa e Historia de Nicaragua.