Dicen ahora que 9 de cada 10 personas con grandes fortunas defraudan al fisco. ¡Ya han tardado en darse cuenta¡ Otra nota informativa aparecida hace unos meses apuntaba a Panamá como uno de los principales destinos de ese dinero sin declarar. Todavía estos días se podía leer un anuncio en Google en donde una firma […]
Dicen ahora que 9 de cada 10 personas con grandes fortunas defraudan al fisco. ¡Ya han tardado en darse cuenta¡ Otra nota informativa aparecida hace unos meses apuntaba a Panamá como uno de los principales destinos de ese dinero sin declarar. Todavía estos días se podía leer un anuncio en Google en donde una firma de abogados invitaba a los «inversionistas» a depositar su dinero con total «tranquilidad» y «seguridad» en este país centroamericano. En el anuncio, se hacía hincapié en que los bancos panameños ni preguntan la procedencia de la inversión ni, mucho menos, daban datos a cualquier otra institución que quisiera averiguar o investigar ni las cantidades ni su dueño o dueña.
Sin embargo, hace una semana esa tranquilidad y paz social de la que hacía gala Panamá se veía quebrantada tras la muerte de un obrero a manos de la Policía y la consiguiente respuesta sindical. Los obreros paralizaron el país y se enfrentaron a los agentes con todo lo que tenían a mano. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, todo se redujo, desde los grandes medios, a unas protestas de carácter laboral y todos los poderes locales cerraron filas en torno a dos ideas: la imagen y el peligro de las inversiones. A una semana de lo sucedido y ante las negociaciones que el Gobierno y la representación sindical han emprendido, ¿cabe preguntarse si algo se está moviendo en Panamá como para pensar en un cambio de sistema político o económico?
Todo por la inversión
Este país tan atractivo para los «inversionistas» basa su economía en el sector servicios. Eso no es ningún secreto. Bajo ideas neoliberales, el desarrollo se está centrando en la inversión extranjera, siendo la construcción una de sus actividades principales. Poco importa que se construyan hoteles que consuman más energía eléctrica que poblaciones enteras. Es lo mismo que para ello se expulse a los indígenas (o se les compre) de sus tierras para hacer proyectos energéticos que satisfagan la demanda de esos megaproyectos. Como tampoco importa realizar y aprobar leyes que inviten a pensar en la privatización de los recursos hídricos, naturales o la venta de playas e islas. Todo sea por la captación de capitales, de inversionistas extranjeros o de jubilados de medio mundo, especialmente norteamericanos.
Panamá es un país de más de tres millones de habitantes, donde el 60% de la banca es extranjera, con un presupuesto del Estado para 2008 de USD 8.321.7 millones (con una proyección de un déficit no mayor del 1% del PIB) y con una proyección de crecimiento para 2008 del 8.5% (la mayor de Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Si a eso le sumamos, por ejemplo, que la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) asegura que en 2006 se construyeron más de 18.200 soluciones habitacionales y más de 25.000 viviendas fueron proyectadas para el 2007, a cualquier economista neoliberal le brillarían los ojos. Máxime si en los últimos 5 años este sector industrial alcanzó niveles de inversión que superan los USD 6.000 millones (USD 2.000 millones en 2007).
Cuando la sociedad ve otra realidad
Panamá se ha convertido en un ejemplo claro de las contradicciones propias del capitalismo. Por un lado, el Gobierno busca la inversión extranjera y habla continuamente de crecimiento económico. Sin embargo, nos encontramos un país a dos velocidades. El 1.5% gana más de USD 1.500 al mes y la mitad de la población no llega a USD 500, convirtiéndose en el segundo país más desigual de Latinoamérica.
Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno de Martín Torrijos (hijo del General Omar Torrijos) hace hincapié en las políticas sociales de su Gabinete como «la Red de Oportunidades», programa mediante el cual se les da USD 35 al mes en vales para la adquisición de productos a personas con escasos recursos con la condición de que sus hijos e hijas vayan a la escuela y cumplan con los planes médicos y de vacunación, entre otros aspectos, nos encontramos con un índice de pobreza superior al 40% de la población.
