En los últimos 5 años, los países de la vertiente andina de la América del Sur, se han convertido en la sub-región más convulsionada del continente, sin lugar a dudas. Protagonistas centrales de la efervescencia son los movimientos populares, que alcanzan en estos países diversa configuración y envergadura, pero que en todos ellos han ido […]
En los últimos 5 años, los países de la vertiente andina de la América del Sur, se han convertido en la sub-región más convulsionada del continente, sin lugar a dudas. Protagonistas centrales de la efervescencia son los movimientos populares, que alcanzan en estos países diversa configuración y envergadura, pero que en todos ellos han ido adquiriendo mayor fuerza e ingerencia en el desarrollo de los hechos. Desde la resistencia extendida a las políticas neoliberales, los movimientos sociales andinos han ido alcanzando una proyección política nacional cada vez más decisiva y determinante.
Este panorama ha puesto en tensión a las clases dominantes en la sub-región y, a la cabeza de todas ellas, al imperialismo norteamericano. Este último, en particular, advertido del riesgo que la «mancha de aceite bolivariana» se extienda por toda la zona, poniendo en cuestión su hegemonía, ha reordenado sus fuerzas y redefinido su estrategia en cada país y en el conjunto del área, apuntando a desestabilizar los procesos encabezados por los movimientos populares, a dividir a los que aún no consolidan una alternativa política propia y a cooptar, estigmatizar y clientelizar a los que recién parten.
Aislar y derrotar el ejemplo de Venezuela y Bolivia, caricaturizar a sus gobernantes, impedir a toda costa que se produzca una polarización antineoliberal masiva en cada país, poner en crisis los procesos de integración suramericanos, fortalecer la dependencia comercial y financiera de la economía norteamericana, son algunos de los objetivos centrales de las maniobras imperialistas en esta sub-región de América Latina.
La disputa ha sido y sigue siendo muy intensa.
La pelea por el carácter de la integración
En el plano sub-regional y de las relaciones internacionales, las iniciativas han dado cuenta de dos perspectivas distintas. Por un lado, las que privilegian la liberalización comercial y financiera, de corte neoliberal; y por otro, las que se proponen un enfoque más integral, de complementación de fuerzas y esfuerzos para un desarrollo que atienda las necesidades económicas y sociales más básicas de los pueblos.
El triunfo electoral reciente en Colombia y Perú de los candidatos respaldados por las fuerzas neoliberales, Alvaro Uribe y Alan García, favoreció la aprobación parlamentaria en esos países de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Está pendiente, sin embargo, el trámite de su aprobación ahora por el congreso norteamericano; como paso determinante para su entrada en vigor. Como el gobierno de Bush enfrenta en noviembre elecciones para una renovación parcial de ambas cámaras, de incierto pronóstico, una eventual aprobación está postergada cuando menos a junio del 2007. Una victoria del partido demócrata en cualquiera de ellas podría significar el rechazo en definitiva de ambos TLC, en la medida que se refuercen las posiciones proteccionistas.
En Ecuador, las marchas y ocupaciones de caminos del movimiento indígena en abril de este año en contra del TLC con los EEUU y por la expulsión de la Occidental Petroleum Company terminaron por generar el clima político necesario como para que el vacilante gobierno de Alfredo Palacio tomara la determinación de caducar el contrato de la «Oxy» mientras el parlamento modificaba la ley de hidrocarburos, elevando la tasa impositiva en beneficio del estado. Así las cosas, Washington unilateralmente dio por cerrado el proceso, en mayo del 2006, sin haber llegado a acuerdos definitivos entre los equipos negociadores de ambos países. Independientemente del resultado de las elecciones presidenciales, en Ecuador parece del todo improbable que las negociaciones para un TLC con los EEUU puedan restablecerse a corto plazo. Y lo más probable es que queden definitivamente canceladas.
En el plano sub-regional, el resultado de esto fue la fractura en los hechos de la Comunidad Andina de Naciones, al desmontarse las políticas proteccionistas del mercado andino. En estas circunstancias, Venezuela procedió a comunicar su retiro del bloque, al mismo tiempo que su incorporación como miembro pleno del MERCOSUR.
Para cubrir la imagen de su crisis, los miembros de la CAN invitaron entonces a Chile a reintegrarse al pacto, lo que se concretó en estos meses. Lo más significativo que derivó de ello fue la apertura de negociaciones para nuevos TLC, pero esta vez entre Chile y Perú por un lado y Chile y Colombia, por otro; ambos ya concluidos y en punto de ratificación. En definitiva, un afianzamiento de las relaciones comerciales y financieras entre estos países, en el más puro esquema neoliberal.
