Traducido para Rebelión por Jesús Negro García
A lo largo de los últimos años, hemos tenido un sinnúmero de ejemplos del nexo que une a los políticos, los empleados públicos, el tráfico de armas y el despotismo.
El Sistema británico puede ser un asunto sucio y sórdido. Hace unos dos años, en el último tramo de la administración Brown, que se encontraba en pleno proceso de desmoronamiento, la inmutable codicia de algunos de los barones del Nuevo Laborismo se puso de relieve con penoso detalle. Haciéndose pasar por cabilderos en busca de nuevos talentos, los periodistas del Sunday Times llevaron a los ex-ministros a autoinmolarse en directo. Uno, el ex-miembro del Consejo de Ministros Stephen Byers, protagonista de un estereotipado viraje de trotskista revolucionario a ideólogo blairista; presumió de haber hecho cambios en las políticas del gobierno a instancias de corporaciones como Tesco: era, según su propia y denigrante descripción «un taxi de alquiler» para estas corporaciones.
A su vez, puesto de manifiesto el rango de «taxi» en el que se sitúa la élite gobernante (y no solo por sus desacreditados ex-políticos), se ha pillado a algunos de los más importantes mandamases militares volviendo su mirada a intereses privados. Cogidos, otra vez, por reporteros del Sunday Times, que en esta ocasión se hicieron pasar por fabricantes de armas, generales condecorados presentaban como ofrenda sus conexiones con el gobierno. El antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Lord Dannatt, habló de que podían tratar de buscar apoyo en un alto funcionario del Ministerio de Defensa, del que había sido compañero en la universidad, aunque luego declaró que el Sunday Times había compuesto «un retrato completamente falso». Sin embargo, parece que entre los escalones más altos de la élite británica, las amistades de adolescencia forjadas en los campos de rugby de las universidades públicas pueden proporcionar, más adelante, unas décadas muy lucrativas.
Durante los últimos años, la sórdida codicia de algunos de nuestros gobernantes, y las consecuencias que tiene para el resto de nosotros, ha saltado repetidamente al ojo público. Banqueros que han sumido al mundo en una catástrofe económica; políticos que se exprimen las aportaciones de quienes pagan impuestos, al tiempo que amonestan a quienes hacen pequeñas trampas; medios de comunicación que corrompen la democracia a través de los sucios lazos que les unen a la élite gobernante; oficiales de policía que, presuntamente, han aceptado sobornos de los subalternos de Murdoch; contratistas privados, como G4S, que llenan sus bolsillos a costa del erario público y fracasan en el trabajo que supuestamente tenían que hacer. Ahora, tenemos un sospechoso atisbo de los lazos entre el negocio de las armas y el Estado británico.
Como así lo remarcó la Campaña Contra el Tráfico de Armas (CAAT por sus siglas en inglés), las empresas armamentísticas están más que dispuestas a tener en plantilla a ex-militares: se trata de «un cargo rotatorio», tal y como ellos lo definen. Por ejemplo, Geoff Hoon, antiguo Secretario de Defensa, que, como Byers, fue pillado cuando se iba a vender a los falsos cabilderos en 2010. Cuando pertenecía a la policía militar, una empresa que fabricaba helicópteros militares, Augusta Westland, recibió un encargo por valor de mil millones de libras. La empresa mostró un obvio agradecimiento: una vez fuera del Parlamento, Hoon obtuvo el cargo de Vicepresidente de Negocios Internacionales en la misma.