A pesar de que el Gobierno del PRD (partido adscrito a la Internacional Socialista) asegure que casi el 50% del presupuesto se va a destinar al sector social o que la CAPAC diga que con el actual desarrollo de la construcción 180.000 personas se han visto beneficiadas, la población percibe otra realidad: deficiente e ineficiente sistema público de salud donde en muchas ocasiones no hay medicinas o instrumentos; problemas de acceso al agua para muchas comunidades; lugares en donde no llega la luz eléctrica; falta de seguridad producto de la desesperanza; mal transporte público que hace tener que levantarse a muchas personas para ir a trabajar a las 4 de la mañana; o la bajada del poder adquisitivo de las clases populares debido al alza de los productos de la canasta básica.
Pero, sobre todo, perciben un país para los ricos y otro país para los pobres, donde poder político y económico se dan la mano (todos los líderes actuales de la oposición y diferentes miembros del Gobierno tienen fortunas o son dueños de grandes emporios financieros), con un insoportable clientelismo y una justicia que condena dependiendo del extracto social al que pertenezcas. No lo invento yo, sólo hay que mirar las encuestas y los estudios que una y otra vez publican diversos organismos nacionales e internacionales. La desigualdad en el acceso a los recursos de todo tipo es una de las denuncias principales.
El Gobierno y la oposición, títeres de un sistema neoliberal
Los modelos denominados «democráticos» en las actuales economías de mercado suelen hacer hincapié en que el Estado no debe participar en la economía. No se olvide que el liberalismo sólo defiende la intervención del Estado para asegurar el orden, la propiedad privada y las leyes, mas no en economía. Incluso, se ha logrado reducir el papel del Gobierno a un mero intermediario, en ocasiones, de los actores productivos.
¿Cuántas veces los gobiernos no han besado el capital y han accedido a las continuas peticiones de rebajas en derechos laborales con el pretexto de las crisis estructurales o la falta de competencia? ¿En cuántas ocasiones estos gobiernos «democráticos» no han abandonado a la clase obrera en sus luchas y temores?
Es ahí en donde el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) de Panamá libra su batalla con el Gobierno. Que el SUNTRACS pidiera una ambulancia, un médico y una clínica por cada obra es lo de menos, más con los millonarios beneficios que se mueven en esos proyectos de construcción.
Lo más difícil de aceptar es que un Gobierno no le de prioridad absoluta a este tema o se escude en procesos burocráticos o en escasez de recursos cuando constantemente se está hablando de crecimiento económico. ¿Hasta dónde ha llegado la democracia para que un empresario no se sienta lo suficientemente «amenazado» como para no tomarse en serio el problema de la seguridad? ¿Cómo es posible que un Gobierno insista en ser árbitro cuando debiera ser juez de una situación que está matando a decenas de personas en los últimos años? ¿A quién debe proteger el Estado y su Gobierno, la vida del trabajador o al capital?
Y si es verdad, como denuncia el SUNTRACS, que miembros del partido gobernante forman parte, a la vez, del gremio empresarial de la construcción ¿de qué democracia estamos hablando?
¿Las protestas de los obreros de la construcción eran sólo por un tema laboral?
No. El SUNTRACS, el mayor sindicato del país con 70.000 afiliados, es un sindicato de clase encuadrado en todos aquellos movimientos u organizaciones antiglobalización o alterglobalistas que llevan por slogan lo de Otro Mundo es Posible. Apuesta por una alternativa bolivariana para Panamá y el resto del continente y su camino ideológico se mueve alrededor de los parámetros del ALBA.
El SUNTRACS tenía otros puntos en la agenda, como el alto costo de la canasta básica, el aumento de los salarios y los «abusos, atropellos, injusticias e impunidad de parte de los sectores políticos y económicos que detentan el poder. Estos grupos privilegiados vienen ejecutando un conjunto de políticas que condenan al hambre y la miseria a vastos sectores de la sociedad e imponen un conjunto de proyectos «turísticos», hidroeléctricos y mineros, que atentan contra el ecosistema y la vida de numerosas comunidades campesinas e indígenas».
