Desde el golpe de Estado de 2021 y finales de abril de este año, las fuerzas de seguridad del régimen de Myanmar y milicias afiliadas han sido responsables de más del 70% de los casi 2.000 incidentes (entre los que se incluyen ataques, redadas, detenciones y otras operaciones de seguridad) dirigidos contra centros sanitarios en todo el país, según análisis realizado por The Irrawaddy a partir de datos brutos recopilados por Insecurity Insight.
Las conclusiones de The Irrawaddy se basan en las estadísticas publicadas el martes en el informe «Ataques contra la atención sanitaria en Myanmar», elaborado por la organización de investigación humanitaria y análisis de datos con sede en Suiza.
Las interrupciones en la atención sanitaria se debieron principalmente a bombardeos aéreos y terrestres, que causaron daños en los centros de salud y provocaron la muerte de personal, así como a redadas y detenciones.
Según Insecurity Insight, al menos 173 trabajadores sanitarios fueron asesinados y otros 930 detenidos durante ese periodo, además de denunciarse más de 500 casos de daños a centros de salud.
El análisis de los datos brutos realizado por The Irrawaddy revela que el 30% restante de ataques y otras perturbaciones fueron perpetrados por una combinación de grupos, entre los que se incluyen organizaciones armadas de las minorías étnicas, unidades de la Fuerza de Defensa Popular, delincuentes y actores armados no identificados.
El personal sanitario de Myanmar salió a las calles dos días después del golpe de Estado de febrero de 2021, manifestando su negativa a trabajar bajo el régimen militar, en lo que más tarde se conoció como el Movimiento de Desobediencia Civil (o CDM, por sus siglas en inglés).
La Red Médica CDM informó de que unos 6.000 profesionales de la sanidad se sumaron al movimiento en los primeros días tras el golpe, lo que provocó el colapso del sistema sanitario de la junta militar.
En consecuencia, el régimen de Myanmar ha llevado a cabo una brutal represión contra el personal sanitario en huelga, deteniendo arbitrariamente a muchos profesionales bajo acusaciones falsas, realizando también redadas y cierres de centros de salud. Esto ha llevado a muchas de estas personas a unirse a la resistencia armada como trabajadores de la sanidad.
El personal sanitario del CDM está trabajando en centros de salud y clínicas en los territorios controlados por la resistencia, garantizando que las comunidades locales sigan teniendo acceso a la sanidad.
Según un informe de 2025 llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad del Gobierno paralelo de Unidad Nacional, en los cuatro años anteriores se crearon 106 hospitales, 808 clínicas y 192 clínicas móviles, servicios atendidos por 5.038 profesionales en 190 municipios. Hay también numeroso personal sanitario operando de forma independiente.
El régimen militar ha respondido con violencia, principalmente mediante ataques aéreos contra hospitales y clínicas en zonas controladas por la resistencia.
El Gobierno de Unidad Nacional afirmó que los ataques del régimen interrumpieron la prestación de asistencia sanitaria y supusieron una amenaza para la vida del personal.
«La mayor amenaza son los ataques aéreos que, en estos momentos, se producen casi a diario», declaró a The Irrawaddy un médico del CDM que trabaja en la localidad controlada por la resistencia de Mindat, en el estado Chin. «En el pasado, he sobrevivido a dos ataques aéreos [del régimen] contra mis hospitales».
Y añadió: «Ellos [las fuerzas del régimen] no quieren que curemos a la gente. Por eso nos atacan».
El régimen militar ha bombardeado deliberadamente hospitales situados en zonas controladas por las organizaciones armadas de las minorías étnicas.
El pasado diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos, bombardeó el hospital de Mrauk-U, situado en una zona del estado Rakhine controlada por el Ejército de Arakan, causando la muerte a 33 personas e hiriendo a otras 76. Entre las víctimas había menores, personas mayores y pacientes.
El grupo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos condenó el ataque calificándolo de crimen de guerra y acusó a la junta militar de llevar a cabo una campaña sistemática de violencia contra la población civil.
«El régimen ataca deliberadamente objetivos civiles, incluidos centros sanitarios, como estrategia para infundir miedo provocando más muertes», declaró a The Irrawaddy el capitán Zin Yaw, un oficial militar que se unió al CDM.
Añadió que el régimen considera que los centros sanitarios son un pilar importante del movimiento de resistencia y cree que combatientes de la resistencia deben estar presentes en ellos, ya que las propias fuerzas de la junta militar suelen estar acuarteladas en dichos centros.
Las organizaciones de derechos humanos, en una declaración conjunta emitida tras la reciente 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), afirmaron que el régimen de Myanmar sigue ejerciendo violencia indiscriminada contra la población civil y las infraestructuras, y pidieron a los miembros de la ASEAN que cooperen para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad.
Fuente original en inglés: https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-behind-over-70-of-attacks-on-healthcare-since-coup.html