A partir de ello y por boca del canciller mexicano Luis Derbez, el imperialismo ha esbozado incluso la idea de una «Comunidad del Pacífico», en torno a un eje «México-Colombia-Chile», para articular a toda la vertiente andina de los países latinoamericanos y rivalizar con el eje «Venezuela-Brasil-Argentina» que desde el Atlántico, aspira a ser el núcleo unificador de la región suramericana.
La perspectiva contrapuesta, se hizo presente a través del planteamiento por el nuevo mandatario boliviano, Evo Morales, de los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP). Con ello vino a aportar elementos a la llamada Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), marco en el cual Bolivia suscribió a fines de abril importantes acuerdos con Venezuela y Cuba, no sólo en materia comercial, sino que en una amplia gama de temas económicos, sociales, culturales, políticos, militares, tecnológicos, etc. Un espaldarazo trascendente a esta línea estratégica de integración regional y que fortalece a cada uno de los países involucrados, pero en particular al nuevo gobierno boliviano.
En el plano de los movimientos sociales, en estos meses siguieron realizándose esfuerzos de articulación regional de sus fuerzas: indígenas, migrantes, cristianos, campesinos, redes temáticas de ONGs, movimientos autogestionarios, etc., multiplicaron sus encuentros en distintas ciudades suramericanas; tanto en reuniones de carácter sectorial, como en foros multisectoriales -como las Cumbres de los Pueblos o Foros Sociales. En ellos, va cristalizando una conciencia supranacional de la militancia y van surgiendo iniciativas y propuestas cada vez más concretas que apuntan a levantar una perspectiva de desarrollo nacional y regional alternativa a la del capitalismo neoliberal; que interpela abiertamente los acuerdos y procesos intergubernamentales.
Los procesos de refundación democrática (Venezuela, Bolivia ¿y Ecuador?)
En los ámbitos nacionales, están en primer lugar, los procesos en que el movimiento popular ha logrado entronizar gobiernos que han emprendido una refundación democrática del estado y reformas económicas y sociales de vasto alcance, para atender los problemas más agudos de su población y recuperar un grado de soberanía económica en la conducción del país. Son procesos de impronta revolucionaria, aunque no lleguen por el momento -y quizás no llegarán por un largo período- a romper los marcos del capitalismo de estado.
Es el caso de Venezuela, desde hace ya más de 8 años, en que con el liderazgo de Hugo Chávez, el movimiento popular venezolano ha logrado darse una nueva Constitución y emprender importantes transformaciones. En lo económico se trata de ampliar las bases del crecimiento más allá de la riqueza petrolera controlada por el estado, re-industrializar el país, dar espacio al fortalecimiento del sector de cooperativas y de la pequeña producción popular, avanzar hacia la seguridad alimentaria. En lo social, las «misiones» han sido el mecanismo para avanzar en la resolución de problemas de educación, salud, desarrollo comunitario, seguridad social, etc., pasando por encima del burocratismo del aparato público. El impulso de los Consejos Comunales ha marcado un nuevo paso en la dirección de incentivar la participación y fortalecer la construcción de un poder popular.
Con el viento a favor del precio del petróleo, la economía venezolana ha continuado su ciclo expansivo y el apoyo popular de Chávez se ha extendido desde los sectores más pobres hacia segmentos de las capas medias. Todo lo que hace presagiar una nueva victoria electoral suya en diciembre próximo.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales en corto lapso ha dado dos pasos históricos, decretando la nacionalización de los hidrocarburos e instalando la Asamblea Constituyente; hitos que han abierto procesos de confrontación de intereses que serán decisivos en el curso futuro de los acontecimientos.
A partir del 1º de mayo, se ha abierto un proceso de negociación con las transnacionales que operan en el sector de hidrocarburos y también con el gobierno argentino, a fin de recuperar un mayor margen de ingresos para el estado boliviano y asegurar la continuidad de las inversiones necesarias para un más pleno aprovechamiento de sus recursos gasíferos.
Tras la reciente suscripción de contratos de operación con 10 petroleras extranjeras, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se está centrando ahora en obtener el 51% de las empresas mixtas Transredes, Chaco y Andina, -donde el Estado posee hoy entre el 34% y el 48% de las acciones-, así como de las privadas Petrobrás-Refinación y la Compañía Logística de Hidrocarburos. Las multinacionales que controlan esas compañías son el grupo British Petroleum, en el caso de Chaco; la española Repsol, en el de Andina; Shell y Ashmore, en Transredes; la cuarta es una filial de Petrobrás y la quinta tiene capitales peruanos y alemanes.
Con Kirchner se logró primero un acuerdo que aumentó el precio del gas que importan los argentinos en un 56 %, a 5 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica). Más recientemente, se pactó avanzar en la integración energética entre ambos países, aumentando los 7,7 millones de m3/diarios de gas que Bolivia bombea a Argentina hasta 27,7 millones de m3/diarios en 2010, con una fórmula para ajustar en adelante la tarifa y una inversión conjunta (YPFB-ENARSA) para materializar un gasoducto del nordeste argentino.
