Cuando la ONU decidió poner en su agenda un tratado para regular el comercio internacional de armas en 2006, sus miembros acordaron que la decisión final se adoptaría por «consenso». Eso implicaba una decisión aprobada por los 193 estados que hacen parte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), quizás con «reservas» que podían […]
Cuando la ONU decidió poner en su agenda un tratado para regular el comercio internacional de armas en 2006, sus miembros acordaron que la decisión final se adoptaría por «consenso».
Eso implicaba una decisión aprobada por los 193 estados que hacen parte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), quizás con «reservas» que podían plantear algunos si mantenían dudas sobre el texto.
Pero yendo incluso más atrás, a la década de 1970, cuando se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el concepto de consenso entrañaba asimismo que cada Estado estuviera investido de un virtual poder de veto, una envenenada prerrogativa que ejercen desde hace décadas las cinco potencias con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Entonces, cuando tres países -Corea del Norte, Irán y Siria- quebraron la semana pasada la regla del consenso e impidieron así la adopción del tratado, el veto les rebotó como un bumerán a los cinco grandes, indignados con los tres disidentes que evitaron que 190 estados refrendaran el texto final.
Sin embargo, lo ocurrido no difiere mucho de las múltiples ocasiones en que Estados Unidos, haciendo uso de su veto, ha impedido resoluciones que contaban con mayorías abrumadoras en el Consejo de Seguridad.
«La hipocresía es evidente si consideramos las más de 75 veces que Washington emitió el único voto negativo en el Consejo de Seguridad, bloqueando el consenso con su veto», dijo a IPS el profesor de política Stephen Zunes, jefe de estudios sobre Medio Oriente en la Universidad de San Francisco.
«Puesto que ha habido una gran cantidad de tratados para el control de armas, los derechos humanos y otros temas internacionales exitosamente adoptados por la ONU aun sin consenso, me deja perplejo que este se haya pospuesto, en especial porque los tres países en cuestión son considerados estados renegados por buena parte de la comunidad internacional», agregó Zunes.
Sin embargo, hay una posibilidad inquietante que vale la pena investigar, advirtió.
«Ya que Estados Unidos ha intentado debilitar el tratado y logró varias veces posponer la votación, habría que preguntarse si jugó algún papel en la insistencia de mantener el consenso, de modo de bloquear la adopción echándole la culpa a los tres renegados», abundó Zunes, quien ha escritos obre el Consejo de Seguridad y sus conductas y votos.
Ante el fracaso de la Conferencia Final para el Tratado sobre Comercio de Armas, celebrada entre el 18 y el 28 de marzo, se espera que la Asamblea General de 193 miembros, que decide por mayoría, tome el toro por las astas y lo adopte esta semana.
El proyecto de resolución es auspiciado por más de 64 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y saldrá adelante por mayoría simple.
Washington ha sido uno de los defensores más firmes del consenso en este proceso y ha «justificado esa opción como una forma de proteger los intereses estadounidenses», dijo a IPS la doctora Natalie J. Goldring, alta integrante del programa de Estudios en Seguridad de la Georgetown University.
Incluso la declaración emitida en 2009 por la entonces secretaria de Estado (canciller) Hillary Rodham Clinton, en la que anunciaba el cambio de posición respecto de la administración de George W. Bush (2001-2009) respecto del tratado, ponía énfasis en sostener el consenso.
El problema, según Goldring, es que durante las negociaciones se equiparó consenso con unanimidad, incluso cuando no eran automáticamente equiparables, agregó Goldring, quien representa al Acronym Institute, dedicado al estudio de armamento convencional y comercio de armas, ante la ONU.
Considerar el consenso como si requiriera efectivamente unanimidad equivale a dar poder de veto a los países con las visiones más extremas, apuntó.
La delegación estadounidense insistió en el consenso durante todas las negociaciones, subrayó. Pero, irónicamente, eso fue usado contra los intereses estadounidenses por los llamados escépticos -Corea del Norte, Irán y Siria-, que se opusieron al tratado, indicó.
Incluso si un estricto consenso es un resultado deseable, la ONU debe tener mecanismos para avanzar cuando este resulta imposible. Devolver temas a la Asamblea General es una opción que debería seguirse de forma más coherente que hasta ahora, agregó la experta.
Al concluir la conferencia la semana pasada, la mayoría de los países -incluso Estados Unidos- fueron muy duros contra los tres estados rebeldes.
En referencia a la «hipocresía» de las grandes potencias, Zunes subrayó que ni Francia ni Gran Bretaña han ejercido el veto desde 1989, cuando se unieron a Estados Unidos para impedir dos resoluciones: una contraria a la invasión estadounidense de Panamá y otra contra el bombardeo, también estadounidense, a un avión libio.
En las dos décadas anteriores, París y Londres habían refrendado varios vetos estadounidenses a sanciones contra el régimen segregacionista de Sudáfrica y a otras resoluciones referidas a ese país, Namibia y Rodesia (hoy Zambia y Zimbabwe).
En 1982, Estados Unidos sumó fuerzas con Gran Bretaña para vetar una resolución sobre las islas Malvinas, llamadas Falkland por los británicos, que aún hoy mantienen ese enclave colonial en el Atlántico Sur.
Y desde la crisis del canal de Suez, en 1956, los únicos vetos blandidos por París y Londres, sin Washington, fueron varios referidos al actual Zimbabwe, entre 1963 y 1972, y uno sobre una disputa de Francia con Comoras sobre la isla de Mayotte.
En este caso, «no creo en la teoría conspirativa. La delegación estadounidense dijo que no intentaba impedir el tratado, y esa afirmación parece creíble», dijo Goldring a IPS.
Estados Unidos fue uno de los redactores de la resolución presentada por Kenia para llevar el tema a la Asamblea General, añadió. «No necesitaban llegar tan lejos».
En su opinión, el texto actual del tratado es un excelente punto de partida. «La verdadera prueba será su implementación. Si los proveedores de armas cumplen sus reglas de buena fe, renunciarán a exportar a países con problemas importantes de derechos humanos», dijo.
Incluso lograr que estos temas preocupen más a la hora de tomar decisiones es ya un gran paso adelante, concluyó.