El acceso a la alimentación es un tema que pone en tela de juicio el funcionamiento del gobierno, y un reciente informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) deja en evidencia que en el país no se trabaja lo suficiente para erradicar la desnutrición. El documento del organismo gubernamental destaca […]
El acceso a la alimentación es un tema que pone en tela de juicio el funcionamiento del gobierno, y un reciente informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) deja en evidencia que en el país no se trabaja lo suficiente para erradicar la desnutrición.
El documento del organismo gubernamental destaca que el país tiene «insuficiencias» para solventar la demanda alimenticia de los sectores más vulnerables de la población. Y es que si existen problemas para que las personas gocen plenamente del derecho a la alimentación se sufre de desnutrición.
En ese sentido «El Informe sobre el estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador» indica que la desnutrición global está en un 10.3%, mientras que la crónica en un 18%.
La PDDH no ha sido la única entidad que ha señalado esto, también el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informaron a finales de noviembre que el país no podrá reducir la desnutrición para el 2015, incumpliendo así el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (Erradicar la pobreza extrema y el hambre).
Para el titular de la PDDH, Oscar Luna, las causas de que en el país se viole el derecho a la alimentación son varios, entre los principales está la desigualdad, exclusión y marginalidad social, la pobreza, entre otros.
Las zonas donde se evidencian mayores problemas de alimentación son la norte y las cafetaleras. Para la PDDH uno de los departamentos con mayores índices de desnutrición es el sector cafetalero de Ahuachapán. En un pasado informe de 2003, la Procuraduría señaló que ese departamento sufre de un «grave problema nutricional» y, a cuatro años de ello, lo retoma nuevamente.
La falta de programas estatales preventivos y específicos para erradicar la desnutrición, así como la falta de asistencia técnica y material en la zonas agrícolas por parte de las instituciones responsables son otro de los elementos que abonan para que en el país se tenga desnutrición. «Hay sectores en el país que ni siquiera tienen para una tortilla», destacó el Procurador Luna.
Por su parte, el consultor económico, Alfonso Gotia, dijo que el Gobierno no ha logrado impulsar todavía medidas para «paliar la desnutrición crónica». «El informe de desarrollo humano de la ONU de 2003 criticó a El Salvador por no tener una cantidad de dinero definida para reducir la desnutrición», explicó Goitia.
El pasado viernes la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general de la Nación, el cual asciende a $3 mil 342 millones 734 mil 350. De esa cantidad, $1 mil 395 millones 915 mil es para el área social. Goitia, sin embargo, dijo que esa cantidad es insuficiente para combatir los problemas de desnutrición. «De ese dinero, por lo menos se tiene que incrementar un diez por ciento más para que se pueda hacer algo», acotó el consultor económico.
El informe de la PDDH concluye que la población enfrenta limitaciones de acceso a servicios sociales básicos como el agua, el saneamiento, la salud, la educación, la vivienda; los mismos que influyen a su vez en limitaciones para llevar una vida saludable y productiva e «imposibilitan el cumplimiento del derecho a la alimentación».
Propuestas
Pero no sólo en señalar los culpables se basa el informe de la PDDH, sino que también propone soluciones al problema. Una de ellas es que se concierte la formulación y aprobación de una ley de seguridad de alimentaria y nutricional. La segunda es que se cree un consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional, conformado por varias instituciones estatales y no estatales vinculadas a la materia. Un tercero es promover en el país la aceptación y aplicación del proyecto de código de conducta internacional sobre derecho a «una alimentación adecuada», elaborado por organismos internacionales. Como cuarta propuesta es la realización de una conferencia nacional sobre el Derecho a la Alimentación. La quinta es que El Salvador solicite la visita del relator especial de la Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Alimentación. Y, como sexta, propone una reforma constitucional para que se reconozca y garantice el derecho de una alimentación adecuada.
Este artículo fue publicado en el diario, del cual el autor es redactor habitual