Forma parte de una lista distinguida. Ann Taylor, antigua ministra subalterna de las fuerzas armadas, fue fichada por la proveedora de armamento Thales a finales de 2010. La empresa formaba parte de un contrato concedido por consorcio gubernamental para fabricar dos portaaviones que, cuando se la reclutó, superaba el presupuesto por la impactante cifra de 1.541 millones de libras. Como ministra, Taylor había tenido numerosos encuentros con Thales, y aunque se la inhabilitó debido a sus relaciones con los lobbys a principios de ese año, sus nuevos patrones no parecieron pasar por alto sus conexiones. O John Reid, el sucesor de Geoff Hoon en Defensa, que se convirtió en Asesor de G4S, uno de los socios del Ministerio de Defensa en Irak. Quizás todos ellos argüirían que entraron en política llevados por un sentido del servicio público y un inocente idealismo, pero el poder político ha sido bastante más propicio para el balance final de sus cuentas bancarias. El solapamiento entre lo más grande y codicioso de las fuerzas militares y las empresas privadas de armamento hacen más que justicia a la etiqueta de «cargo rotatorio». Tan solo unos meses después de abandonar su cargo de alto funcionario en el Ministerio de Defensa en 2005, Kevin Tebbitt pasó a formar parte del consejo de Finmeccanica UK, propietaria de Augusta Westland; ahora es su Presidente. El almirante Sir Alan West abandonó su cargo como Primer Lord del Mar en 2007, para convertirse en el Presidente del Comité Asesor de Defensa de la empresa de tecnología de defensa QinetiQ. El otrora Mariscal en Jefe del Aire Sir Glenn Torpy, rentabiliza felizmente este cargo como
Consejero Principal de la empresa BAE Systems
Otro ejemplo es el que concierne a Sir Sherard Cowper-Coles, antiguo embajador británico en la tiránica dictadura de Arabia Saudí. En 2006, la Oficina de Fraudes Graves se encontraba investigando unos supuestos fondos para sobornos que BAE Systems habría proporcionado a la realeza autócrata Saudí. Se dice que Cowper-Coles tuvo una influencia decisiva sobre Robert Wardle, director de la OFG en aquel momento; dos días después de su encuentro con Cowper-Coles, Wardle dejó su investigación. Desde luego, había mucho en juego para BAE Systems: había ganado 43 mil millones de libras con la venta de armas a los matones de Riyadh y decenas de millardos más estaban pendientes de ser puestos sobre la mesa. ¿Y dónde acabó Cowper-Coles una vez terminada su etapa como servidor público? Pues ocupando un cargo como Director de Negocios Internacionales en BAE System, por supuesto, centrándose principalmente, y como es natural, en el Medio Oriente.
Los vínculos entre el Estado y la industria armamentística no son únicamente personales: las empresas como BAE Systems dependen completamente del patronazgo y financiación del Gobierno y los empleados públicos. Cuando millones de árabes estaban en mitad de una lucha a vida o muerte por la libertad y la democracia a principios de febrero de 2011, David Cameron hizo una gira por Oriente Medio con una serie de traficantes de armas a remolque. El Gobierno británico aprueba rutinariamente la venta de armas a Estados que torturan y asesinan a sus propios ciudadanos, en particular a Pakistán o Arabia Saudí.
Más que poner de relieve una vez más la codicia endémica entre la flor y nata de la sociedad británica, este escándalo debería ayudar a que nos planteemos el mantenimiento de la industria armamentística a costa del Estado. A aquellos que tratan de desafiar dichos vínculos, se les acusa de poner en peligro los puestos de trabajo que crean en el Reino Unido, incluso aunque el número de empleados en defensa haya caído en picado, de medio millón a unos 200 000 desde los primeros 80. Mientras que el Gobierno contribuye con 2.598 millones de libras para la investigación y el desarrollo de armamento, solo aporta 42 millones en lo que a energías renovables se refiere. Hay una importante falta de ingenieros, en particular para el desarrollo de tecnología verde.
Quizás nunca podremos desafiar la posición de las empresas armamentísticas británicas hasta que sus lazos con los dirigentes británicos sean disueltos. De cualquier modo, dediquemos un abucheo a esta codicia vergonzosa. Pero no olvidemos que es solo una parte de la historia. Es hora de acabar con esta intrincada red (políticos y servidores públicos que sirven como puente, traficantes de armas y déspotas asesinos) en su totalidad.