Tiene plena razón el presidente Rafael Correa cuando considera que en el referendo de este domingo sobre la Constitución está en juego el futuro ecuatoriano. En efecto, todas las conquistas democráticas y de civilización conseguidas desde mediados de los noventa, sobre todo por la iniciativa de los pueblos indígenas (con su Confederación de Nacionalidades Indígenas […]
Tiene plena razón el presidente Rafael Correa cuando considera que en el referendo de este domingo sobre la Constitución está en juego el futuro ecuatoriano. En efecto, todas las conquistas democráticas y de civilización conseguidas desde mediados de los noventa, sobre todo por la iniciativa de los pueblos indígenas (con su Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y su instrumento político, Pachakutik) y plasmadas en buena parte en el proyecto constitucional, podrían ser anuladas de no aprobarse éste, de no vencer el Sí, y la derecha llevaría a cabo una revancha reaccionaria, unida al separatismo de Guayaquil. Ya el alcalde de esta ciudad, sede del sector más agresivo y más ligado al capital financiero internacional del capitalismo ecuatoriano, acaba de declarar que si en su zona triunfase el No, la Constitución, aunque fuese aprobada en el resto del país, sería para él nula. Como se ve, con la ayuda de Estados Unidos, la derecha intenta dar vida en la costa ecuatoriana al libreto del separatismo de la media luna oriental boliviana.
El gobierno, por su parte, acaba de conceder un aumento general de salarios, de estatizar 200 empresas del grupo financiero fraudulento Isaías, de impugnar los créditos internacionales contraídos ilegalmente por el país, y de enjuiciar a quienes los firmaron, depositando, mientras tanto, en un banco estadunidense, los pagos por los bonos Brady impugnados hasta que se resuelva el juicio y recurriendo a la Corte Internacional de Justicia para que falle al respecto. Ha resuelto, igualmente, el desmantelamiento de la gigantesca base militar estadunidense de Manta, y en su proyecto constitucional figura la prohibición de instalar bases extranjeras en Ecuador. Ha obligado a las compañías extranjeras a someterse a las leyes ecuatorianas y en algunos casos ha cancelado sus actividades dañinas. En el proyecto de Constitución sometido a referendo popular figura también la posibilidad de revocar el mandato a todos los representantes, incluido el presidente, por voto popular. Además, se establece que el país es plurinacional y que son derechos humanos elementales el agua, la tierra, la educación pública y gratuita (Correa proponía un sistema de pagos diferencial que favoreciese a los más pobres, pero su proyecto no fue aprobado). El texto constitucional fija, por último, que antes de aprobar proyectos petroleros en zonas indígenas se debe consultar a sus habitantes.
Igualmente, a propuesta del entonces presidente de la Asamblea Constituyente, el economista de izquierda Alberto Acosta, presidente y dirigente nacional de la Alianza País, que había sido también líder del movimiento popular de los «forajidos» que expulsó al presidente derechista, se eliminó la explotación petrolera de ITT (Ishipungo-Tambocoche-Tibutini) en el Parque Nacional Yanuni a cambio del pago internacional a Ecuador por la conservación ambiental.
El proyecto de Constitución contiene también artículos favorables a las mujeres y los indígenas (considerados, sin embargo, insuficientes por ambos sectores) que la Iglesia católica, sector fundamental de la derecha, condena y combate por considerarlos «abortistas» y contrarios a sus intereses. Por eso detrás del Sí a la nueva Constitución está la mayoría de la Alianza País, el movimiento ad hoc que apoyó a Correa en las elecciones para la Constituyente, basado en el repudio a los viejos partidos tradicionales y al parlamento corrupto, a la dolarización de la economía y la sumisión a Estados Unidos. La derecha de esta alianza y los sectores no progresistas de las iglesias han abandonado la defensa del proyecto constitucional y algunos sectores indígenas y ambientalistas de izquierda lo apoyan, pero críticamente, pues piensan que el proyecto da un protagonismo excesivo al presidente Correa. Pero siguen militando en la Alianza País sectores sindicales, de mujeres, ONG, sectores eclesiásticos progresistas -el mismo Correa es católico militante-, grupos provenientes de los viejos partido de izquierda y, en particular, los socialistas.
La derecha, por su parte, concentra su llamado a votar No y su ataque político en lo que llama la «dictadura de Correa». Esa derecha tiene su fuerza en el aparato de la jerarquía eclesiástica católica y en el Partido Social Cristiano, fuerte en Guayaquil, tras el cual se agrupan los intereses financieros, bananeros y de todos los sectores capitalistas importantes, respaldados por Estados Unidos. Ella se juega hoy la subsistencia de su sistema de partidos y de su poder oligárquico (jueces corruptos, medios de comunicación, bancos).
De ese modo, como en Bolivia, se entrelazan las oposiciones regionales (Guayaquil contra la Sierra), las de clase ( la gran burguesía ligada al capital internacional contra las clases medias trabajadoras) y las raciales (el Ecuador indio y mestizo contra el Ecuador racista antindio y antinegro). El destino de Ecuador -hoy en juego- está estrechamente ligado al de Bolivia y tendrá un papel decisivo en los cambios políticos en Perú, el otro gran país indígena de la región, que todavía está sometido a Washington.
La Alianza País es muy heterogénea, como lo es también la izquierda social y política ecuatoriana. La misma Constitución tiene, por tanto, artículos ambiguos y contradictorios. Pero la derecha y Washington no se equivocan: Correa es un enemigo histórico aunque sea católico, la Constitución es «abortista» y «blasfema», el gobierno actual debe ser derribado por cualquier medio. Por eso hoy sólo es posible apoyarlo con todas las fuerzas y mantener y reforzar a Correa en el gobierno, desde el cual enfrenta valientemente al imperialismo y al gran capital. Tras la victoria del Sí se podrá discutir cómo mejorar el texto constitucional.