Los ejércitos ocupantes han sido buenos maestros de cómo convertir la guerra en negocio
La OTAN investiga la posible colusión entre empresas militares privadas vinculadas al presidente afgano, Hamid Karzai, y los talibanes. Estas empresas habrían financiado a jefes talibanes para que intensificaran algunos de sus ataques contra las fuerzas multinacionales, informa The New York Times. Ese escenario de violencia incrementaría las posibilidades de renovación de contratos para proteger a los mandos militares de la OTAN.
La investigación desmiente el informe que publicó la Misión de Naciones Unidas para Afganistán con datos de la ISAF (la fuerza multinacional bajo el mando de la OTAN). El informe señalaba a los talibanes como culpables del 70% de las muertes civiles por coches bomba y ataques suicidas. Pero no tomaba en cuenta los bombardeos desde aviones no tripulados ni la responsabilidad de la OTAN por contratar a empresas afganas que siembran el caos porque lo necesitan para garantizar su nicho de trabajo y el enriquecimiento de la familia del presidente Karzai, considerado por muchos una marioneta de Estados Unidos.
Una confirmación de que los talibanes financian sus ataques con dinero de los presupuestos de la OTAN podría tener repercusiones en el futuro de la ocupación extranjera en Afganistán. Si los ciudadanos españoles y del resto de los países de la OTAN comprobaran que parte de sus impuestos acaban en manos talibanas, quedaría cuestionado el control civil de lo militar al que se refería Obama y que ha utilizado para justificar la destitución de Stanley McChrystal, comandante estadounidense al frente de las fuerzas internacionales.
La incursión de grupos de presión a favor de empresas militares privadas en las decisiones del Gobierno estadounidense ha vulnerado ese principio desde hace más de diez años. El Secretario de Estado y más tarde de Defensa, Donald Rumsfeld, aprovecharía el fin de la Guerra Fría para encoger las fuerzas armadas de Estados Unidos, privatizar gran parte de la actividad militar por medio de contratos y así poder «afrontar nuevas amenazas».
El escándalo de las empresas vinculadas a la familia del presidente afgano ni siquiera alcanza las dimensiones de los problemas que plantean los mercenarios de empresas estadounidenses. Cada vez son más conocidos en los medios de comunicación nombres como Blackwater (ahora Xe Services tras una campaña de marketing y de limpieza de imagen), Aegis, DynCorp, etc., implicados en casos de tortura, empleo excesivo de la fuerza, ataques indiscriminados contra la población civil e insubordinación.
El origen de la estrategia fallida en Afganistán radica en haber llamado «ataque armado» al ataque terrorista del 11-S y en haber denominado legítima defensa a la instrumentalización del Consejo de Seguridad y de la OTAN para justificar una política de ocupación. Las tropas están desmoralizadas y cada vez entienden menos la relación entre un ataque terrorista de hace nueve años y una campaña militar que no parece tener fin.
El incremento en la seguridad que busca la OTAN para sus tropas intensifica la espiral de violencia y expone cada vez más a la población civil. El Pentágono mostraba optimismo por unas inmensas reservas de litio, oro, cobalto y otros minerales que se conocían de antemano y que explican la ocupación. La extracción de materias primas podrá amortizar la presencia militar, pero no mejorar por sí sola la vida de los afganos.
Ante las acusaciones de la OTAN, los talibanes han insistido en atribuir la responsabilidad a la fuerza multinacional. A pesar de las muertes civiles, los talibanes han anunciado que intensificarán los ataques contra los ocupantes hasta convencer a la población civil de que el peligro radica en la presencia militar extranjera.
Refugiarse en zonas pobladas para «ganarse a los civiles» ante la determinación de los talibanes no es un error, sino un acto de temeridad y de irresponsabilidad hacia el pueblo afgano. La fuerza multinacional atenta contra su libre determinación, consagrado como principio de derecho imperativo para todos los Estados.
Queda en manos de los ciudadanos exigir a sus políticos la retirada de las tropas de una guerra sin sentido y ejercer así un control civil de lo militar del que presumen las «democracias avanzadas». Queda en manos de los medios de comunicación advertir a los gobiernos contra la utilización de empresas que se sirven de la violencia para hacer negocio para hacer frente a sus problemas de violencia interna.
Carlos Miguélez Monroy es periodista y coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS).
Fuente: http://www.elcorresponsal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5707
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