El gobierno guatemalteco es acusado de presentar cargos criminales contra activistas y líderes comunitarios del área de Río Negro. Para Amnistía Internacional las violaciones de derechos humanos ser abordadas presentando cargos criminales contra las víctimas. Los cargos criminales, presentados por el Instituto Nacional de Electricidad (INDE), incluyen actividad en contra de la seguridad interna de […]
«Los cargos contra de los activistas son desproporcionados, carecen de fundamento y tienen una clara motivación política. Envían un claro mensaje de que protestas en contra de la agenda del gobierno no serán toleradas,» dijo Sebastián Elgueta, el investigador para Guatemala de AI. «Si los activistas son detenidos y procesados, AI los considerará presos políticos,» dijo Elgueta.
Las protestas fueron a raíz de la perdida de vidas, viviendas y tierras durante la construcción de la represa de Chixoy en los años 1980, así como por la falta actual de agua potable y de electricidad gratuita en muchas comunidades, como había sido prometido. Los manifestantes también protestaron en contra de la impunidad que rodea una serie de masacres que ocurrieron en el área entre 1980 y 1982 cuando miles de personas fueron asesinadas. El carácter pacífico de la protesta fue confirmado por un informe policial.
Las comunidades acordaron retirarse de la manifestación después de llegar a un acuerdo con el INDE para iniciar un proceso de negociación. Días después, el INDE presentó los cargos criminales en contra de los líderes comunitarios.
Carlos Chen Osorio, sobreviviente y testigo clave de la masacres de Río Negro en 1982; Juan de Dios García, director de la Asociación de Víctimas de Rabinal (ADIVIMA); y líderes de otras comunidades afectadas por la presa de Chixoy, son entre los nueve activistas y lideres comunitarios que tienen una serie de cargos criminales en su contra.
Según numerosos estudios, la zona fue especialmente seleccionada como blanco por el Ejército guatemalteco en su campaña para combatir a los grupos armados, a raíz de su importancia económica estratégica. Según activistas de derechos humanos, entre 1980 y 1982, más de 4,000 personas fueron asesinadas en el contexto de operaciones militares en la zona de Rabinal. Aproximadamente 444 de los 791 habitantes de Río Negro fueron asesinados.