Con Petrobrás no se ha alcanzado acuerdo en relación a dos refinerías, que adquirió en licitación en 1999, las que desea mantener bajo su control o vender la totalidad de sus acciones. Esta controversia derivó el 15 de septiembre pasado en la dimisión del anterior ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada. Con la petrolera brasileña también queda pendiente la negociación para fijar el nuevo precio del gas boliviano exportado a Brasil, que actualmente es de cuatro dólares por millón de BTU.
En cuanto a la Asamblea Constituyente, sus deliberaciones avanzan en medio de la controversia acerca del carácter de la misma, aunque aún no inician el trabajo de elaboración de una nueva Constitución. Mientras el MAS afirma el carácter originario y fundante de sus resoluciones, las fuerzas opositoras intentan limitar aquellas a lo que determinen los poderes actuales del Estado en los que conservan una capacidad eventual de veto.
Algunos componentes comunes de la maniobra desestabilizadora del imperialismo en estos países son, por un lado, el aliento de proyectos de «autonomías» bajo caudillos locales que amenazan con el separatismo de regiones ricas en recursos (Zulia en Venezuela, Santa Cruz y Tarija en Bolivia, Guayaquil, en Ecuador). Por otro lado, la división y enfrentamiento entre distintos sectores sociales populares a partir del ejercicio en provecho propio de partes del aparato del estado, que revive el proceso de descomposición social precedente al triunfo electoral del movimiento popular (choque entre mineros y cooperativistas en Huanuni, Bolivia, por ejemplo). Y en tercer lugar, la acción corruptora y burocrática de elementos enquistados en las instituciones estatales, a falta de un contingente mayor de funcionarios profesionales comprometidos con la ética que debe acompañar la conformación de una nueva institucionalidad.
Complejos desafíos que los movimientos populares de Venezuela y Bolivia están enfrentando, que exigen la ampliación y consolidación de la alianza social y política en cada país, que pueda dar sustento a los proyectos de desarrollo nacional que encaran y a la construcción de nuevos Estados que vayan más allá de la democracia representativa, hacia una verdadera democracia participativa, plurinacional, pluricultural, inclusiva.
El Ecuador enfrenta en estas semanas una coyuntura electoral decisiva. Una victoria de Rafael Correa podría abrir camino a un escenario similar al de Bolivia, con un movimiento popular un poco menos estructurado en lo político, pero con bases sociales que han demostrado una gran fortaleza y capacidad de resistencia organizada en los años anteriores.
El programa de Correa contempla como medidas fundamentales la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la renegociación de los contratos con las transnacionales que operan en el sector de hidrocarburos, al mismo tiempo que caducar el convenio que permite la presencia militar de EEUU en la base de Manta. Una vez más, la victoria dependerá de la unidad de los sectores populares, de la izquierda y de los movimientos sociales, de su capacidad de atraer a las capas medias y de entre todos impedir las maniobras de fraude que en Ecuador podrían reiterarse.
Colombia y Perú: La carta de los populismos autoritarios
En Colombia como en Perú, ante movimientos populares bastante menos estructurados tanto en lo social como en lo político, se impusieron en las recientes elecciones presidenciales los candidatos que contaban con el respaldo imperial, Alvaro Uribe y Alan García. Uno con mayor ventaja que el otro, pero ambos enfrentando por primera vez candidaturas surgidas de una incipiente reagrupación política de los movimientos populares y con una oferta programática de gobierno muy similar, a pesar de provenir de fuerzas aparentemente diversas.
Uribe y García encabezan maquinarias políticas corruptas dispuestas a ejercer el clientelismo mezclado con la represión como instrumentos básicos de gobierno. Provistos de un discurso populista y aparentemente respetuoso de las formalidades democráticas, promueven en los hechos un programa ampliamente neoliberal, que refuerza el proceso de financiarización de las economías, da mayores ventajas a la inversión extranjera, profundiza la privatización de los recursos mineros y petroleros y se empeña en la ratificación del TLC por el congreso norteamericano.
Administrando las holguras que dan los altos precios de las materias primas, estos gobiernos las usarán para cooptar y dividir a las fuerzas opositoras, mientras no vacilarán en enfrentar las movilizaciones sociales a punta de represión. Angulo específico de la militarización que ampara una mayor presencia de los EEUU será la continuación del «combate al narcoterrorismo» que ambos mandatarios suscriben. La prórroga del programa de preferencias arancelarias para las economías andinas (APTDEA) se estaría concediendo por un año más, a cambio justamente de seguir endosando la política de criminalización y erradicación de los cultivos de coca que promueve el gobierno de EEUU.
Los desafíos de los movimientos populares en Colombia y Perú pasan en lo inmediato por consolidar su estructuración social y política; que permita ir más allá de la resistencia, a la capacidad de constituirse en alternativas sólidas de gobierno y de poder.