El sindicato de la construcción lo que venía a denunciar, por tanto, era la violencia estructural y el modelo político-económico. Un modelo que, por otra parte, permite que empresarios acaudalados llamen la atención al Gobierno, a través de sus organizaciones de presión, por la subida del salario mínimo en USD 30 al mes, insuficiente ante la constante subida de precios. Ahora el salario mínimo ha quedado, dependiendo de algunos factores, entorno a los 325$ mensuales.
¿Existe el sicariato en Panamá?
Es una de las preguntas y dudas que el SUNTRACS ha logrado insertar en la sociedad. Tan sólo un día después de que el sindicato obrero denunciara la existencia de planes para eliminar físicamente a sus dirigentes, uno de ellos, Iromi Smith, era asesinado de un tiro en la espalda por un Policía en un Hospital durante una jornada de protestas. Una actuación policial que fue grabada por las cámaras de televisión y en donde se vio a varios agentes patear a personas que estaban en el suelo o de rodillas.
En agosto ya les había tocado a Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles. Al primero lo mata de un disparo un miembro de un sindicato al servicio de la empresa ODEBRECHT (concesionaria de importantes obras de infraestructura en el país) delante de la Policía. Se da la circunstancia que los miembros de ese mismo sindicato no dejaron pasar en días anteriores al propio Director Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que inspeccionara las obras ante las diferentes denuncias que el SUNTRACS venía realizando.
El funcionario público se cansó de solicitar a los policías que allí había que le protegieran para poder entrar en las instalaciones. No le hicieron caso. Todo esto salió en televisión y está grabado. ¿Cómo es posible que una empresa sea aún más poderosa que un funcionario público en sus funciones de evaluación de las obras? Más aún, ¿cómo el Gobierno sigue admitiendo que esta empresa siga realizando obras en el país?
El caso de Luiyi Argüelles se da en Isla Viveros dos días después. Tras días de incidentes entre obreros del SUNTRACS, quienes reclaman diferentes derechos y condiciones laborales, y miembros de otro «sindicato», un Policía le arrebata al otro el arma y dispara contra el miembro del SUNTRACS. Las cámaras de un noticiero local recogieron el momento en el que la Policía escondía en un helicóptero la escopeta con la que se había cometido el crimen, casi en las mismas narices del juez que inspeccionaba el lugar. ¿Es ese el papel de la Policía en una democracia?
A esto se suma el hecho en el que en días posteriores se le acusa y se le abre causa penal al dirigente y cara visible del sindicato, Saúl Méndez, de darle un arma y 500$ a un delincuente (con más de 10 casos pendientes ante la Ley) para que disparase en una manifestación. El delincuente está libre y el líder sindical procesado.
Además, se da la circunstancia de que el Ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, fue un miembro activo de las fuerzas policiales durante la época militar de Noriega y está involucrado, según varios informes, en prácticas poco acordes con la defensa de los derechos humanos (por decirlo de forma suave). Si a esto se le suma la circunstancia de que todos los involucrados en estos crímenes, tanto intelectuales como materiales, están libres. ¿No creen que sea para echarse a temblar? ¿Necesita siempre el capital de estas prácticas mafiosas para garantizar sus beneficios? ¿Dónde y para quién queda la democracia?
El Status Quo siempre tiene sus demonios
La alarma saltaba durante esas jornadas de lucha en Panamá. El Gobierno reunía a una serie de periodistas y dueños de los medios para acusar al Gobierno de Venezuela de estar detrás de todos los disturbios. Pronto, los editoriales, las noticias y las opiniones apuntaron a Chávez. Algunos políticos y líderes empresariales salieron corriendo a pedir «firmeza» y «respeto» para con la soberanía panameña. Lo que no se imaginaron era el posterior ridículo. El Gobierno, a las pocas horas de que los periódicos hicieran pública la reunión «de seguridad», desmentían la existencia de la misma y negaban «categóricamente» que Venezuela tuviera algo que ver. Ya se sabe, «donde dije digo dije Diego». Ver para creer. ¿Qué sucedió entonces para ese repentino cambio de opinión? Nunca lo sabremos.
¿Huele a cambio en Panamá?
No, por el momento. Panamá es un país con una institucionalización del capitalismo muy arraigada. No se olvide que los norteamericanos estuvieron por acá cerca de 100 años con su «american way of life». Además, la democracia panameña está basada en un sistema de partidos políticos controlados por las mismas familias que controlan las diversas actividades económicas del país. Para muchos sectores, todavía decir la palabra «izquierda» supone un temor y rechazo añadido.
De momento, los sindicalistas han decretado una tregua y llevan a cabo un proceso negociador con el Gobierno en la Defensoría del Pueblo, donde han planteado 10 puntos. El Código de Seguridad en el sector de la construcción ya está aprobado. Ha tenido que morir una persona y ser detenidos 1.000 trabajadores (además de los casi 30 muertos por año en el sector) para que esto se diera. Más difícil será la renuncia de las autoridades policiales, «la subida generalizada de salarios, el congelamiento de los precios de productos de primera necesidad, la eliminación de los sindicatos amarillos o el fin de la represión y el terrorismo judicial».
Sin embargo, durante la última semana se han podido ver diferentes contradicciones y miserias del sistema político neoliberal. Se vio la brutalidad policial; el intento de intoxicación y la «alarma» entre el sector político-económico por la «presencia» de Chávez; la comparación de las pérdidas materiales y económicas con la vida de una personal obrero; el apoyo popular, no tanto en los métodos, como en las reivindicaciones de los obreros.
Sobre todo en lo referente a los derechos laborales, la condena de la actuación policial y el asesinato de sindicalistas, así como el rechazo a la militarización de las calles y de la práctica política. También, han sido muchos y muchas los ciudadanos que se han preguntado sobre la utilidad de un Gobierno si no es capaz de «congelar» los precios de aquellos productos de primera necesidad, o lo que es lo mismo, de la intervención del Estado en la economía. Además, junto a las reivindicaciones de estos días, se van colando otras peticiones como el cierre de diversos proyectos energéticos, como los relacionados con la minería a cielo abierto.
Pero sobre todo, han mostrado la imagen de un movimiento popular, en pura gestación, que piensa en la necesidad de un cambio de modelo más democrático, equitativo, solidario, participativo, respetuoso con el medio ambiente y no tan sujeto a los caprichos de las grandes fortunas. En la calle, son muchos los que han pensando por algún momento que los partidos políticos y el poder económico están detrás de los mismos intereses, de los mismos proyectos de «desarrollo» y de los mismos objetivos. Sin embargo, son incapaces de brindarle a amplios sectores de la población las necesidades básicas. Y eso, en estos momentos donde ya empiezan a salir los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo año puede ser muy peligroso para el status quo.
Por el momento, a nivel internacional pocos sabrán que el SUNTRACS ha denunciado durante las protestas la detención de cerca de 1.000 personas; la deportación de un trabajador nicaragüense sin un proceso judicial (a pesar de llevar residiendo en el país 15 años y llevar casado 3 años con una ciudadana panameña) por filmar la actuación policial; la existencia de decenas de heridos; el allanamiento, por parte de la Policía, del domicilio del obrero fallecido, sin orden judicial alguna y mientras sus familiares velaban su cuerpo; la celebración de juicios a centenares de detenidos en cuarteles de la Policía, sin abogado, y con los mismos cargos para todos con una sentencia única; la utilización, por parte de la Policía de un nuevo tipo de perdigón cuya extracción es casi imposible; la persecución policial, sin órdenes de la Fiscalía, de dos de los testigos del asesinato; o los USD 60.000 en multas. ¿Alguien se imagina que esto hubiera ocurrido en alguno de los países del «eje del mal»? ¿Cómo puede ocurrir esto en un país que preside en estos momentos el Consejo de Seguridad de la ONU?
Habrá que ver cómo continua el diálogo entre el Gobierno y el movimiento obrero. Pero algo ha quedado claro estos días en Panamá: Hay un descontento soterrado en un amplio sector social que sólo necesita de una chispa para poner patas arriba todo el sistema institucional. Habrá que ver cómo aquellos sectores sociales más olvidados por la democracia capitalista organizan su rabia. Los colores que presentan los defensores del actual modelo pueden tornarse en negros nubarrones si se sigue construyendo un país y una sociedad a dos velocidades, como quedó demostrado estos días atrás. Aunque lo anuncien en los periódicos y esté libre de impuestos.
* Juan José Rodríguez Rey es consultor de comunicación, politólogo y analista internacional