En Colombia, el Polo Democrático Alternativo permitió alcanzar una votación histórica jamás alcanzada por la izquierda en elecciones presidenciales e instalarse como segunda fuerza política. Pero deberá superar las tendencias a la disgregación que surgen de la amplitud de sensibilidades políticas que se han agrupado en su seno; al tiempo que hacer una eficaz labor de oposición parlamentaria. Por otro lado, los movimientos sociales colombianos, que han venido en proceso de articulación y politización creciente, deberán superar el debilitamiento sistemático que les causa la represión paramilitar amparada por el estado.
En Perú, el bloque PNP-UPP, altamente improvisado en las vísperas de la elección presidencial, se quebró poco después de ellas y está por verse si sirve como base para la conformación de una alternativa política sólida del movimiento popular antineoliberal. El liderazgo de Ollanta Humala se presenta más bien precario y la unidad de los movimientos sociales parece ser un proceso más incipiente y complejo. El papel de los pueblos indígenas, de los productores cocaleros y de los campesinos y pobladores afectados por la minería parece tener la mayor relevancia en ese proceso; todavía muy distante de los sectores sociales de los grandes centros urbanos. Una fragmentación social que se reflejó claramente en las mismas elecciones presidenciales y que se repetiría en las próximas elecciones regionales y municipales.
En Chile, el noliberalismo maduro se enfrenta a jóvenes rebeldes
Con el liderazgo de Michelle Bachelet, la Concertación por la Democracia encara el remozamiento político y económico del sistema de dominación neoliberal que se consolidó en Chile en los pasados 17 años.
En lo político, el nuevo gobierno se ha planteado e inaugurado una nueva forma de enfrentar su relación con los movimientos sociales. Se ha llamado a sí mismo, «gobierno ciudadano» y ha alentado medidas y programas de participación social, asumiendo que la falta de ella es un marcado «déficit» del proceso político que siguió al término de la dictadura militar. En lo económico-social, Bachelet se ha propuesto avanzar hacia un «Estado de protección social», que vaya más allá del rol subsidiario que el neoliberalismo prescribe cumpla el Estado con relación a los sectores de extrema pobreza; y que buscaría garantizar un mínimo de estándares sociales básicos para toda la población. Contando para ello con los mayores superávits públicos que jamás han existido en la economía chilena.
Estos elementos de flexibilidad se dan dentro de un diseño gubernamental que en lo medular se mantiene en el marco del neoliberalismo maduro, tanto en lo económico como en lo político. Igualmente, en el plano de las relaciones internacionales y la política exterior, que sigue signada por un economicismo partidario del «libre comercio» y por un alineamiento preferente con las potencias occidentales del norte.
En este contexto, la emergencia de una nueva oleada de movilizaciones sociales durante 2006 ha puesto a prueba la voluntad de cambio del gobierno y mostrado elementos que hablan de la emergencia de un nuevo movimiento popular. En particular, la movilización de los estudiantes secundarios marcó un verdadero hito histórico, al ir más allá de sus reivindicaciones sectoriales e inmediatas y colocar en cuestión el conjunto de la institucionalidad educacional regida por una ley orgánica heredada de la dictadura. La contundencia de su fundamento y la fuerza y masividad de su movilización, no sólo les permitió ampliar notablemente el respaldo social y político a sus demandas, sino que -por primera vez en 17 años- imponer «desde abajo» un debate sustantivo en la agenda gubernamental, como paso inmediato a una reforma del sistema educacional.
Tal movilización ha instalado un nuevo piso para la lucha y la organización de los más amplios sectores sociales y ciudadanos que aspiran a un Chile no regido por la pautas neoliberales. Los desafíos que habrá que vencer este «proceso de parto», sin embargo no son menores y ya es posible advertirlos.
Desde las fuerzas políticas del sistema las maniobras para abortarlo y revertirlo han sido muy claras. En el caso de la movilización de los estudiantes secundarios, una vez que fracasaron los intentos iniciales por desprestigiarla -primero- y disminuir su importancia -luego- acogiendo parcialmente sus exigencias menores, se optó por intentar canalizarla a través de un «debate institucionalizado» y reprimir cualquier intento de presionar un resultado del mismo ajeno al de las esferas del poder político. En las que la correlación de fuerzas hace presagiar que a lo sumo se dará paso a cambios de gestión y no estructurales en el sistema educacional y su institucionalidad. Más ampliamente, se trata de impedir que vaya estructurándose y consolidándose una amplia alianza social y política popular que en éste y otros planos sustantivos del país empiece a incidir en su curso histórico.
Con todo, estas movilizaciones muestran que también en Chile, las clases dominantes empiezan a topar con un sujeto popular que empieza a constituirse. América del Sur está en ebullición en todos sus rincones.